La Fiscalía investiga la falta de alimentos básicos y presiones a los jóvenes en los pisos de extutelados del Gobierno andaluz

Las presuntas irregularidades en la contratación de la gestión de los pisos de extutelados de la Junta de Andalucía realizadas entre esta administración y la entidad Inserta Andalucía, que denunció en los juzgados la semana pasada la coalición Por Andalucía (el equivalente regional de Sumar), ya estaban siendo investigadas desde junio de 2024 por la Fiscalía de Málaga. El ministerio público recibió entonces otra denuncia de un extrabajador de esa organización en el que, además de cuestionar el supuesto amaño en las licitaciones, se enumeraban otras anomalías como la falta de alimentos y de enseres básicos en esas viviendas, la presión sobre los jóvenes para su inmediata emancipación (y así no seguir en el recurso) o el maltrato hacia los empleados. Esas presuntas malas prácticas en el cumplimiento de los programas para mayores de 18 años del Gobierno andaluz son en las que ha puesto el foco la Inspección de la Consejería de Inclusión Social, Infancia, Familia e Igualdad (de las que dependen), de acuerdo con las fuentes consultadas, y sobre las que pivotan los expedientes sancionadores contra Inserta que se acaban de poner en marcha.

“Desde el primer momento lo que nos pareció más grave era que no llegara comida a los pisos de extutelados”, explica a este diario Pedro González, el extrabajador de Inserta que ha interpuesto la denuncia ante la Fiscalía y que ha ido acumulando buena parte de la documentación en la que se apoya también la demanda de Por Andalucía. Pero la decisión de acudir al ministerio público vino precedida de un tortuoso periplo que incluye advertencias por escrito de esas presuntas anomalías tanto a la organización, como a la propia Junta de Andalucía, a través de instancias provinciales e intermedias, y al Defensor del Pueblo Andaluz, que le han costado la salud—tuvo que ser dado de baja por ansiedad— y su puesto de trabajo: Inserta lo despidió en mayo y lo denunció por la vía penal, un cese que también ha recurrido. “Esta ha sido mi muerte profesional en el sector”, resume las secuelas que le ha dejado su voluntad por garantizar las mejores condiciones de vida a un colectivo extremadamente vulnerable, González, con 17 años de experiencia en la atención a jóvenes y que era coordinador de los 12 pisos de extutelados que la entidad gestiona en la provincia de Málaga.

Las alarmas saltaron en abril de 2023 cuando “Inserta cambió el sistema de compras y necesidades básicas para los usuarios y los alimentos y productos de primera necesidad no llegaban a tiempo”, indica González. Una circunstancia de la que, asegura, los coordinadores de los pisos de extutelados de Málaga informaban semanalmente a la organización. “La situación se volvió insostenible en octubre, cuando el pedido del 28 de agosto todavía no había llegado”, relata. “Queremos que quede constancia del nivel de escasez que hay de productos de primera necesidad y rogamos se dé una respuesta inmediata”, se lee en el correo firmado por todos los trabajados que se remitió a Inserta el 10 de octubre y al que ha podido tener acceso este diario.

La comida siguió sin llegar a tiempo y, en esos meses, González tuvo que darse de baja por un ataque de ansiedad, desbordado porque de los ocho trabajadores que atendían los pisos de Málaga, seis estaban de baja y no habían sido sustituidos por la empresa. En esta situación, es cuando un compañero que trabajaba en otra ONG le alertó de que uno de los extutelados de Inserta había acudido al comedor social. El 13 de diciembre informó de lo ocurrido a través de un correo electrónico al jefe de servicio de protección de menores de Málaga y al responsable del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.

Se inicia aquí la primera toma de contacto con la administración andaluza, que se retomó en marzo de 2024, con otros correos remitidos al coordinador de los programas +18 de la Junta en Málaga y a una jefa de servicio de la Dirección General de Políticas Migratorias, que se presentaron a través del registro y que derivaron en la presentación de una denuncia al Defensor del Pueblo Andaluz. Cuando esta oficina cerró su investigación, dando por buenas las aclaraciones de la administración que, entonces, aseguró que la falta de alimento era algo puntual y que las bajas sin cubrir se habían sustituido, es cuando González remitió esa misma documentación a la Fiscalía en un escrito que se amplió en noviembre.

