Casa Orsola, el faro de la lucha en defensa de los alquileres en Barcelona

Hace un año, en la asamblea del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, un grupo de vecinos expusieron su caso. Destacaban: no eran ni jóvenes precarios que no podían pagar el alquiler, ni familias en apuros ante subidas inasumibles. Eran vecinos de una finca modernista del Eixample que ocupa todo un chaflán. El edificio, con 26 pisos de alquiler y cuatro locales, acababa de ser comprado por una empresa que tiene negocios inmobiliarios y no les renovaban los contratos al terminarse.

Doce meses después, la Casa Orsola (su promotor fue Juan Orsola, fabricante de los mosaicos que abundan en el edificio) se ha convertido en un símbolo de la lucha en defensa del alquiler y contra la expulsión de vecinos de sus barrios. Cuatro inquilinos siguen en sus pisos pese a que sus contratos han finalizado, y pagan el alquiler en el juzgado. Ocho tienen contrato indefinido. Cinco, contratos que vencen a partir de 2024. A una vecina mayor se lo han renovado. Dos pisos han sido ocupados. Y otros cuatro han sido reformados y tienen inquilinos de corta estancia, o bien están en obras.

El edificio reúne ingredientes para ser un emblema. Uno, vecinos que se sienten expulsados tras décadas viviendo allí. Dos, actúan en bloque y de la mano del Sindicato de Inquilinos. Tres, ocurre en la zona cero de la reforma urbanística del Eixample, la Superilla de la calle de Consell de Cent, una inversión pública con todas las papeletas para provocar gentrificación. Cuatro, despiertan empatía porque vecinos de otras fincas han estado o están en la misma situación. Cinco, el alquiler el gran tema en la ciudad, con las rentas en máximos históricos después de que el Tribunal Constitucional anulara la ley catalana que frenó los aumentos. Y seis, una hábil campaña de movilizaciones que señala a la propiedad como un fondo buitre (fuentes de la empresa, Lioness Inversiones, lo niegan y recalcan que son una empresa propietaria de una familia de la ciudad que compra y gestiona inmuebles) y que ha logrado que la alcaldesa Ada Colau denunciara del caso en el pleno municipal. El precio de la compra fue de 5,4 millones, según documentación que ha podido ver este diario, una cifra que Lioness ni confirma ni desmiente.

Este sábado los vecinos de la casa han convocado un acto-fiesta de protesta con conciertos de primeras espadas de la música local. Además del Sindicato y otros colectivos, también difunde el acto figura Barcelona en comú, el partido que lidera la alcaldesa. “Queremos dar visibilidad al conflicto, mostrar el apoyo que tiene la Casa Orsola y lanzar el mensaje de que este caso de hoy, puede ser el de cualquiera mañana. Es la punta de lanza del proceso de expulsión de vecinos que han pagado religiosamente, para hacer pisos turísticos y de lujo”, resume el portavoz del Sindicato, Enric Aragonès. La organización rechaza la figura de “un fondo que hace un negocio especulativo”.

“Hemos pagado durante 32 años, mi hijo ha nacido aquí, la finca ha cambiado de dueños y no nos renuevan los contratos mientras reforman pisos que se anuncian por 2.000 euros al mes”, señala Elisenda, de 59 años. Fue la primera inquilina a quien venció el contrato y no se quiere marchar. Ya ha recibido la demanda judicial, inicio de un proceso de desahucio. “No han querido negociar”, lamenta y asegura que en su caso han enviado documentación que acredita vulnerabilidad y que les correspondería un alquiler social. Vecinos con contrato indefinido también se solidarizan con los que tienen fecha de vencimiento, como Anna y su familia. “Tememos que detrás vamos nosotros, que buscarán la fórmula para que nos marchemos”, mantiene.

Josep, profesor de instituto, es otro de los vecinos fuera de contrato. Tiene 47 años y lleva 20 en la finca. “Primero recibes el burofax y no entiendes nada, luego te reúnes con el resto y ves que no es normal que te compren y te echen, que es un sistema que consiste en vaciar fincas enteras de vecinos para destinarlas a otros perfiles, de forma tácita te expulsan”, lamenta. Y añade que empresas como la propiedad “no aportan, no construyen, no generan empleo, no quieren negociar, todo es verbal, nada por escrito”. También ha recibido la demanda. Tono también: es director de programas de televisión y lleva una década en la finca. “La situación es dura: primero te llevas un susto, pero cada día que pasa estamos más convencidos de que esta lucha es por nosotros, pero también para que acaben los desahucios invisibles, de vecinos que se marchan porque no les renuevan”, dice. Reconoce que “nunca había sido activista, ni tenía previsto hacerlo”. Vasili ha sido el último al que se le ha acabado el contrato y, como el resto, recuerda al antiguo dueño y la relación de confianza que tenían con él los inquilinos. Al fallecer, la finca la gestionó un tiempo el hijo del casero, hasta que la vendió.

“No somos un fondo buitre”

Fuentes de Lioness Inversiones, que compró la finca el 28 de octubre de 2021, lamentan que los vecinos “se niegan a negociar individualmente sus contratos y solo lo quieran hacer colectivamente y a través del Sindicato”. “Hacen mucho ruido, pero estamos hablando de cuatro o cinco pisos que tienen vencimiento de contrato y no quieren marcharse”, lamentan las mismas fuentes, que insisten en que “no” son un fondo buitre, aunque admiten: “La batalla del relato la hemos perdido”. Cuando compraron la finca, subrayan, ni el Ayuntamiento ni la Generalitat ejercieron el derecho de tanteo y retracto (la compra preferente) cuando se les ofreció. “Lioness es una compañía de aquí, un grupo catalán con varias empresas, la principal dedicada al call center y otra inmobiliaria propietaria de algunos edificios, que no se dedica a especular sino a mantenerlos y cobrar las rentas, no somos un Blackstone”, aseguran las fuentes de la empresa, que rechazan haber “presionado a nadie” y se desmarcan “de prácticas fraudulentas de otras empresas”.

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