La espiral de advertencias de la justicia e incumplimientos de Carboneras que lastra la solución judicial para demoler El Algarrobico

16 de mayo de 2022. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dicta una providencia en la que apercibe al alcalde de Carboneras con imponerle una “multa coercitiva de 250 euros” semanal hasta que dé “perfecto cumplimiento” a la sentencia dictada en 2016, y ratificada por el Supremo en 2018, que obliga a ese ayuntamiento a calificar como no urbanizables en el PGOU los suelos sobre los que se asienta el hotel del Algarrobico.

15 de septiembre de 2025. El mismo tribunal advierte al regidor de la “posible imposición de una multa coercitiva y su reiteración hasta el exacto y pleno cumplimiento de lo ordenado”, es decir, que publique en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo del pleno adoptado el pasado 31 de julio en el que se declara que esos terrenos no son urbanizables y que es requisito indispensable para que tengan validez.

En estos cuatro años han cambiado los alcaldes amenazados -José Luis Amérigo (PSOE), entre 2016 y 2023; Felipe Cayuela (PP), de julio de 2023 a marzo de 2024; y el actual, Salvador Hernández (Ciudadanos), desde marzo de 2024-; el TSJA ha dictado al menos ocho providencias similares, en las que apercibe a los regidores con multas si en el plazo de 10 o cinco días no le informan del cumplimiento de la sentencia, pero ese fallo no se ha ejecutado, casi 10 años después de dictarse.

“El Ayuntamiento de Carboneras lleva cuatro años mareando la perdiz para un trámite que se puede resolver en cuestión de días”, se lamenta José Ignacio Domínguez, el abogado de Greenpeace, que en este tiempo ha instado al alto tribunal andaluz a cumplir con su amenaza e imponer las multas para agilizar el procedimiento para la demolición del hotel, sin que ninguna de ellas se haya hecho efectiva.

Las providencias del TSJA para exigir al Ayuntamiento de Carboneras que cumpla con la sentencia de 2016 son como el cuento de Pedro y el Lobo, para Domínguez. “No creo que esta sirva tampoco para nada”, se lamenta. Sin embargo, esta es la ocasión en la que más cercano podría estar el desenlace que permitiría soñar con que la demolición del hotel ilegal es posible. La declaración de suelo no urbanizable es un paso previo necesario para poder revocar la licencia de obras que, de acuerdo con el fallo del Supremo de 2021, es legal en tanto que no se modifique el PGOU.

Esa modificación tuvo lugar, por fin, el pasado 31 de julio. El pleno de Carboneras aprobaba anular la clasificación como urbanizable de los sectores ST1 y ST-2, donde se levanta el polémico hotel. Sin embargo, esta modificación por sí sola no basta, tal y como advirtió Greenpeace este verano, puesto que el acuerdo debe ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y registrado en el Sistema de Información Territorial y Urbanística de Andalucía. Un trámite con el que aún no había cumplido el equipo de gobierno carbonero y que el propio TSJA le había exigido en otra providencia dictada el pasado mes de marzo y que es a la que alude ahora en su último escrito, en el que apercibe al actual regidor para que cumpla con esa publicación. “Ha transcurrido en exceso el plazo concedido”, subraya el alto tribunal en su escrito, fechado el pasado lunes.

Este último ultimátum, sin embargo, sí parece que ha surtido efecto y este mismo miércoles, según aseguran fuentes municipales, “se ha dado traslado desde el Ayuntamiento para publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la documentación correspondiente”. Las mismas fuentes recuerdan que también se ha remitido la modificación del PGOU al TSJA, que ha dado un plazo de 10 días a las partes para que presentaran alegaciones, y que el pasado 26 de agosto también se trasladó ese mismo escrito a la Consejería de Fomento, para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos. “Se siguen dando los pasos necesarios para dar cumplimiento a lo marcado por la justicia y respetando los procedimientos establecidos por la normativa andaluza en materia de ordenación del territorio”, indican desde el Ayuntamiento.

