El Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite la denuncia de Greenpeace contra la decisión del Supremo de 2022 de considerar urbanizables los terrenos en los que se levanta el complejo ilegal en tanto que el Ayuntamiento de Carboneras no modifique su PGOU
El Ayuntamiento de Carboneras asegura que en junio podrá empezar a cumplir con los fallos judiciales para derribar el edificio, mientras arranca el juicio contra 28 ecologistas por una pintada hace diez años
El Ministerio de Vivienda responde que la norma, solicitada por comunidades y ayuntamientos, busca “dar estabilidad jurídica a unos instrumentos de planeamiento que hoy no la tienen”
El representante del ministerio público considera que la condena europea por la contaminación en Madrid y el área metropolitana de Barcelona “es una importante llamada de atención a las autoridades españolas”
Los jueces descartan que se pueda derribar este símbolo de la degradación del litoral mientras el Ayuntamiento no anule la licencia de obras que le concedió hace casi 20 años
Tras 15 años de sentencias condenatorias, los jueces alegan que su derribo todavía es improcedente porque cuenta con licencia urbanística del Ayuntamiento de Carboneras
Esta activista de Greenpeace cuenta cómo ocupó durante tres noches una habitación con vistas al mar de este edificio ilegal, cuando se cumplen 15 años de la paralización de las obras. Un juzgado ha abierto juicio oral contra 28 de sus compañeros por otra protesta de este tipo
Las enormes dificultades para hacer cumplir las demoliciones dictadas desde los tribunales mantienen en pie múltiples construcciones fuera de la ley, en algunos casos desde hace más de 25 años
La burbuja inmobiliaria, acrecentada por el auge del turismo, dio lugar a una realidad plagada de desastres urbanísticos en nuestras playas. Estos son los ejemplos más sonados
Si para desmontar una perversión urbanística notoria han sido necesarios 10 años ¿cuántos decenios harán falta para corregir todos los atropellos cometidos en la costa?
El tribunal analiza esta semana si los suelos en los que se levantó son urbanizables
La construcción del edificio se paralizó por orden judicial en febrero de 2006
La consejera está convencida de que la Administración tiene que darle una salida a estas viviendas "La solución no es legalizar, es regularizar”, precisa
La Consejería de Medio Ambiente insiste en que inscribirá a su nombre los suelos a pesar del rechazo de la promotora a cedérselos por 2,3 millones de euros
El Gobierno andaluz temía que la promotora intentase rematar la construcción del hotel
La Administración admite que “el fin último es demoler” el edificio