1.077 euros al mes por un piso: el precio del alquiler en Barcelona alcanza el salario mínimo

El precio del alquiler medio en Barcelona se situó el cuarto trimestre del año pasado en 1.077 euros, según los datos que ha publicado este martes la Secretaría de Vivienda de la Generalitat y que beben de las fianzas que se depositan en el Incasòl. Un 4,8% más que en el mismo periodo de 2021. Se trata de un nuevo récord histórico y una cifra que equipara lo que vale un alquiler en la ciudad con el salario mínimo, que es de 1.080 euros. Solo tres euros menos. En la ciudad, de diez distritos, en seis el alquiler supera los mil euros, y en tres distritos (Eixample, Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts) rebasa el salario mínimo.

En Cataluña el alquiler medio del cuarto trimestre de 2022 alcanzó los 815 euros, un 4,3% más que un año antes. Por provincias, las medias son de 892 euros en la de Barcelona, 626 en la de Girona (694 en la capital), 474 en la de Lleida (537 en la capital) y 562 la de Tarragona (637 en la capital). En grandes ciudades como L’Hospitalet, el coste del alquiler se cerró con 779 euros y en Badalona, con 839. En el cuarto trimestre, el alquiler superó los mil euros en 17 poblaciones catalanas: las dos donde es más caro son Cabrils (1.583) y Sant Vicenç de Montalt (1.542).

Estas cifras, en máximos históricos, corresponden a los meses de octubre a diciembre, cuando la ley catalana de contención de rentas ya no estaba en vigor, tras ser anulada, en sus artículos clave, por el Tribunal Constitucional en marzo y abril del año pasado. Y llegan cuando la tramitación de la Ley de Vivienda, que está previsto que de un modo u otro regule el precio del alquiler, parece atascada de nuevo en el Congreso, cinco años después del compromiso del presidente Pedro Sánchez de aprobarla. Una demora que ha provocado reproches por parte de la alcaldesa Ada Colau, tanto al presidente como a la ministra Nadia Calvo. Y también el clamor de las entidades que luchan por el derecho a la vivienda, como el Sindicato de Inquilinos o la PAH, que reivindican la regulación de los alquileres.

La publicación de los precios coincide también con la precampaña electoral de las elecciones municipales, cuando los políticos (candidatos o en el poder) han entrado en un quién da más a la hora de prometer aumentar el parque público de viviendas de alquiler. El viernes, el president Pere Aragonès anunciaba 10.000 nuevos alquileres públicos en solo tres años. Y el domingo, el candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, subía la apuesta a 20.000 en cuatro años. En los ocho años que lleva en la alcaldía, Colau ha aumentado el parque de alquileres sociales en 4.600 viviendas, la mitad de lo que prometió.

La concejal de Vivienda del consistorio barcelonés, Lucía Martín, ha insistido en que “el Ayuntamiento ha reclamado en incontables ocasiones la aprobación de la ley estatal de vivienda que garantice un control y regulación de los precios del alquiler, incluyendo también los de temporada, para evitar subidas abusivas y desmesuradas”. La regidora ha recordado que la ley catalana tuvo como efecto la contención de los precios. Por parte del Sindicato de Inquilinos, uno de sus portavoces, Enric Aragonès, ha valorado que el alza de las rentas “demuestra lo urgente que es regular los precios” y ha asegurado que la Ley de Vivienda “se podría aprobar mañana mismo” pero que “el único obstáculo es el PSOE”. Aragonès ha señalado, además, “la necesidad de que la futura ley ponga topes en las subidas tanto anuales como en renovaciones de contratos: tiene que ser un buen texto porque si no funciona habremos quemado un cartucho”.

El portavoz del colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña, Carles Sala, destaca la caída de contratos de alquiler del 15% en Barcelona y atribuye el alza de precios a que la incertidumbre legislativa provoca una contracción de la oferta y que suban los precios: “No puede continuar la incertidumbre y la inseguridad jurídica, que si queremos que los propietarios pongan pisos en alquiler, no podemos seguir con anuncios de normas que no se aprueban, ni con prórrogas anunciadas por seis meses que llevan tres años”. “En un contexto de inflación, la demanda irá en aumento”, ha alertado, y ha reclamado que más allá del interés de los particulares, la administración debe invertir en aumentar el parque público.

