El Gobierno frena la aplicación de la ley de Vivienda en Cataluña

El gobierno de la Generalitat pretendía empezar a aplicar en Cataluña la ley de Vivienda ya desde este mes de septiembre, pero sus aspiraciones tendrán que esperar. Tras una reunión de más de cuatro horas entre la consejera de Territorio, Ester Capella, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, no se ha alcanzado el ansiado acuerdo para que se pueda empezar a poner un tope a las subidas de los precios de los alquileres. El Gobierno no ha validado la memoria de los 140 municipios catalanes que el Govern declaró como zonas tensionadas por el mercado residencial, y no lo hará hasta que se elabore un índice de referencia de los precios del alquiler homogéneo para toda España, según ha explicado la consejera Capella en una rueda de prensa en Madrid, al finalizar la reunión. En cambio, sí han llegado a acuerdos en materia de la red ferroviaria de Rodalies, y en inversiones en infraestructuras.

En su comparecencia, Capella ha puesto en valor la predisposición del Gobierno para llegar a acuerdos, y ha defendido que la reunión, que se ha alargado dos horas más de lo previsto y se ha celebrado en plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, ha dado frutos. Pero esta voluntad de acuerdo todavía no se ha materializado en materia de vivienda. Desde que se aprobó la Ley por el Derecho a la Vivienda, en mayo, el Govern se ha movido para poder aplicarla lo antes posible —aunque ERC y Junts también aprobaron en el Parlament recurrir la Ley de Vivienda al Tribunal Constitucional, al entender que invade competencias de la Generalitat—, y ha sido la única comunidad que ya ha elaborado, publicado y tramitado al Gobierno una lista de zonas tensionadas por el mercado residencial. Esta lista, de 140 municipios, es necesaria para desplegar en estas localidades muchas de las medidas que contempla la ley, como el tope a la subida de los alquileres, que a partir de 2025 tiene que basarse en un índice de referencia de los precios del alquiler (y no en el IPC como hasta ahora).

La Generalitat quiere que este índice sea el que ya elaboró para la ley catalana de vivienda —aprobada en 2020, y que el Tribunal Constitucional tumbó en marzo de 2022—, pero el Gobierno prefiere que el índice sea homogéneo en toda España. “No ha habido acuerdo en lo que respecta a la memoria de las zonas tensionadas, y tampoco en lo que respecta al índice. El Ministerio quiere aplicar uno homogéneo, y nosotros reclamamos que se pueda aplicar el índice catalán. En lo que sí hay acuerdo es en la necesidad de avanzar para ampliar el parque público de vivienda”, ha expresado Capella. La consejera ha detallado que el compromiso del Ministerio es publicar el índice de referencia “a la mayor brevedad posible”, aunque no hay un plazo fijado. “La ley de Vivienda está en vigor, y quien tiene la capacidad de cumplirla es el Gobierno. Nosotros hemos hecho todo el trabajo necesario, entre otras cosas porque ya teníamos un índice y unos estudios sobre las zonas más afectadas”, ha añadido.

Sobre la calificación de 140 municipios como zonas tensionadas, la consejera ha explicado que el Ministerio no ha aprobado las memorias por “una interpretación diferente de algunos artículos, y porque quieren hacer esto y el índice a la vez”. Justo el pasado martes, las entidades del sector inmobiliario catalán interpusieron un recurso de alzada ante el departamento de Territorio contra la proclamación de estas 140 localidades como zonas tensas, ya que consideran que se ha hecho sin contar con los Ayuntamientos. Capella también ha pedido a Sánchez la cesión gratuita de las viviendas de la Sareb, el llamado banco malo, que sean adecuadas para las necesidades de Cataluña, donde se podrían ubicar viviendas públicas a precio asequible y de alquiler.

El Sindicato de Inquilinos, una de las plataformas que ha estado detrás de la reivindicación de un control de los precios del alquiler, ha reaccionado con indignación al resultado de la reunión. En un comunicado, ha acusado al Ministerio de bloquear la aplicación de la regulación, y se ha preguntado: “¿Qué sentido tiene hacerlo en la única comunidad autónoma que quiere utilizar [la ley]?”. El sindicato ha reclamado a los partidos que no se planteen la investidura de Pedro Sánchez hasta que se aplique la regulación.

Acuerdos en infraestructuras

Donde sí ha habido acuerdo entre las dos partes es en el ámbito de las infraestructuras y las inversiones. Aunque Capella parte de unas reclamaciones de máximos —especialmente, el traspaso íntegro de la red de Rodalies a la Generalitat, una de las demandas que Esquerra Republicana ha hecho a Pedro Sánchez en el marco de las negociaciones para la investidura—, estas no se han discutido en la reunión, ya que no figuraban en el orden del día. Sánchez y Capella han acordado duplicar, antes de final de año, la frecuencia de los trenes de Rodalies en la provincia de Lleida, en una línea, la R12, que gestionará la Generalitat mediante Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a partir de 2025. De hecho, el compromiso de duplicar las frecuencias ya se alcanzó en 2021.

Capella y Sánchez también han pactado mejorar el tiempo de respuesta a las incidencias de la red, así como en la transparencia y la información de estos fallos. Este acuerdo llega después de un verano repleto de incidencias —en los últimos 60 días ha habido 26 incidencias graves, según la carta que el departamento envió al Ministerio, y Capella ha recordado que en ocho de cada diez días se registran incidencias en la red—, en el que el Govern ha elevado quejas al Gobierno y ha reclamado una y otra vez el traspaso de la gestión de Rodalies.

El otro ámbito de acuerdo se ha alcanzado en las inversiones. Ambas partes han pactado que dentro de un mes tienen que estar listos los textos de los convenios y protocolos para llevar a cabo las inversiones pactadas en la N-260 (eje pirenaico), la N-II en la comarca del Maresme, la mejora de la conectividad en la AP-2 y la AP-7, los intercambiadores ferroviarios en Sant Cugat del Vallès y Rubí, y la polémica construcción de la Ronda Norte, o B-40, entre Terrassa y Sabadell pasando por Castellar del Vallès. La redacción de los textos en el próximo mes permitirá firmarlos antes de finales de año y tener ya la dotación presupostaria de 914 millones de euros para llevar a cabo las inversiones. Por otro lado, Capella ha explicado que en la reunión la ministra también se ha comprometido a abonar “inmediatamente” los 200 millones de euros correspondientes al cumplimiento para este año de la disposición adicional tercera del Estatuto.

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