Alud de alegaciones contra la declaración de “zonas tensionadas” donde se podrá topar el precio del alquiler

Colegios profesionales, la Cámara de la Propiedad, ayuntamientos o el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) preparan alegaciones contra el listado de 140 municipios declarados zona de mercado inmobiliario tenso que presentó hace unas semanas la Secretaría de Vivienda del Govern y que es uno de los pasos previos para poder regular el precio del alquiler según la nueva Ley de Vivienda. Las alegaciones pueden presentarse hasta este miércoles 19. El cuestionamiento del listado llega con argumentos a veces contrarios: el sector inmobiliario pone en duda la metodología y las fuentes de los datos; el AMB pide que sus 36 municipios sean considerados un único mercado. Y hay ayuntamientos que no están en la lista y pedirán ser incluidos. También hay empresas que, pese a rechazar la ley, optan por no alegar: porque siempre están a tiempo de recurrir judicialmente; y porque aguardan el desenlace de las elecciones, pensando que un relevo en la Moncloa podría poner en riesgo la nueva legislación y que no se llegara a aplicar. En cualquier caso, varias de las fuentes dan por hecho que si el Govern no responde favorablemente a las alegaciones, presentarán recurso contencioso-administrativo a los tribunales.

La Cámara de la Propiedad Urbana: niega que Barcelona tenga un mercado de vivienda tenso. A inicios del mes de junio, la Cámara hizo público un estudio que considera que la ciudad no tiene un mercado tenso de vivienda. Su informe asegura que el esfuerzo medio de las familias de la ciudad en 2022 no superó el 30% de sus ingresos --una de las condiciones que la ley fija para declarar el mercado tenso-- sino que fue del 22,4% en el caso de los inquilinos y del 24,1% para quienes pagan hipoteca. La Cámara señaló también que la variación del precio de alquileres y pisos de compra no supera más de tres puntos la variación media del IPC de los últimos tres años, la segunda condición que fija la norma. El gerente de esta institución, Oscar Gorgues, argumenta: “Creemos que no se está siguiendo el procedimiento que fija la ley, la memoria es incompleta, y la documentación que apuntala el informe es de hace años”. “La valoración de las dos cláusulas determinantes tiene muchas grietas”, concluye y señala que para calcular la renta la Secretaría de Vivienda no ha utilizado el mismo indicador que cuando entre septiembre de 2020 y marzo de 2022 estuvo en vigor la Ley Catalana de Contención de Rentas (11/2020). “Las bases de datos se han cambiado para favorecer que salgan los resultados deseados”, asegura.

APIS: el papel de los Ayuntamientos y la falta de índice de precios de referencia. El director del área jurídica y portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña, Carles Sala, explica que las alegaciones que prepara el colectivo “abordan distintos frentes, entre otros, que la tramitación se ha hecho sin contar con los Ayuntamientos (en la ley catalana solo la mitad del listado actual solicitó ser área tensa)” o cuestiones relacionadas con la voluntad de la Generalitat de declarar mercado tenso en municipios que no tienen índice de precios de referencia. Sala conoce bien la regulación catalana, porque fue Secretario de Vivienda durante dos periodos en las dos últimas legislaturas (la actual, hasta que se rompió la coalición entre ERC y Junts) y se refiere, cuando habla del papel de los Ayuntamientos, a que en la 11/2020 eran ellos quienes solicitaban ser declarados área tensa.

Administradores de fincas: corregir errores en los cálculos. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Llorenç Viñas, considera que “hay aspectos de la declaración de municipios tensionados que no están bien planteados”. Con las alegaciones, explica, pretenden “ayudar a la Generalitat para que corrija errores en los cálculos, porque entendemos que no hay exactitud de acuerdo a lo que fija la ley: hay valores y referencias temporales no adecuados”. Y añade: “Siempre con la pretensión de máxima colaboración, no es un recurso [contencioso, a los tribunales], en todo caso esto vendrá en el futuro”.

Área Metropolitana de Barcelona: un solo mercado tenso que agrupe a los 36 municipios. Fuentes del organismo que agrupa a Barcelona y los 35 municipios del entorno confirman que presentarán alegaciones “para pedir que todo el AMB sea considerado como un único ámbito a efectos de ser declarado mercado tenso, porque el mercado de necesidad de vivienda es único debido a las subidas de precio en la ciudad central”. Las mismas fuentes apuntan que en el listado de los 140 municipios faltan algunos de los 36 que agrupa el AMB, como Begues o Pallejà. “El AMB necesita que se apliquen políticas de vivienda homogéneas” apuntan las mismas fuentes.

Municipios turísticos que creen que son mercado tenso y quieren estar en la lista. Entre quienes alegarán contra el listado de mercado tenso también hay Ayuntamientos de zonas turísticas de costa o montaña cuyos habitantes sufren las consecuencias de precios por las nubes y / o falta de pisos de alquiler, y pedirán ser incluidos en el listado para poder regular las rentas. En el Pirineo, por ejemplo, Viella, que tiene más segundas residencias que primeras, el alcalde se plantea pedir que la población entre en el listado, como la de Vall de Boí, con varios núcleos donde es imposible encontrar vivienda a sus jóvenes.

Empresas pendientes de las elecciones. La inmobiliaria Don Piso, una de las veteranas (casi 40 años en el mercado), es una de las compañías del sector que cuestionan la Ley de Vivienda y aguardan el desenlace de las elecciones del próximo domingo para tomar cualquier decisión al respecto. Tanto el PP como Vox prometen en sus programas electorales derogar la Ley de Vivienda aprobada por el actual Gobierno de coalición en funciones entre PSOE y Unidas Podemos. El subdirector general de Don Piso, Emiliano Bermúdez, ve “intervencionismo” en la regulación del precio de los alquileres y considera que la solución es “generar viviendas de alquiler y regular el alquiler de temporada”, una modalidad de contratos de menos de un año a la que algunos propietarios recurren y que entiende que es “un agujero” en la nueva norma. Cualquier actuación, como un recurso, “no se decidirá hasta que se clarifique la situación política”, añade.

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