Los inquilinos de tres fincas de Barcelona compradas por la misma empresa: “Unidos podemos contra la especulación”

El contrato de alquiler del piso donde vive Celestino desde 45 años, se firmó por primera vez en 1929. El primer titular fue el abuelo de su mujer. Del abuelo pasó a su suegra y luego a su esposa, fallecida hace siete meses. En verano pasado, el edificio fue comprado por la empresa de inversión inmobiliaria Second House. Y como al resto de inquilinos, la nueva propiedad no les renueva al finalizar los contratos. Pastelero de oficio, con 77 años, Celestino se ve luchando organizado con el resto de vecinos y los de otras dos fincas también propiedad de Second House. “Estoy en mitad del duelo, esto es un dolor de cabeza, a ver si hay arreglo, a ver si alguien abre los ojos y se cortan estas prácticas”, dice este jueves después de la rueda de prensa que han protagonizado vecinos de los tres edificios, el Sindicato de Inquilinas y el Sindicato de Vivienda de Sants.

El Sindicato asegura que Celestino tiene derecho a una subrogación del contrato por dos años y señala que la situación de estas fincas “no es un caso aislado, sino la expresión de un modelo especulativo que compra fincas enteras con inquilinas dentro, intenta expulsarlas y vende los pisos uno a uno a precios inflados”.

Los inquilinos del edificio de Sants, en la calle de Salou, han comparecido junto a los de otras dos escaleras de Ciutat Vella (calle Cortines) y Poble Sec (calle Tapioles) cuyos conflictos con Second House comenzaron hace años y se cerraron parcialmente cuando consiguieron renovar contratos. Los de Poble Sec consiguieron que la propiedad renovara buena parte de los contratos que en su día vencieron (nueve, en total). Pero, al estar entonces vigente, no renovó el de Rodrigo y su familia, que está sin contrato desde hace un mes después de “14 años pagando puntualmente la renta”. “Están vendiendo mi piso conmigo dentro” explica este arquitecto que detalla que esta semana se cruzó en la escalera con un comercial, un arquitecto y una pareja de posibles compradores. “No podemos vivir ahogados, pendientes de un burofax, queremos justicia y quedarnos en nuestras casas”, argumenta y añade: “Yo no soy de aquí, mi familia son los amigos que hemos hecho en el barrio”.

Fuentes de Second House responden por escrito a la petición para recoger su versión que la empresa “actúa siempre de acuerdo con la normativa vigente en materia de arrendamientos urbanos. En los casos mencionados se trata de contratos que han llegado a su vencimiento legal y cuya renovación no es obligatoria. Sin embargo, la compañía mantiene siempre una actitud de diálogo con los inquilinos y, cuando es posible, trata de facilitar soluciones alternativas dentro del marco legal”.

El caso de la calle de Cortines, 10, los vecinos también consiguieron renovar sus contratos, pero ahora el conflicto está en que la propiedad, según su versión, “impone una reforma integral”, con obras estructurales, durante las que debería ofrecerles realojos. “Los vecinos unidos podemos contra la especulación”, ha advertido Cristina, una de sus vecinas recordando que consiguieron contratos. Mientras, y una finca que presenta una gran complejidad, en parte por una escalera muy estrecha, el Sindicato explica que “la empresa mantiene las zonas comunes apuntaladas y presiona a las vecinas para poder hacer las obras con los vecinos viviendo y si ofrece realojo no proporciona información como la duración, lugar o condiciones de realojo”.

“Se llama flipping”

Desde el sindicato de Inquilinas, Isi, una de sus portavoces, ha asegurado que “lo que está pasando con las fincas de las calles de Salou, Cortines y Tapioles, ejemplifica cómo funcionan las compras especulativas y las consecuencias que tienen para los vecinos”. “Se llama flipping: obtener beneficios comprando y vendiendo”. En los tres casos, ya hay vecinos que se han marchado. En la finca de Sants, uno de los dos bajos ya ha sido renovado, vendido y tiene nuevos vecinos. En el otro vive Rosa, que ha abierto las puertas y ha ofrecido desayuno para todo el mundo.

Los dos sindicatos han subrayado “la necesidad” de regular las compras especulativas por parte de la Generalitat, y han recordado que está sobre la mesa el acuerdo entre Comuns y el Govern de Salvador Illa, pero han asegurado que no ofrece suficientes garantías para blindar a los vecinos. “Si se aprobara, no garantizaría que vecinos como los de estas fincas se pudieran quedar en casa, la propuesta tiene muchos agujeros. Para mejorar la propuesta, la portavoz del Sindicato de Inquilinas ha apostado por ”prohibir las compras especulativas [el Govern habla de regular o controlar], que los nuevos propietarios tuvieran que garantizar la continuidad de los contratos y una aplicación automática en toda Cataluña, sin que dependiera de los Ayuntamientos".