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La Junta y el Gobierno acuerdan el plan para demoler El Algarrobico

El Ejecutivo andaluz citará a la empresa propietaria del hotel para hacerse con el terreno y poder demoler la edificación

Manuel Planelles

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La Junta de Andalucía y el Gobierno central, que se han reunido este miércoles en la comisión mixta sobre el hotel de El Algarrobico, han acordado la ruta a seguir para demoler esta construcción después de las últimas sentencias del Tribunal Supremo. El Gobierno andaluz citará en los próximos días a la empresa propietaria del hotel para que acepte entregar los suelos y la construcción a la Administración a cambio de 2,3 millones de euros, como fijaba el retracto de 2006 que fue avalado por la justicia en febrero de este año. Si la empresa acepta, se podrá demoler. Si se niega, previsiblemente, empezará una nueva batalla judicial. 

Hotel levantado en la playa de El Algarrobico, en Carboneras.
Hotel levantado en la playa de El Algarrobico, en Carboneras. BERNARDO PÉREZ

Fuentes de la Junta de Andalucía sostienen que la notificación a Azata, que construyó este hotel en el municipio almeriense de Carboneras hace más de una década, para que acuda a la delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se realizará en los próximos días, cuando se concluya el informe de utilidad pública que se necesita para hacer efectivo el retracto de 2006, que ha sido avalado por el Tribunal Supremo. 

Si la empresa acepta entregar los suelos y el edificio, "se procederá a la demolición del hotel, el desescombro y la restauración del lugar", según el documento que han aprobado este miércoles el Gobierno y la Junta. "Todo ello en base al protocolo general de colaboración y a los compromisos adquiridos por ambas Administraciones". Esos compromisos establecen que el Gobierno se hará cargo de la demolición y la Junta del desescombro y la restauración de la zona. Un informe encargado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2012 estableció que el coste total de la demolición y restauración del paraje era de 7,1 millones.

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Que la empresa acepte sería el mejor de los escenarios, ya que se acortarían mucho los plazos para cumplir la promesa de estas dos Administraciones de derribar esta polémica construcción. Sin embargo, Azata ya rechazó hace unos meses aceptar ese retracto.

El documento aprobado este miércoles, al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece que, en caso de que exista esa negativa por parte de la empresa, se acudirá a la vía judicial de nuevo, donde el caso del hotel lleva enredado desde hace más de una década. Para ese segundo escenario, el documento prevé que "se solicitaría de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, un incidente de ejecución" en el que "se ponga de manifiesto la intención de ejecutar el retracto y la imposibilidad de efectuarlo, solicitando del órgano judicial que ordene la ejecución judicial del mismo".

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Pero ambos Gobiernos reconocen que del TSJA pueden salir varias opciones. Por un lado,  los magistrados podrían determinar que no es de su competencia este asunto y que la Junta debe ir a la vía civil. En ese caso, el documento prevé que "deberá acudirse bien al Registro de la Propiedad o bien al juzgado de primera instancia que por turno corresponda para el ejercicio del derecho de retracto". Esto, se apunta en el documento, abriría la puerta a "recursos ante la Audiencia Provincial de Almería y el Tribunal Supremo, en su caso", con lo que la demolición se retrasaría durante años.

En este complicado caso también hay dudas sobre el alcance del retracto que la Junta aprobó en 2006 y que no fue avalado por el Supremo hasta febrero de este año. No está claro si la Junta sería propietaria solo de los suelos o también de lo construido, es decir, del hotel declarado ya ilegal. Por eso en el documento se contempla la posibilidad de solicitar al TSJA que determine "el ámbito del ejercicio de retracto", si afecta al suelo solo o al suelo y a lo edificado. Si el TSJA fijara que la Junta es la propietaria del suelo y el vuelo, se procedería a la demolición. "Si la sala determinase que el retracto procede respecto del suelo, pero no del vuelo, deberán decidirse las actuaciones procedentes", es decir, se iniciaría, previsiblemente, otro proceso judicial.

Sobre la firma

Manuel Planelles
Periodista especializado en información sobre cambio climático, medio ambiente y energía. Ha cubierto las negociaciones climáticas más importantes de los últimos años. Antes trabajó en la redacción de Andalucía de EL PAÍS y ejerció como corresponsal en Córdoba. Ha colaborado en otros medios como la Cadena Ser y 20 minutos.

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