España suspende en dependencia: el sistema se ralentiza

El sistema de la dependencia ha sufrido un parón en España. Se ralentiza. En 2019 aumentó la lista de espera, algo que solo había ocurrido en dos momentos con anterioridad, mientras se iba desplegando la ley. La primera vez, cuando en 2010 se incorporaron al sistema los dependientes de grado dos —de los tres que hay— y en 2015, cuando se sumaron los de grado uno. Pero el año pasado hubo incremento de casi 20.000 personas sin que se diera una circunstancia similar. La lista de espera roza las 270.000 personas, a las que hay que añadir más de 159.000 que aguardan a ser valoradas, 30.000 más que el año anterior. Además, pese a que aumentaron los beneficiarios, se redujo el ritmo al que ingresaron en el sistema. El año pasado fueron unas 60.000 personas más que en 2018, hasta superar los 1,1 millones. Pero la cifra es un 39% menor que en 2018, cuando la subida fue de 99.000. Este es parte del diagnóstico del XX Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, publicado este lunes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, experta en el sector. Se ahondan las diferencias entre comunidades autónomas, que asumen el peso de la financiación. Aún no se han recuperado el tijeretazo de 2012. En este tiempo, han dejado de recibir más de 3.600 millones de euros. Solo el año pasado el recorte ascendió a 459 millones.

Detrás de las cifras hay gente como Vanesa Fernández. Ella tiene 39 años y es cuidadora. No puede trabajar porque, si no, quién cuida a su padre, de 70 años. Sufre Párkinson. Él está a la espera de que le den plaza en un centro de día, o que le concedan ayuda a domicilio. En 2017 presentó la solicitud. Resolución: grado uno, moderado. Pasaron dos años y medio desde que pidieron la prestación y comenzaron a cobrarla: ella recibe 145 euros al mes por cuidados en el entorno familiar. Por cuidar a su padre las 24 horas al día. “No puedo trabajar en otra cosa. ¿Cómo lo dejo solo? No tengo dinero para pagar a nadie. Tengo que estar pendiente de él, se olvida de la medicación, hay que darle de comer, bañarlo...”, dice su hija. Primero cuidó a su madre, que falleció en 2016. Ahora solo están su padre y ella. El 75% de las cuidadoras son mujeres. “Sumando la pensión de mi padre, tenemos unos 810 euros al mes”, añade esta mujer que vive en San Mateo, un pueblo de unos 7.500 habitantes en Gran Canaria. Después de recibir la resolución, le dio un ictus y empeoró. Tiene que pedir una nueva valoración, y darse de alta en la Seguridad Social porque el Gobierno recuperó recientemente el pago de la cotización a las cuidadoras de dependientes. Pero cuenta que no le da la vida. Mucho que hacer y pocos hombros en los que apoyarse.

Esta es una de las quejas de la Asociación de Directoras y Gerentes, el “disparatado” proceso burocrático: la mayoría de las comunidades encadenan dos procedimientos administrativos. También reclama que se dé preferencia a los dependientes de grado dos y de grado tres, los más graves (más de 113.000 están en lista de espera). Aunque el problema fundamental, insiste, es la financiación. Más bien la falta de ella. Las comunidades autónomas asumen la principal carga y el número de solicitantes va en aumento. El sistema fue incapaz el año pasado de absorber la demanda y la lista de espera aumentó. Con el actual parámetro de gasto público por dependiente atendido, acabar con ella requeriría que la Administración General del Estado invirtiera unos 1.700 millones de euros, según cálculos de la asociación. Una cifra que se acercaría a los 2.000 millones si se incorpora además a quienes están pendientes de valoración. “No hubo presupuestos, no hubo viernes sociales [en referencia a los decretos del Gobierno de Pedro Sánchez cuando estaba en funciones] para la dependencia y ahora parece que tampoco se prevé nada hasta los todavía inciertos presupuestos de 2020”, critica la asociación en una nota.

