Empresarios de la Dependencia piden un Ministerio de Mayores

La patronal de la dependencia pide la creación de un Ministerio de Personas Mayores que esté dotado con el 2% del PIB, "la media europea", y no con el 0,54% que actualmente se invierte en el sistema, según cálculos del Círculo Empresarial de Atención a Personas (Ceaps), que aglutina a 1.800 entidades que trabajan en el sector. "En 2051, el 30% de la población tendrá más de 65 años", ha explicado este jueves en Madrid la presidenta, Cinta Pascual, durante la presentación de un informe en el que se analiza "el caos" de la atención a la dependencia y las diferencias entre las comunidades autónomas.

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La asociación de empresas del sector ha elaborado una "ruta del caos", un mapa de las comunidades autónomas que mejor funcionan en las distintas fases del proceso. "No hay ninguna que sea una referencia. Podemos coger trocitos de cada una para armar un sistema adecuado", ha explicado Pascual. "Para ser valorado, váyase a Andalucía. Después, una vez reconocido con alguno de los grados, vaya a Castilla y León si quiere una prestación. En Navarra tiene más posibilidades de conseguir la ayuda por cuidados en el entorno familiar. En Extremadura o Andalucía, servicios como ayuda a domicilio. Si quiere una plaza en una residencia, lo mejor es estar en Castilla y León. Si quiere un centro de día, Madrid o Cantabria. A Canarias y a Cataluña mejor no ir ni de vacaciones", ha afirmado Aitor Pérez, de Gerokon, la consultora que ha elaborado el informe para Ceaps. 

Este "caos" se materializa, según el estudio, en que unas 250.000 personas están en lista de espera para obtener la prestación o servicio a la que tienen derecho y en que más de 400.000 del millón de dependientes atendidos reciben una prestación económica por cuidados en el entorno familiar. La ley contemplaba esta medida como "excepcional", pero en ocho comunidades la reciben más del 50% de los beneficiarios —en Navarra llegan a ser el 72%, según el informe—. 

"Hacen falta medidas urgentes ahora, no tendrá arreglo cuando se incorporen al sistema los usuarios de la generación del baby boom", ha dicho la presidenta de Ceaps. Por ello propone la creación de un Ministerio de Personas Mayores que homologue y dé directrices claras a las comunidades, que deberán también tener sus consejerías especializadas, dado que las autonomías ostentan la competencia en la materia. "Debemos empoderar a los mayores", ha dicho Pascual, quien ha insistido en la importancia de que el departamento cuente con una dotación económica adecuada, "al nivel de la media europea". "Ese 2% del PIB debe invertirse en envejecimiento activo, prevención y en el sistema de la dependencia, también en investigación", ha añadido. 

La asociación pide que se aumenten y mejoren los conciertos de plazas en residencias, "adecuándose a los costes reales". "Ahora mismo hay comunidades que necesitan camas, es cierto, pero también hay plazas privadas libres en lugares con lista de espera. Que se concierten", ha pedido Pascual. El estudio propone que el sistema ponga al usuario "en el centro", "dándole la oportunidad de decidir" a qué servicio recurrir. Por ello, solicita que se potencie la prestación económica vinculada al servicio, que está recogida en la Ley de Dependencia y que consiste en otorgar una cantidad para contratar algún servicio o prestación y que el usuario ponga de su bolsillo el resto hasta pagar el coste real del servicio.

Según Ceaps, este es "el mejor ejercicio de libertad de elección para las personas dependientes y sus familias" y permitiría descongestionar la lista de espera y agilizar el sistema. No obstante, la asociación reconoce que hoy en día no es aplicable para quienes cuentan con menos ingresos, "salvo que se incrementen los límites legales establecidos". Los críticos con esta iniciativa alertan de que esto puede derivar en una vía de asistencia para aquellos que tienen recursos y otra asistencial para quienes no los tienen. 

Según los cálculos de Ceaps, en España hay 366.217 plazas en 5.375 residencias, 1.530 de titularidad pública y 3.845, privada. Sin embargo, la asociación apunta que el 76,5% de las plazas del país son de financiación pública, bien porque se prestan directamente por la Administración, en centros públicos, o porque se conceden mediante concurso, concesión o una prestación económica vinculada al servicio. La asociación reclama un sistema de evaluación que tenga en cuenta la opinión de los usuarios. 

El estudio aboga por que la persona en situación de dependencia esté en casa el mayor tiempo posible —"normalmente llegan a las residencias superados los 80 años y, una vez en el centro, la vida media es de dos años", ha apuntado Pérez—. Para ello, quiere que se potencien recursos como la teleasistencia —estima que hay unos 900.000 usuarios en España, 220.000 de ellos amparados por la Ley de Dependencia—, la ayuda a domicilio —más de 400.000 beneficiarios, 240.000 de ellos amparados por la Ley— y los centros de día —unos 94.000 usuarios—.

La presidenta de Ceaps ha insistido en que se potencie la coordinación sociosanitaria, de tal forma que exista una historia única compartida por cada dependiente, en que las personas proyecten su propio envejecimiento y decidan cómo ser cuidadas y en que haya flexibilidad. "Si la vida media en una residencia es de dos años, no tiene sentido que, si una persona empeora, tenga que solicitar una nueva valoración y esperar a que se la concedan para poder acceder a ello", ha dicho Pascual. Para ella, un aspecto fundamental es la financiación. "Vemos las horquillas [lo que pagan las Administraciones por una plaza para un dependiente con grado dos va desde los 43,69 euros al día en Asturias hasta los casi 90 en Álava], detrás de ellas hay servicios y personas que trabajan. Si queremos mejorar sueldos y ratios, tenemos que poner dinero encima de la mesa. Sin falta. Es el momento de priorizar la dependencia".