Las residencias tendrán que estar coordinadas con el sistema sanitario tras el estado de alarma

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reglamento que regirá lo que el Gobierno denomina nueva normalidad. Estará en vigor desde el 21 de junio, cuando termine el estado de alarma, hasta que Sanidad, en coordinación con las comunidades autónomas, considere que la epidemia de covid-19 ya no supone un peligro, previsiblemente cuando haya un tratamiento eficaz o una vacuna, según ha informado el ministro Salvador Illa.

El decreto mantiene algunas de las medidas que se siguen considerando imprescindibles, como el uso obligatorio de mascarillas cuando no se puedan respetar los 1,5 metros de distancia de seguridad, con multas de hasta 100 euros, tal y como se conoció el pasado viernes en el borrador del texto que ahora se aprueba y que tendrá que ser refrendado en el Congreso de los Diputados. Con las residencias de ancianos como uno de los principales focos de la epidemia, y con la polémica sobre el tratamiento sanitario que se ha aplicado en ellas, el decreto establece que tendrán que mantener una coordinación constante con los sistemas sanitarios de sus respectivas autonomías.

El vicepresidente segundo y ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, se ha referido a la polémica sobre la no admisión de ancianos de residencias en hospitales de la Comunidad de Madrid y ha dicho que esa acción podría tener “consecuencias legales”. “El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid [Alberto Reyero, de Ciudadanos] dijo que la orden, acreditada por muchos medios de comunicación, de no aceptar ancianos procedentes de las residencias en los hospitales era, no solamente inmoral, sino eventualmente ilegal”, ha asegurado Iglesias. A su juicio, fue el propio consejero regional quien “estaba señalando un escándalo evidente” que, añadió, “puede tener consecuencias legales”. “Son las propias familias de muchos ancianos las que están emprendiendo acciones legales”, ha señalado.

Iglesias sobre la situación de las residencias en la Comunidad de Madrid

Enfermedad obligatoria y mascarillas

El real decreto recoge la declaración expresa de la covid-19 como “enfermedad de declaración obligatoria urgente”. Se introduce, además, el deber de las comunidades de suministrar información cuando se produzcan situaciones de emergencia para la salud pública. Además, deberán continuar facilitando los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica, así como la situación de la capacidad asistencial y necesidades de recursos humanos y material. “Los servicios de salud garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la atención primaria, se le realizará a todo caso sospechoso una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas, y que toda la información se transmita en tiempo y forma”, reza el texto.

En cuanto a las mascarillas, se mantiene su obligatoriedad en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús y por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes no conviven en el mismo domicilio. Cuando los asientos están preasignados en transporte público, las empresas tendrán que guardar el registro de viajeros durante cuatro semanas para facilitar los rastreos en caso de detectar alguna infección. Serán las comunidades autónomas las que tendrán que determinar limitación de aforos en establecimientos públicos, si lo consideran necesario.

El decreto también contempla la adopción de medidas de prevención e higiene en el entorno de trabajo, tales como la ordenación de los puestos de trabajo o la organización de los turnos para evitar aglomeraciones, así como en los establecimientos comerciales, en los centros residenciales de carácter social o en las actividades de hostelería y restauración.

En la llamada nueva normalidad continuarán los controles sanitarios en los aeropuertos. “Aena pondrá a disposición de Sanidad Exterior los recursos humanos, sanitarios y de apoyo necesarios con el fin de garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales, cuestión que se particularizará a través del correspondiente convenio de colaboración con Sanidad Exterior”, explica Sanidad en un comunicado.

El ministro Illa ha explicado que la reanudación de la Liga de Fútbol Profesional y la ACB de baloncesto tendrá que hacerse en las condiciones que determine el Consejo Superior de Deportes, tras escuchar las sugerencias de los responsables de las propias competiciones y del Ministerio de Sanidad. Illa se ha mostrado favorable a “garantizar la equidad”: “No puede ser que en unos sitios se haga de una forma y en otros de otra”.

Preguntado por dificultades que impidan a algunos territorios llegar a la nueva normalidad el 21 de junio, el ministro ha asegurado que se va por el buen camino, pero que si hay contratiempos a su departamento no le “temblará el pulso” a la hora de “tomar medidas para proteger la salud de los ciudadanos”.

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