Una vecina del Eixample de Barcelona: “No se puede vivir de alquiler en la Superilla, aquí no quedará nadie”

Si se entra en los portales inmobiliarios y se busca piso de alquiler en la calle de Consell de Cent de Barcelona aparecen anuncios que piden hasta 7.700 euros al mes. Son los de gama alta, probablemente alquiler de temporada, pero en la franja baja no hay nada por menos de 1.500 o 1.800 y abundan los que piden entre 2.000 y 5.000. La transformación de esta calle del Eixample en un “eje verde”, sin coches, del programa Superilla de la alcaldesa Ada Colau, revalorizará los pisos y las inmobiliarias y consultoras auguran una subida de los precios. En un mercado del alquiler ya muy tensionado ―la renta media en Barcelona se quedó el año pasado a tres euros del salario mínimo (1.077 euros)―, la mejora del espacio público empujará todavía más los precios y amenazará a los vecinos de la zona. Ya hay inversores buscando fincas o pisos para reformar, aseguran fuentes del sector inmobiliario. Y se está produciendo un cambio de usos de oficinas a residencial por el alza de precios.

Las inmobiliarias de la zona consultadas (Eurofinques o GP) no dudan de que los precios subirán, aunque recuerdan que están disparados desde que el Tribunal Constitucional anuló la limitación de precios en Cataluña. Inmobiliarias como Fotocasa sitúan los aumentos entre el 10% y el 15%.

La Red de Vivienda de la Izquierda del Eixample lamenta que la Superilla es un martillazo más al clavo de la gentrificación: el alza de precios que se produce en paralelo a las mejoras urbanas. “No es el apocalipsis, pero apuntala dinámicas de ciudad, será una capa más en la expulsión de los vecinos”, alerta Albert Freixa, portavoz de la red. Esta entidad tiene el ojo puesto en las fincas de propiedad vertical, susceptibles de ser adquiridas por fondos de inversión con la intención de reemplazar a los vecinos tradicionales por perfiles de mayor poder adquisitivo. Solo entre Vilamarí y Balmes han contado 46 de estos edificios.

De los bloques ya comprados, el más conocido es Casa Orsola, en el chaflán entre Consell de Cent y Calàbria. Sus inquilinos se han convertido en el faro de la lucha por los alquileres asequibles en la ciudad y se están quedando en los pisos aunque se les acabe el contrato. El caso está en los juzgados. Mientras, el precio de los que se han vaciado y reformado supera los 2.500 euros.

Hay otros casos paradigmáticos de vecinos expulsados hace años de la Superilla de Sant Antoni, cuando un fondo de inversión compró las fincas donde vivían, que reviven la situación en Consell de Cent. Le ocurre a Carme Vidal (nombre falso, porque su situación no está resuelta). En 2017, esta jubilada vivía en la calle de Parlament y la empresa que compró el edificio no renovó los contratos. “No se puede vivir de alquiler en la Superilla, aquí no quedará nadie”, avisa seis años después desde una finca de Consell de Cent adquirida también por inversores que tienen la intención de reformarlos y venderlos. “Estoy a favor de las mejoras, mis nietos viven en el Eixample y no quiero que respiren el humo de los coches”, asegura, pero añade que hay una “parte mala”: “Que nos echan a los vecinos y al comercio de proximidad. Si no se arregla desde Madrid con una ley que regule los alquileres, no quedará nadie”, insiste.

Jaume Artigues, de la Asociación de Vecinos de la Derecha del Eixample, pide que no se vinculen las subidas a las mejoras urbanísticas: “El problema no es intervenir en el espacio público, que es necesario; es la política de vivienda, la falta de una regulación del alquiler y los privilegios fiscales de sociedades que no pagan impuestos o las Golden Visa”. En esta zona del Eixample, entre 2016 y 2022 han contabilizado la compraventa de 70 fincas enteras, lamenta Artigues.

A pie de la Superilla, en la zona más próxima al centro desde la inmobiliaria Eurofinques, Ramon Riera apunta que ya hubo subidas en la calle de Girona cuando se anunció que se sacarían los coches y sería un eje pacificado. “Los precios subirán de acuerdo a las expectativas”, conviene ahora refiriéndose tanto a los pisos como a los locales. En la otra punta, a la altura de Rocafort, Gonzalo Duffo, de Fincas GP, subraya que los alquileres ya se dispararon al caer la regulación de precios y observa “aumentos sustanciales” en el caso de los locales comerciales.

La directora de estudios del portal Fotocasa, Maria Matos, anota que la Superilla “comportará la creación de nuevos espacios verdes y peatonales, lo que revalorizará la zona y encarecerá el precio de la vivienda”. “A su vez, esto podría causar un proceso de gentrificación, provocando el desplazamiento de la población residente por otros grupos sociales con un poder adquisitivo más elevado”. La directora de estudios sitúa los incrementos “entre el 10 y el 15% en el precio de la vivienda en venta y alquiler” en una zona donde los precios ya son elevados.

En la inmobiliaria Engel & Völkers, el consultor externo Isidre Estévez admite que en la zona de Consell de Cent más prime, la próxima a paseo de Gràcia, “los nuevos inquilinos son extranjeros, con contratos de entre un mes y un año, porque pagan precios que los vecinos no pueden asumir”. “Los propietarios son conscientes de que la zona se revaloriza”, añade y señala que se está produciendo un trasvase de uso de oficinas a residencial “porque los precios del alquiler de vivienda superan al terciario en muchos casos”. En la consultora Laborde Marcet, Gerard Marcet explica que “los inversores están buscando pisos proactivamente en las plazas que se crearán con la Superilla”, como la esquina entre Girona y Consell de Cent, con la convicción de que las zonas pacificadas despertarán mucho interés.

La teniente de alcalde de Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, recuerda que zonas como el Eixample o Gràcia son las que históricamente “más han sufrido un mayor incremento de precios”. “La ley [de vivienda, acordada esta semana por el Gobierno, ERC y Bildu] debe evitar los alquileres abusivos. Hacemos lo que podemos con nuestras competencias y recursos”. Sobre la Superilla, Sanz indica que “tiene que ver con la dinámica de especulación en la ciudad” y subraya que el consistorio “ha invertido el doble de recursos públicos comprando o construyendo vivienda pública y rehabilitando para garantizar que los contratos perduren, que en las obras de la Superilla”. 100 millones de euros en vivienda, frente a 50 en la reforma urbanística, defiende. En los 100 millones se incluye la compra de dos fincas enteras por valor de 7,8 millones en Consell de Cent y Villarroel.

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