Govern y Comuns cierran un acuerdo para aprobar los Presupuestos y limitarán la compra especulativa de vivienda

El Govern y Comuns han cerrado el acuerdo para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de este 2026 tras dos semanas de negociación. El president Salvador Illa y la líder de Comuns, Jéssica Albiach, firmarán este jueves en el Palau de la Generalitat el documento que certifica ese consenso. Illa gobierna en minoría y precisa del apoyo de sus dos socios, Comuns y ERC, para poder aprobar los primeros presupuestos de este mandato. Su objetivo es que entren en vigor el primer trimestre de este año. La formación de Albiach ha exigido para aprobar las cuentas que el Parlament apruebe una ley que prohíba la venta especulativa de viviendas a grandes tenedores de forma temporal en las llamadas zonas tensionadas, es decir, las que tienen una elevada demanda.

El pacto se ha consumado justo cuando el Govern también está ultimando otro acuerdo con los ERC, que ha aceptado aplazar su reivindicación sobre la recaudación del IRPF al priorizar ahora la activación del Consorcio de inversiones, que figura en el acuerdo de investidura y en los de la Comisión Bilateral celebrado hace un año. Ese ente aún no se ha constituido.

Comuns había exigido al Govern para aprobar las cuentas aprobar, en el plazo de seis meses, una ley que prohibía la venta especulativa de pisos para aliviar el grave problema de acceso a la vivienda. El Govern ha renunciado a afrontar esa cuestión a través de la fiscalidad y ha asumido la fórmula de Comuns de que la solución gire alrededor de la Ley de Urbanismo. Sin embargo, el modelo final no será el conocido por modelo Ámsterdam, que consiste en prohibir que cualquier ciudadano pueda adquirir una vivienda si no es para residir en ella durante al menos cuatro años.

Esa demanda inicial de los comunes, avalada por cuatro informes encargados por el Govern, ha sido rebajada por los socialistas, que no querían que la medida afectase a los pequeños propietarios. En lugar de eso, la prohibición se circunscribe a grandes tenedores, es decir, aquellos que tengan cinco viviendas en zonas de alta demanda.

Los grandes propietarios, en especial fondos de inversión o empresas, sí podrán adquirir edificios enteros de edificios, pero con una condición. De acuerdo con el pacto, deberán destinar esas viviendas a alquiler aplicando el límite de rentas previsto dentro de las zonas de mercado residencial tensionado. Esa excepción estaba contemplada dentro del informe jurídico que el abogado especializado en urbanismo Pablo Feu había elaborado para la Generalitat.

La Generalitat es la única administración española que por ahora limita las compras especulativas de vivienda, aunque otros ejecutivos autonómicos, como el de Canarias, han planteado la necesidad de limitar las compras de segundas residencias para extranjeros no residentes. Este miércoles el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se sumó a esa demanda para la capital catalana, al constatar que muchas escaleras de barrios céntricos de la ciudad están semivacías.

La medida se suma a un arsenal lanzado por el Govern para facilitar el acceso al mercado de vivienda, entre otras, los límites a los precios de alquiler, el derecho de compra preferente sobre inmuebles de grandes propietarios o los límites al arrendamiento de temporada. Todas esas medidas han soliviantado al empresario, que incluso ha creado recientemente un lobby bajo el paraguas de la patronal de Foment del Treball para denunciar el “exceso de regulación” del Ejecutivo de Salvador Illa.

Los otros puntos del acuerdo, anticipados el miércoles, están relacionados con una partida de 100 millones de euros para las becas comedor y otras ayudas para las rentas de alquiler. En este capítulo, el Govern destinará otros 100 millones, dará ayudas para rentas de hasta 36.200 euros, que permitirán llegar al 25% de las familias. Además, entre las medidas habrá también un vale de 25 euros para jóvenes de entre 12 y 25 años para la compra de productos menstruales y preservativos.