El sector inmobiliario arremete contra el “electoralismo” de la nueva regulación del alquiler

El Parlament aprobó ayer la ley que trata de limitar el incremento de los alquileres en Cataluña

El consejero de Territotio, Damià Calvet, durante el debate de la proposición de ley de contención de rentas de alquiler de viviendas, ayer.
El consejero de Territotio, Damià Calvet, durante el debate de la proposición de ley de contención de rentas de alquiler de viviendas, ayer.Alejandro Garcia / EFE

Las críticas que arreciaron en la víspera de la aprobación de la ley que pretende limitar el precio de los alquileres en Cataluña han vuelto este jueves una vez ratificada ayer por la mayoría del Parlament. El Consejo Catalán de Colegios de API de Cataluña ha considerado la medida electoralista, los propietarios han advertido que se han manipulado los resultados de iniciativas similares y el principal buscador de pisos en España, Idealista, ha recordado que se trata de una iniciativa inconstitucional que obligará a “abrir un largo camino hasta que la justicia la tumbe”. Todos subrayan que la medida será contraproducente y empeorará el acceso al mercado de la vivienda.

La norma, apoyada por ERC, CUP, los comunes y los 29 diputados de Junts per Catalunya (no así los cuatro del PDeCAT), intenta poner límites a los incrementos de los alquileres en función de la zona, de la renta del inquilino y del propietario de la vivienda y afectará a las 60 mayores ciudades de Cataluña.

Desde el ámbito de los agentes profesionales inmobiliarios (API), el presidente del consejo que los agrupa en Cataluña, Joan Company, ha asegurado que la medida “empeorará el acceso al mercado del alquiler de la vivienda provocando el efecto contrario al deseado, ya que comportará una disminución de la oferta de pisos de alquiler, más inseguridad jurídica para el propietario y un inevitable deterioro del parque privado de vivienda”.

El Consejo General de API pide un trato “de fondo” de la problemática en su integridad, con conocimiento de cuál es la realidad del parque de viviendas de alquiler y con medidas que den estabilidad al arrendatario y seguridad al propietario". Y afirma que una medida de ese calado no se tendría que tomar con “criterios políticos y electoralistas”.

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha cargado contra la decisión tomada ayer en el Parlament, al considerarla una “medida populista que no solucionará nada y generará efectos contrarios al deseado”. El organismo considera que la medida tendrá un impacto sobre “la inversión y los emprendedores van a abandonar definitivamente Barcelona en favor de otras ciudades”.

Asval considera que la iniciativa, impulsada por el Sindicat de Llogateres y Llogaters, ha salido adelante tras haber “manipulado” las experiencias de este tipo de medidas en otras ciudades europeas.

El portal inmobiliario Idealista, que justamente ha anunciado su venta al fondo sueco EQT por 1.321 millones de euros, ha calificado de “pésima” la aprobación de la noticia, pero ha destacado que la ley nace con la sombra de su “inconstitucionalidad”, según han valorado expertos en la materia y el propio Consejo de Garantías Estatutarias. “Se abre un largo camino hasta que la justicia lo tumbe. Esto creará un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica entre los propietarios, que probablemente esperen a la resolución judicial para sacar sus viviendas al mercado”, ha señalado Idealista, que ha sugerido que la oferta disponible podría reducirse significativamente, tal y como sucedió en Alemania con una medida similar.

“Limitar las rentas no es la solución, hay que aumentar la oferta y ayudar a la demanda”, ha señalado por su parte el director de estudios de Pisos.com, Ferran Font. El portal opta por mejorar las condiciones económicas de los inquilinos y emprender colaboración público-privada para intentar ampliar la oferta. “Políticas de limitación de rentas se han mostrado poco efectivas en otros mercados europeos que ya las han implementado”, ha afirmado.

Fomento del Trabajo, la gran patronal catalana ya advirtió ayer, una vez aprobada la norma, que esa iniciativa legislativa “es un error mayúsculo que perjudicará a todo el sector y a la construcción de viviendas amenazando la actividad económica hasta llegar a la parálisis”.

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