El Gobierno y las comunidades impulsarán un grupo de trabajo sobre residencias
Las conclusiones sobre las medidas a adoptar para prevenir posibles rebrotes deben estar listas antes de septiembre, según el Ministerio de Derechos Sociales
Más de tres meses después de que se declarara el estado de alarma y de que las residencias se convirtieran en uno de los grandes focos de contagio del virus, el Gobierno y las comunidades autónomas han decidido impulsar un grupo de trabajo sobre estos centros para analizar la situación y tomar las medidas de coordinación necesarias para prevenir posibles rebrotes. Así lo ha decidido este jueves el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención de la Dependencia, el órgano que agrupa a las autonomías y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a propuesta del departamento que dirige Pablo Iglesias.
La semana que viene se celebrará una reunión técnica en la que se decidirá qué contenido se aborda en el grupo, que tendrá representación de la vicepresidencia segunda, las autonomías, expertos y agentes sociales. También se abordará la conformación de equipos de trabajo y cuándo tendrán que estar listas las conclusiones, que según aclara el ministerio, deberá ser antes de septiembre.
En el orden del día constaban la distribución del tramo autonómico de las subvenciones para actividades de interés social con cargo al 0,7% del Impuesto de la Renta Sobre las Personas Físicas de 2020 (más de 241 millones de euros a repartir entre las comunidades), así como el fondo destinado al plan concertado de servicios sociales (100 millones). Ambas cantidades se reparten anualmente. También se ha aprobado un plan de 45 millones de euros contra la pobreza infantil y 412.500 euros para la intervención social para la atención e inserción del pueblo gitano. Además, se ha reconocido el “excelente trabajo” de los trabajadores de servicios sociales durante la crisis de la covid-19.
Pero en el orden del día no había ningún apartado específico sobre las residencias, que han estado en el punto de mira durante esta crisis. De hecho, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha manifestado su “sorpresa” por haberse enterado de la creación de este grupo de trabajo por la prensa, dado que no estaba recogido entre los aspectos que se tratarían durante el encuentro, que ha sido telemático. Ha dicho que le hubiera gustado saberlo “previamente”. La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación andaluza, Rocío Ruiz, ha considerado que es necesario que tanto la propuesta del grupo de trabajo como de la creación de una ley marco de Servicios Sociales “nazcan con presupuesto, y no como ocurrió con la Ley de Dependencia”. La Generalitat valenciana ha afirmado que “aportará su modelo de atención residencial para que pueda servir de ejemplo”.
Más de 19.000 personas han muerto en las residencias de servicios sociales, que no solo incluyen los geriátricos, sino también centros como los de discapacidad, bien con coronavirus confirmado o con síntomas compatibles, según el último recuento de este diario con datos de las comunidades autónomas. Las patronales del sector aseguran que es necesario articular medidas ante un posible rebrote y una orden ministerial obliga a los centros a tener un plan de contingencia y a las comunidades a asegurar que exista coordinación entre el sistema sanitario y los centros.
En los ruegos y preguntas del consejo territorial, que se ha celebrado por videoconferencia, la vicepresidencia segunda trasladó a los consejeros del ramo su propuesta de que se cree este grupo de trabajo, para lo cual ha de convocarse una comisión delegada la semana que viene, un órgano que tiene un carácter más técnico y que reúne a los directores generales, tanto autonómicos como estatales. Este mismo lunes se celebró la comisión delegada en la que se preparó la reunión de este jueves y entonces nada se dijo sobre la creación de un grupo de trabajo, según fuentes conocedoras de la misma.
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