El sector inmobiliario catalán recurre ante la Generalitat la declaración de zona tensionada por la vivienda en 140 municipios

A la espera de que el Gobierno dé luz verde a la Generalitat de Cataluña para que empiece a aplicar la Ley por el Derecho a la Vivienda, el sector inmobiliario catalán mueve ficha para evitarlo. En un comunicado conjunto, los promotores, agentes de la propiedad, administradores de fincas y agentes inmobiliarios han explicado este martes que han presentado un recurso de alzada ante el departamento de Territorio contra la declaración de 140 municipios como zonas de mercado residencial tenso, ya que consideran que esta catalogación se ha hecho sin contar con el consenso de los ayuntamientos afectados. Este recurso es el paso previo para la interposición de un recurso contencioso-administrativo.

Tras la aprobación, el pasado mes de mayo, de la Ley por el Derecho a la Vivienda, tocaba a las comunidades autónomas activar los mecanismos para que se pudiese aplicar la norma en cada uno de los territorios. Uno de los requisitos previos era elaborar una lista de municipios considerados como “zonas de mercado residencial tenso”, es decir, zonas en las que el coste medio de la vivienda es superior al 30% de los ingresos medios de la unidad familiar, o en las que el precio medio de las viviendas haya subido tres puntos por encima del IPC en los cinco años previos. Una vez elaborada esta lista, y aprobada por el Ministerio de Transportes, la comunidad autónoma podrá empezar a aplicar aspectos de la ley como el tope a la actualización del precio de los alquileres, o implementar el índice de referencia para los precios.

Desde la aprobación de la ley, el gobierno catalán ha trabajado para aplicarla “lo antes posible”, según dijo la consejera de Territorio, Ester Capella, y lo tenía más fácil que otras comunidades porque contaba con mecanismos parecidos contenidos en la ley catalana de vivienda aprobada en 2020, y que el Tribunal Constitucional tumbó en marzo de 2022. En junio inició los trámites para declarar 140 municipios como zonas tensionadas, y el 22 de agosto remitió la lista al Ministerio de Transportes. En esos dos meses, el Govern recibió un alud de alegaciones por parte de entidades del sector inmobiliario y otras instituciones, y las resolvió aceptando dos cambios: rebajó el número de inmuebles que tiene que tener un propietario para ser considerado gran tenedor de “más de 10″ a “cinco o más” y señaló que los promotores sociales no serían considerados grandes tenedores —las dos medidas permiten que los beneficiados tengan más libertad de fijar precios, porque solo los grandes tenedores tienen que atenerse a los precios de referencia del índice que debe elaborarse según la ley de vivienda—. También, según fuentes del sector inmobiliario que presentó las alegaciones, el Govern aceptó que el índice de referencia tiene que estipularlo el Gobierno, y que tiene que presentar un precio mínimo y un precio máximo.

Ahora, mientras el Govern espera la respuesta del Ministerio —la consejera Capella se reúne con la ministra Raquel Sánchez este miércoles, para hablar sobre los incidentes en la red de Rodalies, pero también para tratar sobre la aplicación de la ley de vivienda— el sector inmobiliario ha contraatacado presentando un recurso de alzada, como paso previo al recurso contencioso-administrativo.

Las entidades — el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas, el Consejo de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad, la Asociación de Agentes Inmobiliarios, el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Cataluña y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña— entienden que la lista de 140 municipios se ha hecho sin una memoria justificativa para cada una de las localidades, es decir, sin especificar por qué cada municipio tiene que ser declarado como tenso en cuanto al mercado residencial. “Se ha hecho sin hablar con los Ayuntamientos, se ha tirado millas, y quizá hay algunos que no quieren ser catalogados como zona tensionada”, apuntan fuentes del sector. Las entidades también consideran que falta un plan específico para corregir el desequilibrio entre oferta y demanda, especificando qué actuaciones hacen falta para dar respuesta a las necesidades que tiene cada municipio. Además, consideran “sesgada” la sección en la que se describen los requisitos para declarar la zona de mercado tenso y afirman que “no corresponde a la definición que hace la Ley de la Vivienda” en asuntos como el cálculo del gasto que deben soportar las familias.

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