La Junta tiene varios programas para jóvenes mayores de 18 años que han estado bajo su tutela y que, por motivos de vulnerabilidad, siguen después bajo el manto de la administración hasta los 25, mientras regularizan su situación, aprenden un trabajo o siguen estudiando, con el objetivo de lograr su inserción. Los jóvenes viven en pisos donde reciben las visitas de los trabajadores sociales que supervisan sus itinerarios y les orientan. Los usuarios reciben una asignación para comprar productos frescos y las entidades que los gestionan les proporcionan alimentos imperecederos, productos de limpieza y otros enseres básicos del hogar. Inserta gestiona siete de estos pisos en Málaga y ocho en Granda dentro del programa JEM, los que han sido investigados por la Inspección de la Consejería de Inclusión, en los que residen 90 personas (seis por vivienda), según los datos facilitados por Francisco Lupiáñez, responsable de la entidad.

A principios de octubre González mantuvo una reunión con la consejera de Inclusión, Loles López, y su número dos, donde se acordó que sería la Inspección quien debía investigar las irregularidades que había denunciado. Antes habían podido escuchar el testimonio de Arlyn Correa, de 26 años, ex vicepresidenta del Consejo Andaluz de la Juventud, antigua trabajadora de Inserta y compañera de González, pero, sobre todo, antigua extutelada. Ella conoce la sensación de desamparo y fragilidad en la que viven estos jóvenes y el recelo con el que reciben cualquier gesto, acostumbrados a que la sociedad y las administraciones les muestren su lado más hostil.

“Para pasar hambre, preferí irme a la calle”

“Si yo hubiera testado en uno de los pisos de Inserta jamás hubiera podido estudiar una carrera”, explica Correa, para quien, tal como relató a la consejera, además de la falta de comida, lo más duro fue constatar cómo desde la entidad se alentaba a los jóvenes a que se incorporaran de inmediato a trabajar. “En cuanto ahorran unos meses, se les insta a que se emancipen, sin asegurarse si están preparados, o sin dar prioridad a quienes se encuentran en medio de un itinerario formativo”, explica, aunque destaca la labor de sus compañeros y que esa forma de actuar es una excepción. “Si puedo hacer algo por los extutelados, lo voy a hacer siempre”, deja claro Correa.

M., extutelado de 20 años y que este mismo lunes tuvo a su primer hijo, sufrió esta situación en primera persona. “No teníamos lo básico y las tarjetas monedero que nos daban para comprar carne fresca o no tenían saldo o no era suficiente para una compra de seis personas”. Él relató esta situación ante el servicio de menores y cuando Inserta tuvo conocimiento, asegura que lo amenazaron con abandonar el recurso. “Para pasar hambre, preferí irme a la calle”, cuenta. “La Junta no puede alegar ante el Defensor que ningún usuario denunció irregularidades, porque sí lo hicieron “, indica un trabajador social de otra ONG que acompañó a otro joven a relatar hechos similares a los que vivió M. ante su unidad de menores en invierno de 2024.

Por Andalucía ha hecho hincapié únicamente en las presuntas irregularidades administrativas, que González también incluye en su denuncia ante la Fiscalía. “Creemos que es una corrupción de libro”, afirmó su portavoz, Inma Nieto, el pasado jueves. La formación acusa al Gobierno de Juan Manuel Moreno y a Inserta de amañar supuestamente los pliegos de licitación de los contratos. Sostienen que la entidad presentó en su oferta la subrogación de 14 trabajadores a jornada completa, presentando a ocho trabajadores a jornada completa, cuando solo dispone de tres.

La consejera ha negado cualquier tipo de irregularidad en la adjudicación de esos contratos y ha asegurado que fue la Junta la que animó a González a llevar su denuncia ante la Inspección -pese a que había presentado sus quejas hasta en dos ocasiones anteriores siguiendo los canales que sus interlocutores le dieron en ese momento-. Fruto de esa inspección, que se inició el 20 de noviembre, se han abierto sendos expedientes sancionadores sobre la actividad de Inserta en Granada y Málaga. Fuentes de la Consejería indican que las irregularidades detectadas están relacionadas con las carencias en la prestación de alimentos apuntadas por González.

Lupiáñez, el dueño de Inserta, está a la espera de conocer la sanción, tal y como reconoce en una conversación mantenida con este diario. Como la Junta, niega irregularidades en el proceso de licitación; y sobre la falta de alimentos insiste en que “es algo puntual”. “Llevamos desde 2009 prestando este tipo de servicios y esto nos causa un daño enorme en nuestra reputación”, sostiene. En el comunicado sobre las denuncias que han colgado en su página web apuntan a una “venganza” de González, como el origen de todo. “Podrán señalarme, pero la Junta les ha abierto expediente sancionador, la acusación no se sostiene”, indica.