La Junta de Andalucía, personada en la causa, considera, no obstante, que la decisión de optar por la modificación el PGOU es una nueva “práctica dilatoria” por parte del ayuntamiento carbonero que “retrasa el cumplimiento de la sentencia”. Según el escrito que la administración autonómica ha remitido al alto tribunal andaluz, la resolución judicial no obliga a actuar sobre el PGOU, sino que basta con “hacer figurar en el PGOU la clasificación de los terrenos como no urbanizables”.

Maniobras dilatorias

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Carbonera maniobra para dar la apariencia de que cumple con la sentencia, si bien, por distintos motivos, se le ha acabado señalando por incumplir con la legalidad. “Esta es la tercera vez que se aprueba la modificación del PGOU en un pleno”, recuerda el abogado de Greenpeace. La primera fue en 2018, “pero entonces tampoco se publicó en el BOP porque alegaron que no tenían secretario”, recuerda Domínguez, sobre una excusa que también ha esgrimido el actual alcalde en los últimos meses para justificar que no podía convocar el pleno para la modificación del PGOU.

En abril de 2023, el pleno declaró no urbanizables los terrenos del Algarrobico pero con una redacción torticera que hacía recaer la ilegalidad de la construcción en los “efectos sobrevenidos” provocados por las sentencias judiciales, y no en el hecho de que fuera ilegal desde el principio. La Junta de Andalucía impugnó el pleno y el TSJA lo anuló. En 2024, el Ayuntamiento volvió a aprobar la modificación, pero fue obligado a corregirla porque había incurrido en errores que alteraban su contenido de manera sustancial. El pasado mes de abril, y tras un nuevo apercibimiento por parte del alto tribunal por desobediencia, el consistorio remitía a los magistrados varios documentos técnicos con la corrección de errores tipográficos en los que manifestaba “su intención de cumplir”.

Y aunque hubiera bastado con redactar de nuevo el texto con la eliminación de los fallos, el equipo de Gobierno decidió convocar un nuevo pleno, el del 31 de julio, para aprobar una nueva modificación del PGOU. “No era necesario, bastaba con cumplir lo que el TSJA le había pedido en abril, llevan cinco meses de retraso”, recalca Domínguez.

“Esto viene del año 2009, la perdiz la llevamos mareando desde entonces, cuando tuvieron que adaptar las normas subsidiarias a la nueva normativa andaluza y transformar las normas subsidiarias en el PGOU, allí es cuando se hizo el desaguisado. Dijeron que habían recibido un plano de la Consejería de Medio Ambiente, un plano que era falso, en el que se aseguraba que El Algarrobico era urbanizable. Nosotros recurrimos y todavía seguimos con esto. Lo que aquí se está pidiendo es que anule esa adaptación de las normas subsidiarias al PGOU”, resume el abogado de Greenpeace el origen del embrollo administrativo que es uno más de los ovillos que enmarañan la complicada madeja judicial en la que se ha convertido el caso del Algarrobico.

En el caso de que el TSJA avale la modificación del PGOU con la anulación del carácter urbanizable de los suelos, para poder iniciar la demolición del hotel, debería darse un paso más: la anulación de la licencia, una iniciativa que también debería realizar el Ayuntamiento de Carboneras, que ya ha demostrado su habilidad para dilatar trámites. Esta vía judicial es por la que aboga la Junta de Andalucía para lograr hacer desaparecer de la mole de hormigón construida en el Parque Natural de Cabo de Gata. El Gobierno central, sin embargo, ha acelerado la vía de la expropiación, que aprobó el pasado mes de febrero, A finales de agosto comunicaba a la promotora del hotel, Azata del Sol, que rechazaba el recurso de alzada que presentó contra la decisión de expropiar los terrenos de titularidad estatal sobre los que se asienta la construcción, poniendo fin a la vía administrativa.

Ninguna de las dos, sin embargo, va a garantizar la demolición del Algarrobico a corto plazo. En las dos décadas que lleva en pie, el hotel no solo ha pasado a ser un símbolo del urbanismo salvaje y especulador en el Mediterráneo, es también un vergonzoso ejemplo de la desidia de las administraciones por solucionar una anomalía que nadie, salvo la promotora, pone en duda.