“Esta situación del sistema se puede agudizar si no se aprueba un decreto urgente con una inyección de 500 millones de euros, los recogidos en las cuentas que se vieron frustradas en 2019”, alerta José Manuel Ramírez, presidente de esta organización. Explica que, si el Ejecutivo espera a la aprobación de los presupuestos de 2020, los fondos no estarán disponibles hasta el último trimestre del año, por lo que no daría tiempo a ejecutarlos durante este ejercicio. “De no haber antes un real decreto que aumente la financiación, no tendrán capacidad para gastar los presupuestos. ¿Podrá soportar el Gobierno que fallezcan más de 30.000 personas dependientes sin recibir las atenciones a las que tienen derecho y que ellos no sean capaces de gestionar el incremento de presupuesto?”, se pregunta. Más de la mitad de los solicitantes superan los 80 años. La asociación calcula que 85 personas mueren cada día sin ser atendidas.

El informe vuelve a dibujar un país desigual, con comunidades cerca de la plena atención y otras con una abultada lista de espera. Más de la mitad de quienes aguardan a ser atendidos están en Andalucía y Cataluña, las comunidades que reciben mayor volumen de solicitudes, pero que tienen un “problema estructural” de gestión que deben abordar, según el dictamen. En la escala de valoración que elabora esta organización, teniendo en cuenta variables como el equilibrio entre servicios y prestaciones económicas o el gasto público, Castilla y León y Castilla-La Mancha son las autonomías mejor paradas, con una puntuación de 9,3 y 8,6, respectivamente, en una escala del 0 al 10. Asturias está a la cola (1,1), por detrás de Canarias (1,8) y de Cataluña (2,1). España suspende, con una media de 4,86. En ocho comunidades aumentó la lista de espera el año pasado y en dos, Asturias y Extremadura, se disminuyó el número de beneficiarios de esta ley. “Se evidencia la ineficiencia de los territorios que tienen centralizados el sistema de dependencia, al margen de los servicios centrales municipales, sin duda es uno de los motivos del fracaso estrepitoso del año pasado en Asturias y Extremadura”, apunta Ramírez. El presidente de la asociación se mostró preocupado por Canarias, Cataluña, Extremadura y Asturias.

La asociación precisa que los desequilibrios territoriales se van ahondando y se manifiestan en un acceso muy desigual al sistema por comunidad autónoma, en las listas de espera y en un esfuerzo económico muy diferente. Y que esto se debe a que parten de un punto también muy desigual en el desarrollo de los servicios sociales autonómicos y locales, de la inestabilidad en los órganos de gestión —11 ministros en 13 años— y de la infrafinanciación del sistema. Pese a que la ley establece que comunidades autónomas y la Administración General del Estado deben cofinanciar la ley al 50%, el peso recae en las autonomías, que asumen un 80% del gasto público, frente al 20% del Gobierno. Además, los usuarios aportan un 20% del coste en copagos.

Es el usuario el que debe soportar una espera de más de un año de media en que se resuelva su expediente —426 días—, pese a que la ley fija un plazo máximo de seis meses. También es quien recibe unas prestaciones “cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para sus necesidades”. Más de la mitad de las nuevas prestaciones o servicios otorgados el año pasado fueron ayudas económicas para cuidados familiares, con una cuantía media de 247 euros al mes, o servicios como teleasistencia y de prevención, “servicios de bajo coste, insuficientes para las personas en situación de dependencia, especialmente las más graves”, según la asociación. Los servicios que mayor esfuerzo económico suponen (residencias, centros de día y asistente personal), para los dependientes en situación más grave, solo suponen el 7,7% de las nuevas prestaciones o servicios de 2019.

Precisamente lo que necesita el padre de Vanesa Fernández. Que continúa esperando. Por ello, la asociación critica que los derechos subjetivos reconocidos en la ley se han convertido en “derechos efímeros y de papel” y exige que se saque a la dependencia “del olvido”, que ha sido “cruel e imperdonable”.