“Hoy en Barcelona todos los inquilinos somos vulnerables”

Una es una finca de 15 pisos de los años 60 en el barrio del Poble-sec de Barcelona. La otra, tiene 16 viviendas (cuatro habitadas) en un viejo y estrecho bloque del Casc Antic de Ciutat Vella. Las dos son de alquiler y también comparten que han sido compradas por la empresa Second House, que tiene la intención de rehabilitarlas y no renueva parte de los contratos cuando se acaban. Bajo el paraguas de los sindicatos de inquilinos, los vecinos de los dos edificios se han unido, acusan a la empresa de quererles echar para vender los pisos a precios inasumibles y exigen que les renueven los contratos para poderse quedar en sus casas. En total son 15 familias con perfiles, edades y casuísticas distintas: contratos de renta antigua, a precio de mercado vigentes, y otros finalizados cuyos habitantes reclaman renovar y siguen ingresando la renta cada mes.

Algunos de los vecinos tienen derecho a alquiler social, porque tienen informes de vulnerabilidad, pero la nueva propiedad los cuestiona, ha asegurado este martes Andreu, portavoz del sindicato de inquilinos del Casc Antic: “Vistas estas situaciones, y la imposibilidad de encontrar precios asequibles en la ciudad, hoy en Barcelona todos los inquilinos somos vulnerables”. Fuentes de la empresa defienden su negocio para “renovar el obsoleto parque residencial de la ciudad”, aseguran que cumplen con la ley, y admiten que estas dos operaciones “han salido mal, han resultado ruinosas”, por lo que las fincas “vuelven a estar en venta”. Ante la exigencia de los sindicatos y vecinos de negociar todos los casos en conjunto, Second House se niega: “Cruzaron una línea roja al manifestarse en una fundación de la empresa”.

“[La propiedad] tiene buenas palabras, pero ninguna respuesta. Se comportan igual o peor que los fondos buitres que dicen que no son”, ha asegurado Cristina, la hija de una de las parejas del edificio de la calle de Cortines número 10. Su madre, Montse Candela, tiene 62 años y lleva 26 años en el piso. Un segundo sin ascensor. Dos años antes de que Second House comprara el bloque, el antiguo propietario les dijo que podían estar tranquilos, que les renovaría el alquiler, y decidieron hacer obras en la cocina y el baño: “Nos han engañado, nos sentimos impotentes, este es nuestro barrio y lucharemos por quedarnos”, lamenta junto a Fernando, su marido. Montse trabaja de asistenta y él en un restaurante. También les engañaron, dicen, al hacer obras en los pisos que se fueron vaciando y sospechan que el derribo de suelos ha perjudicado el estado del edificio.

Por sus bajos ingresos, Montse y Fernando tienen reconocida la condición de vulnerables, pero la propiedad lo cuestiona, asegura ella. “Dicen que la vulnerabilidad se la dan a cualquiera”, explica mientras relata los episodios de “ansiedad e hipertensión” que le provoca no saber el desenlace de la situación. Su contrato es de “tácita reconducción” [se renueva mes a mes hasta que las partes digan lo contrario] y fuentes de Second House aseguran que cumplirán con la legislación catalana, que obliga a hacer alquiler social a las familias vulnerables (recurrida pero vigente); y a la nueva Ley de Vivienda española, que fuerza a que intervenga un mediador. En el edificio del Casc Antic solo quedan otros tres vecinos: uno con contrato vigente, otra a quien Second House ha renovado el contrato hasta 2058, y el de Fathia (en pleno tratamiento de quimioterapia por un cáncer) y su madre, que termina en breve.

En el edificio del Poble-sec las diferencias entre las versiones de los vecinos y la propiedad se repiten. Si los inquilinos aseguran que las obras que se están haciendo son “ilegales” y las han intentado parar; Second House mantiene que se está gastando medio millón de euros en reforzar la estructura, porque el edificio se construyó con cemento aluminoso. Los inquilinos explican que la instalación de ascensor topa con el hecho de que en el subsuelo de la finca hay un refugio antiaéreo de la época de la Guerra Civil; y la empresa responde que no les consta, que hay otro más arriba de la calle, en otro edificio. Entre los pisos donde ha vencido el contrato figuran los de Isidora, Paloma y Berta. Las dos primeras son profesoras y reprochan a Second House una actitud “prepotente, que provoca angustia” y aseguran que afrontan “un desahucio invisible” por ser inquilinas de una finca de propiedad vertical. Berta tiene reconocida la situación de vulnerabilidad y también ha sido cuestionada: “Tu no eres vulnerable”, asegura que le espetaron representantes de la propiedad. Paloma, que no es de Barcelona, tiene un hijo y está embarazada, señala que en el barrio es donde tienen “la guardería y el entorno” y que tener que marcharse supondría perder las redes de apoyo.

Sobre los contratos vencidos, las fuentes de Second House defienden “que los propietarios están en su derecho de no renovar” y apuntan que con la nueva ley de ámbito español tendrán que seguir los pasos previstos antes de una demanda: comprobar si hay situaciones de vulnerabilidad y acudir al trámite de conciliación.

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