Bruselas exige de nuevo a España que acabe con las “condiciones discriminatorias” de los interinos del sector público

Nuevo choque entre España y las instituciones europeas a cuenta de las condiciones laborales de los trabajadores temporales de la admininstración pública. Esta vez es por “discriminaciones contrarias al derecho de la UE” entre los empleados públicos con plaza fija y los interinos. Y, por eso, la Comisión Europea reabre un expediente que mantiene abierto desde hace ya 10 años y que había suspendido porque España había cambiado la norma, pero “los problemas de discriminación persisten”. Esto lleva al Ejecutivo de la Unión a retomar el procedimiento de infracción y darle al Gobierno dos meses de plazos para resolver la situación o justificar que la diferencia de trato responde a “razones objetivas”. Si no lo hace, Bruselas continuará adelante con un expediente que puede acabar con el Estado español ante la justicia europea.

La lista de desencuentros que tiene España con las instituciones europeas por las diferentes condiciones laborales de los trabajadores temporales del sector público o por cómo se castiga el abuso de la temporalidad por la Administración añade este jueves otro capítulo. Las normas europeas no distinguen entre empleados del sector privado y del sector público y, además, dentro de este último tampoco lo hacen entre personal laboral contratado y funcionarios (sujetos estos últimos a un estatuto propio). España sí que lo hace y eso da pie a diferencias en condiciones laborales. Los choques más estruendosos se han visto en el Tribunal de Justicia de la UE, pero no solo han tenido este escenario.

El que se ha reabierto este jueves se desarrolla dentro de los llamados procedimientos de infracción, un mecanismo que tiene el Ejecutivo de la Unión para abrir expediente al Estado miembro que aprueba normas que no respetan la legislación comunitaria o no la traspone debidamente y que también puede acabar en una denuncia ante la justicia europea. Se trata de un expediente que se abrió en 2014, siendo comisaria de Empleo la belga Marianne Thyssen, porque España no contabilizaba los periodos de interinidad de los funcionarios a la hora de calcular los incrementos salariales (trienios y sexenios) ni en los ascensos y no solo para los que todavía eran interinos, que no tenían acceso a la misma carrera profesional que los fijos, tampoco lo contaba para quienes habían obtenido una plaza fija siendo antes temporales.

España trató de que la Comisión entendiera que la diferencia de trato que había entre quienes son funcionarios fijos y los interinos estaba justificadas por razones objetivas, como no pertenecer a la misma categoría o que unos tenían un vínculo permanente con el empleador (la Administración) y otros solo temporal. Pero para el Ejecutivo europeo estos argumentos no fueron válidos y acabó abriendo el expediente porque “la legislación española contiene condiciones de empleo menos favorables (como los derechos de vacaciones) para los empleados con contrato de duración determinada que trabajen en el sector público español en comparación con los empleados fijos”.

La notificación conocida este jueves admite que el Gobierno español ha hecho reformas para corregir esta situación, pero también se deduce que estas no han sido suficientes: “La segunda carta de emplazamiento adicional aborda las diferencias de trato en relación con el cálculo de la antigüedad, el derecho a algunos tipos de permisos o el acceso a las trayectorias profesionales”, explica el comunicado emitido por la Comisión, que da ahora dos meses “para subsanar las deficiencias señaladas”. .

De no hacerlo, “la Comisión podría decidir enviar una opinión razonada”. Este es un paso previsto en los procedimientos por infracción de la normativa comunitaria y supondría llevar el conflicto un poco más allá. El envío de la carta informativa es la primera fase, y supone una especie de aviso. La opinión razonada supone ya una petición formal para que un Estado cambie su legislación, normalmente con un plazo que es también de dos meses. El siguiente ya sería enviar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

Este no es precisamente ajeno a la problemática de España con sus trabajadores temporales. Aunque por otro motivo: el encadenamiento abusivo de contratos. El tribunal con sede en Estrasburgo ha examinado esta cuestión en varias ocasiones. La última en que lo hizo, el mes pasado, fue para pedir a España que haga a esos trabajadores indefinidos, aunque no se conviertan necesariamente en funcionarios. Uno de los casos examinados se refería a un trabajador que llevaba 30 años encadenando contratos con la Administración.

Pero el expediente al que hace referencia ahora la Comisión no tiene que ver con ese abuso de temporalidad, un asunto que también preocupa en Bruselas, sino a las diferencias en las condiciones laborales. El envío de la carta ha sido comunicado junto con muchos otros casos de posibles infracciones de la normativa comunitaria que afectan a todos los Estados miembro.

En el caso de España, se ha informado de posibles sanciones por otros asuntos como las restricciones de la normativa nacional a las los planes de pensiones o por no facultar correctamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para hacer cumplir la Ley europea de servicios digitales, que busca prevenir prácticas abusivas de las grandes plataformas de internet. También por no haber completado la trasposición de la normativa relativa a casos de reestructuraciones bancarias, por no aplicar correctamente el plan de rendimiento y tarificación del Cielo Único Europeo en los servicios de navegación aérea o por incumplir los objetivos de recogida y reciclaje. Todos estos asuntos se refieren a expedientes compartidos por otros países, y usualmente se da el plazo de dos meses para que el Gobierno rinda cuentas ante Bruselas.

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