Las cifras de la subida del precio de los alquileres que recoge la administración catalana ganan relevancia si se casan con otros estudios recientes sobre cuestiones como el porcentaje, cada vez mayor, que los barceloneses destinan a pagar el alquiler; la brecha entre la subida del precio de las rentas y la de los ingresos de las familias; o la avalancha de peticiones de ayuda al pago de vivienda. Unas ayudas, por cierto, que en el caso del bono joven de 250 euros del Gobierno o de la Agencia de la Vivienda de la Generalitat fijan un precio máximo del alquiler de 900 euros, de forma que en Barcelona es difícil cumplirlo. El Bono Joven estatal se quedó corto y de casi 40.000 solicitudes solo hubo presupuesto para casi 10.000. Fue entonces cuando la Generalitat sacó su propia ayudas: tuvo 28.000 solicitudes y solo pudo atender 13.400, pero ha ampliado el presupuesto para atender todas las que se resolvieron favorablemente.

La subida de los alquileres tiene también impacto en las entidades que atienden a colectivos vulnerables o personas sin hogar, porque si el alza dificulta el acceso a la vivienda de la mayoría de las familias, para estas organizaciones sociales obtener vivienda en el mercado libre para sus usuarios resulta directamente imposible. Un fenómeno que puede dar al traste con programas de reinserción, donde se ofrece vivienda costeada por las entidades o la administración durante un periodo finito, con la idea de que las personas puedan formarse y tener empleo, y donde la emancipación es el paso final.

La semana pasada el Área Metropolitana de Barcelona publicaba el estudio Actualización del salario de referencia metropolitano 2022 y mostraba que el salario mínimo para que una persona y su familia pueda vivir dignamente en la capital o los 36 municipios de su entorno se situó el pasado año en 1.447,49 euros, un aumento de 102 euros con respecto a 2021. El estudio, elaborado por los equipos técnicos de las consultoras Daleph y KSNET en base a datos del 2022, tiene en cuenta el coste de la vivienda, el transporte, la educación, el vestuario y otros gastos familiares. Desde 2016, año en que se inició este estudio, el salario de referencia ha aumentado un 38%, desde los 1.048,87 euros el primer año, a los actuales 1.447 euros. El estudio cuantificaba en un 34% lo que los hogares destinan al pago de vivienda, que asciende al 46% si se suman los gastos del hogar. Porcentajes que superan la regla que establece que el gasto en vivienda no debería superar un tercio de los ingresos.

Sobre la brecha entre la subida de los alquileres y la de los ingresos de las familias, el año pasado, un estudio publicado por el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona y el Observatorio DESC señalaba que el precio de las rentas mensuales subió en las dos últimas décadas el triple que los ingresos. Entre 2000 y 2020 el precio del alquiler en la capital catalana subió un 136,3%, mientras que la renta familiar disponible lo hizo solo un 43,5%. En Cataluña el aumento de los alquileres fue del 101,6%, frente a los ingresos familiares, solo un 33,6%. Con estas cifras, la presidenta del OHB, Carme Trilla vinculaba el precio del alquiler con el aumento de la pobreza: “La vivienda es la principal causa de vulnerabilidad, porque es el principal gasto de las familias”. El aumento, además, tiene mayor impacto en las familias más pobres, porque la proporción de sus ingresos que destinan a la vivienda es mayor: mientras de media, los catalanes es destinan un 38% de su sueldo a pagar la vivienda, las que ingresan menos de mil euros destinan un 54%.

El último barómetro del Ayuntamiento, de finales del año pasado situaba la vivienda como la tercera preocupación de los barceloneses (tras la inseguridad y la limpieza). Y aunque el 41% de los vecinos consultados consideraba que la economía de la ciudad mejoraría este año, el 49,5% declaraba que su economía familiar había empeorado y el 43% opinaba que la situación del mercado laboral estaba peor que en 2021.

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