El primer gran hito del Sindicato de Inquilinos

La aprobación en el Parlamento catalán de la regulación del precio de los alquileres es un hito para el Sindicato de Inquilinos, organización creada hace apenas cuatro años. La experiencia de otros movimientos por la vivienda en la ciudad, la imparable subida de los alquileres (se han doblado desde 2012), la expulsión de vecinos de sus barrios, un gobierno local alineado ideológicamente, una hábil gestión comunicativa y un relativo consenso social han llevado al Sindicato a conseguir una regulación “histórica” pero “de mínimos”.

El Sindicato de Barcelona tiene hoy 2.000 afiliados, tres personas liberadas que trabajan media jornada y comparte un local en Sant Antoni con otra entidad. La organización asegura que se financia con las cuotas (entre 18 y 100 euros anuales) y “donaciones”, y que no recibe subvenciones. Se han replicado sindicatos en otras ocho ciudades catalanas.

La creación del Sindicato se remonta a hace siete u ocho años. Los activistas por el derecho a la vivienda de la ciudad que vio nacer a la PAH llevaban tiempo dando vueltas a la idea de replicar en Barcelona un tipo de organización que ya existe en Alemania, Dinamarca o Estados Unidos y tiene dos objetivos: defender a los inquilinos y actuar como grupo de presión ante las administraciones. La International Union of Tenants agrupa a 67 organizaciones de 45 países. En Suecia, por ejemplo, el sindicato de inquilinos es quien fija los precios.

La primera reunión en la que se lanzó la idea se remonta a otoño de 2016. La ciudad vivía ya una tormenta perfecta (más demanda que oferta, presión turística y jóvenes que no podían comprar) que disparó los precios del alquiler. En 35 de los barrios la renta superaba el salario mínimo y el 90% de los desahucios eran de familias que no podían pagar el alquiler. Con estos mimbres, la iniciativa la tomó el Observatorio DESC (de derechos económicos, sociales y culturales), una organización experta en cuestiones de vivienda en la que hace una década trabajaron la actual alcaldesa, Ada Colau, y varios miembros de su primer gobierno.

En un primer momento, el DESC convocó a entidades vecinales y colectivos ligados a la vivienda y unos meses después el Sindicato se presentó en público, con sus portavoces y organización. La rueda de prensa levantó una gran expectación y unos días después la presentación en sociedad dejó pequeña la sala grande del Casinet de Hostafrancs, donde caben 500 personas. El gobierno de Colau aplaudió la iniciativa y reconoció estar “en sintonía” con las demandas de la organización.

“Si los propietarios siempre han estado organizados, es hora de que los inquilinos también lo hagamos. En Barcelona somos 200.000 familias y podemos conseguir un cambio histórico”. Así defendió entonces Jaime Palomera la creación del sindicato, que se marcó como objetivos el derecho a la vivienda, el control de las rentas, contratos más estables, la denuncia de abusos y el asesoramiento a inquilinos. Una hoja de ruta que en parte se ha cumplido.

En la puesta de largo del sindicato sus portavoces tampoco descartaron la idea de una huelga de alquileres como la que se produjo en Barcelona en 1931. Pese a convocarla en varias ocasiones (en edificios concretos de un único propietario o en abril pasado durante la crisis de la covid-19) no lograron el apoyo que buscaban. Los bloques no han secundado la medida y sobre la huelga convocada en plena crisis sanitaria no proporcionan cifras.

Palomera, antropólogo que se doctoró con una tesis sobre el impacto de la burbuja inmobiliaria en la periferia de Barcelona, es la cara más visible y ha conseguido tener una presencia frecuente en televisiones de ámbito nacional. También ha protagonizado sonados enfrentamientos con los responsables del portal inmobiliario Idealista. En el caso de una familia de Gracia cuya propietaria fue señalada públicamente, la presión del sindicato para que la familia permaneciera en un piso ha llegado a los tribunales, con denuncias cruzadas.

Tras dos años de intentos por aprobar una regulación del alquiler (con enfrentamientos en el gobierno de coalición entre Junts per Catalunya y ERC), la organización presentó el texto de la ley en julio pasado tras trabajarla con el Departamento de Justicia. La acompañó de un amplio frente de apoyo de 4.000 entidades. Ante la perspectiva de un avance electoral, el texto se aprobó por lectura única con los votos de Junts, ERC, los comunes y la CUP. Junts se descolgó, presentó las enmiendas que descafeinaban el texto y el Sindicato les forzó a retirarlas tras admitir un cambio que protege al pequeño propietario.

Asambleas con vecinos y apoyo a desahuciados

El sindicato celebra asambleas de inquilinos semanales o quincenales (muchas veces en la calle), se organiza en comisiones (contenidos, acción sindical, comunicación y organización), y en una asamblea mensual plenaria se toman las decisiones, que materializa una coordinadora permanente, explica Palomera, que subraya la “autonomía económica” de la organización “que no se casa con nadie y solo milita en el partido de los derechos humanos”. En el día a día, el Sindicato convoca concentraciones de apoyo a vecinos amenazados de desahucio y realiza campañas de comunicación para poner cara a los fenómenos que denuncia y difunde ampliamente sus logros, como cuando su presión ha conseguido rebajas en los alquileres.

Son situaciones que han discurrido en paralelo a los fenómenos que se producían en el mercado del alquiler: expulsión de vecinos en fincas de propiedad vertical cuyos dueños querían rehabilitar, subidas a inquilinos de edificios de fondos de inversión como Azora.