Cataluña apuesta por aplicar en septiembre el tope al alquiler de la ley de Vivienda

Es cuestión de días que la Generalitat publique en su diario oficial (DOGC) la memoria definitiva de la aplicación en Cataluña de la Ley por el derecho a la vivienda, una vez atendido el trámite de alegaciones. El envío del documento al Ministerio de Transportes y su posterior resolución le permitiría erigirse en la primera comunidad autónoma en aplicar los topes de precios de alquiler que contiene la norma. En función de la diligencia ministerial (la norma prevé que para usar un índice autonómico, el Ministerio antes tiene que homologarlo), la Generalitat considera que a partir de septiembre 140 municipios que concentran el 80% de la población catalana podrían ser considerados mercados residenciales tensionados. Esto tendría como consecuencia que en esas zonas de gran presión empezarían a funcionar los controles de renta, basándose en el índice de precios creado por la Administración autonómica. Pero antes es necesaria la convalidación de ese sistema, un proceso que la ley estatal no regula y en que, para cumplirse los plazos que maneja la administración autonómica, tendría que acometer el Gobierno en funciones.

La definición de las zonas tensionadas que prevé la norma estatal se basa en dos conceptos, básicamente: si el precio de la vivienda supone para sus residentes un gasto superior a un 30% de su renta —en Barcelona supera el 50%, según el Gobierno catalán— o bien si sus precios del alquiler han subido más de tres puntos por encima que el IPC en el último quinquenio.

El Ejecutivo autonómico se encuentra en la recta final de todo el procedimiento normativo después de cerrar el proceso de enmiendas. Empresas privadas, entidades sin ánimo de lucro y Administraciones públicas presentaron en torno a 50 enmiendas para intentar modificar los planes iniciales de la Generalitat. Al final, no obstante, esas alegaciones únicamente han supuesto dos cambios respecto a los planes iniciales: se rebaja de diez a cinco el número inmuebles en una misma zona tensionada que se tiene en cuenta para considerar a un gran propietario (algo que permite hacer la ley de vivienda) y se excluye de esta categoría a los promotores cuyo objeto sea la promoción de inmuebles de protección social destinados al alquiler.

Las dos modificaciones no son triviales, puesto que ser considerado gran propietario supone la pérdida de mayor libertad para fijar los precios. Los pequeños propietarios podrán estipularlos a partir de los anteriores contratos e incluso aumentarlos hasta un 10% en el caso de haber realizado obras de mejora de la vivienda. Esto permite librarse de los “precios de referencia” fijados en un índice estatal o autonómico y que sí funcionan como tope para los grandes propietarios.

La consellera de Territorio, Ester Capella, ha reconocido este miércoles la posibilidad de que actores relevantes del mercado inmobiliario inicien una batalla legal contra la memoria catalana de la ley. En ese sentido, ha defendido que la Generalitat “defiende el derecho a la vivienda” y que espera que los jueces aboguen en sus resoluciones por “esa función social” cuando tengan que dirimir entre “los intereses de los ciudadanos o los de los propietarios, que también tienen una función social”.

No es el único obstáculo al que se enfrenta el actual articulado de la ley de vivienda. El Parlamento catalán votará el 1 de septiembre si la lleva al Constitucional con Junts y ERC, que la apoyó en el Congreso, decididos a hacerlo al considerar que vulnera las competencias de la Generalitat. Así lo ha determinado el Consejo de Garantías Estatutarias en un dictamen solicitado por la formación comandada por Carles Puigdemont. La cuestión es si PP, Ciudadanos y Vox, contrarios a la norma, podrían sumar sus votos a los del independentismo y poner en un brete a la norma.

El dictamen establece que los artículos 2, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, y las disposiciones transitorias primera y segunda y la séptima del apartado final asumen competencias exclusivas de la Generalitat. El punto 18, referente a las zonas tensas de alquiler, eleva la complejidad de poner en vigor la norma. Capella ha restado importancia a ese recurso y ha negado que se trate de una “contradicción”. “Luchamos por todas las competencias de Cataluña”, ha asegurado.

El Gobierno catalán reivindica todavía la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Contención de Rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, que aprobó en 2020 el parlamento autonómico y que tenía el mismo objetivo de limitación de precios que la actual norma estatal. El texto fue anulado por el Tribunal Constitucional al considerar que algunos de sus preceptos suponían una invasión de competencias estatales. El índice de referencia de precios del alquiler que se puso entonces en marcha es el que reivindica ahora el Ejecutivo como referente. Su funcionamiento durante algo más de un año ha permitido elaborar diferentes informes sobre sus ventajas y desventajas y la consecución de los objetivos. Son mayoría los que señalan que no supuso una mejora para la contención de los precios del alquiler, al menos en los pisos de pequeñas dimensiones.

El Sindicato de Inquilinos de Cataluña ha apremiado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a publicar “de inmediato” el listado de áreas tensionadas para que la regulación de alquileres entre en vigor en Cataluña. “El precio del alquiler quedará regulado en 140 municipios de Cataluña una vez entre en vigor la regulación. Ahora la pelota está en el tejado del ministerio y cada día que pase sin aplicar la regulación los alquileres seguirán subiendo”, ha enfatizado el Sindicato de Inquilinos, que ha subrayado las dificultades de encontrar un piso de alquiler por menos de 800 euros en Barcelona.

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