“Todos los responsables miraban para otro lado con las casas ilegales”

María Jesús Serrano (Baena, Córdoba, 1970) debe materializar la modificación de la ley urbanística para regularizar unas 25.000 casas en parcelaciones aisladas. La consejera de Medio Ambiente dice que se trata de ampliar el decreto de 2012 para evitar la “desigualdad de trato” con algunos propietarios que no pudieron acogerse a esa regularización. “No es un problema creado por el Gobierno, pero hay que responder”.

Pregunta. El decreto de 2012 se aprobó a dos meses de las autonómicas. El de ahora será a pocos meses de las municipales. ¿Es un decreto electoralista?

Respuesta. No. Ha sido pura coincidencia. Desde que estoy en la consejería, y ya llevo 13 meses, estamos trabajando en mejorar el decreto de 2012. Mi vocación es municipalista y la realidad es que los alcaldes de todo signo político nos decían que les era muy difícil aplicar el decreto de 2012 si no se hacía esa modificación. Es un tema en el que llevamos trabajando casi desde el minuto uno. Todavía faltan bastantes meses para las municipales. Para nada es un decreto electoralista.

P. ¿IU sí ha dicho que cree que el anuncio es electoralista?

IU y Fomento saben que llevamos meses trabajando en el decreto, consejera de Medio Ambiente

R. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Saben que llevamos meses trabajando. IU y Fomento saben que nos hemos sentado como mínimo en dos ocasiones antes de que la presidenta lo anunciara y que no es una cuestión que no esté meditada.

P. “Promueve una amnistía legal porque va a obviar o a fomentar una ilegalidad”, dijo IU del decreto en 2012.

R. Sí, ellos en su momento no estaban de acuerdo con ese decreto porque no eran parte del Gobierno. Pero eso no quita para que le pueda yo leer otras frases que han dicho recientemente, también muchos alcaldes de IU, en las que reconocen que es una realidad. Estamos pensando en casos en los que ya han prescrito las acciones disciplinarias desde el punto de vista administrativo o penal. Están ahí y algo habrá que hacer. No podemos ni emprender las sanciones y hay que darles una solución. Y no es legalizar, es regularizar.

P. ¿Qué ocurrirá con las casas con un proceso penal abierto?

R. Será el juez el que tenga que decidir.

P. Reino Unido les ha pedido una solución para las casas ilegales de británicos con procesos judiciales abiertos.

“Reino Unido nos ha pedido una solución, pero el cambio no es por sus presiones, consejera de Medio Ambiente

R. Pero nosotros no tenemos competencia ahí. Reino Unido nos ha pedido, dentro de las relaciones cordiales que se pueden tener con los Gobiernos de distintos países, una posible solución a este tema y a otros que le preocupan. Pero esto no se ha hecho por presiones del Reino Unido.

P. Los fiscales se quejan de que el decreto de 2012 ha incrementado los fallos absolutorios. ¿Puede ocurrir ahora lo mismo?

R. Entendemos que no. Respetamos profundamente a la justicia. Hacemos las normas y los jueces y los fiscales tienen que ejercer su actividad. Pero entendemos que esto no debe ser un efecto llamada. El Gobierno andaluz sostiene que las normas se deben respetar y hay que concienciar a los ciudadanos. Y creo que afortunadamente esto se está consiguiendo porque hace 10 ó 20 años no había esa conciencia de que construir en suelo no urbanizable era un delito. Hoy ya creo que se está empezando a comprender que es un delito y que no se puede construir sin licencia. Pero hay una realidad: lo que hay ya construido y a lo que no se le puede aplicar acciones disciplinarias porque ha prescrito el plazo legal.

P. Pero lo que hay se hizo incumpliendo las normas.

R. Lo que hay se hizo incumpliendo las normas, pero es una realidad que está ahí por diversos motivos, de responsabilidad de toda la sociedad. Hace 10 ó 15 años no se pensaba que construir en el campo era ilegal. Fue en 1996 cuando se tipificó el delito contra la ordenación del territorio. Y en el 2000 cuando nuestra ley de ordenación prohibió totalmente la construcción en el suelo no urbano. A lo mejor es un fracaso de todos los que tenemos competencias, puede que sí. Pero está ahí.

P. El mensaje que se manda es que al final va a quedar impune incumplir las normas…

R. Recuerdo una conferencia del juez Emilio Calatayud, que decía: piensen ustedes si no se han saltado alguna vez las normas. Por ejemplo, un semáforo en rojo o fumar en un lugar no adecuado. Partiendo de que es verdad de que las normas están para cumplirlas, tenemos que tener en cuenta que hace 10 años las personas no entendían que construir en tu terreno fuera un delito.

P. Dice que los ciudadanos no tenían conciencia, pero hubo hasta mítines en parcelaciones ilegales, por ejemplo en Córdoba.

R. Es que durante un tiempo todos los que tenían responsabilidad miraban para otro lado.

P. ¿Y usted cuando era alcaldesa miró para otro lado?

R. No. Procuré no mirar para otro lado.

P. ¿Y como exalcaldesa comprende que se hiciera?

R. Es complicado. Son realidades distintas. La realidad de ahora y la de antes son distintas porque no se tenía interiorizada esta cuestión. También creo que la crisis económica nos ha hecho plantearnos muchas cuestiones y hay más conciencia de que para construir tienes que tener una licencia y cumplir las normas.

P. ¿Por qué hay que regularizar 25.000 casas y hay que derribar El Algarrobico?

R. Porque El Algarrobico es el símbolo de lo que nunca debió construirse en la costa. Es un referente de la especulación. El Algarrobico está en uno de los parques más bonitos y espectaculares de Europa. Y ese paraje natural lo tenemos que conservar para el presente y el futuro. Tenemos que tener altura de miras y planificar una costa ordenada con garantías de que el turismo de sol y playa va a ser una industria que va a traer empleo. Si caemos en los errores del pasado y se hace una costa masificada y no ordenada nos encontraremos que los turistas se irán a otros destinos. Las viviendas que se van a regularizar, unas 25.000, no están en espacios naturales protegidos.

P. ¿Qué hizo mal la Junta con El Algarrobico?

“Vamos a unirnos al incidente de nulidad en el caso de El Algarrobico, consejera de Medio Ambiente

R. Me quedo con lo que se hizo a partir de 2005, cuando se determinó que esa edificación no podía estar ahí, a 45 metros de la playa y en esa ladera virgen.

P. Algo tan evidente como lo que está diciendo, ¿por qué lo admitió la Junta antes de 2005?

R. No lo sé. Todos podemos cometer errores y lo importante es rectificar.

P. Pero esos errores han desencadenado gran parte de lo que está ocurriendo ahora.

R. Sí, pero la licencia de obras la concedió el Ayuntamiento.

P. Sin oposición de la Junta.

R. Ni de la Administración estatal, ni de nadie. La ministra que deslindó la playa fue Cristina Narbona en 2005.

P. ¿Qué le parecen las contradicciones de los jueces del TSJA?

R. Respetamos las decisiones de los jueces pero en este caso no entendemos cómo en 2012 se dijo que el suelo era de especial protección y se nos ordenó elevar la protección y ahora la misma sala, aunque distinta sección, dice que el suelo es urbanizable. No lo entendemos. Además, la misma sección valida la licencia y dice que no incumple ni la ley de Costas. Me parece una auténtica barbaridad. Vamos a pelear para que el Supremo unifique criterios y mantenga la hoja de ruta que el TSJA tenía en su día: que el hotel está en un parque natural y que viola la Ley de Costas.

P. ¿Recurrirán en el Supremo el fallo de la licencia de obras?

R. Nos vamos a unir al incidente de nulidad. Lo han puesto los ecologistas, se ha unido el Estado y también nos unimos nosotros.

P. ¿Pero van a recurrir en el Supremo en interés de la ley?

R. No, no se puede. La sentencia es firme y no se dan los supuestos de interés de ley, ni de unificación de doctrina.