Sara Aagesen: “La agenda de Trump es la suya, la europea es la agenda verde”

Prácticamente nada ha cambiado en el despacho de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que ocupa desde noviembre Sara Aagesen (Madrid, 49 años). Casi lo único que se ha traído de decoración Aagesen al lugar que hasta hace tres meses habitaba Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea, es un cartelón de la COP21, la cumbre del clima de 2015 en la que se cerró el Acuerdo de París. Esa lona la usaban Aagesen y otros miembros de la Oficina Española de Cambio Climático durante la cumbre como telón de fondo de los resúmenes que hacían en un pequeño despacho de la COP a la prensa y otras instituciones sobre la marcha de las negociaciones.

La Oficina Española de Cambio Climático, que también dirigió Ribera en su día y en la que trabajó Aagesen, es la cantera verde para una quinta de mujeres imprescindibles en la transición energética y ecológica que está viviendo el país en los últimos años. Pero hace una década, en aquel 2015 de París, la oficina dependía del Ministerio de Agricultura, para muchos el cambio climático era solo una cosa de osos polares, y a algunos ministros de Energía ni se les pasaba por la cabeza acudir a una cumbre sobre calentamiento global. Hoy Transición Ecológica es el nombre y el primer apellido de un macroministerio estratégico.

Pregunta. Biodiversidad, energía, agua, residuos, reto demográfico, cambio climático, algo de movilidad... ¿Por qué es importante que exista un macroministerio así?

Respuesta. Es imprescindible porque la transición ecológica es el motor de un cambio que tiene tres grandes virtudes: protege a la sociedad, protege al medio ambiente y genera desarrollo económico. Necesitamos tener un macroministerio con esas competencias unidas. Una de las mayores virtudes es que tiene las competencias de medio ambiente y energía unidas, porque son dos caras de la misma moneda que históricamente han estado separadas y que ahora actúan de forma sinérgica. Es fundamental porque combatir la emergencia climática significa abordar la transición energética. Hemos hecho una gran transformación y una apuesta como país para que exista una agenda dominada por la transición verde y ecológica, y eso requiere de este macroministerio.

P. Con el avance de Trump y la ultraderecha en muchos lugares, ¿teme que esté calando el discurso de que la crisis climática ya no es una prioridad también en Europa e, incluso, en España?

R. Lo que me preocupa es que esté calando la desinformación. La información tiene que llegar de la mano de la ciencia y ser veraz. ¿Qué ocurre con Trump y sus políticas? Pues que no van en consonancia con lo que dice la evidencia científica, ni tampoco con el mundo financiero. Hace poco estuve en Davos y allí se decía alto y claro: de los diez grandes riesgos globales para los próximos diez años cinco son medioambientales. El primero son los eventos meteorológicos extremos y el segundo es la pérdida de biodiversidad. El quinto es la desinformación, el sexto son los posibles efectos adversos de la inteligencia artificial… No solo la ciencia, el mundo económico también nos dice que tenemos que abordar el cambio climático. Además, no tenerlo en cuenta en un continente como Europa y en un país como España es irresponsable y temerario. Pero además es que sobre todo creemos que es una gran oportunidad y lo estamos demostrando con datos. Lo que tenemos que hacer es contarlos, seguir ejecutando, y que otros países se sumen. La agenda de EE UU, la de Trump, es su agenda, la agenda europea es la agenda verde.

P. Pero algunas empresas están cuestionando el ritmo de ejecución, no tanto las metas.

R. Si modificar el ritmo es cambiar el calendario de los objetivos, creo que es un gran error. Si cambiar el ritmo es mirar de qué manera activamos actuaciones, como por ejemplo contar con la financiación adecuada, con la mano de obra adecuada o impulsar más innovación, ahí nos vamos a encontrar. Esa es la agenda europea y esa es la agenda de la brújula de la competitividad que ha presentado la vicepresidenta Teresa Ribera con Ursula von der Leyen. Pero esa brújula dice claramente que hay dos grandes principios: una Europa más competitiva, con sus cadenas de valor y su capacidad de fabricación, y la agenda verde. Los dos van de la mano.

P. ¿Le preocupa la pulsión desregulatoria que se está viviendo en Bruselas y lo que pueda ocurrir con el próximo reglamento ómnibus de la Comisión?

R. Vamos a estar muy atentos. Si de lo que se trata es de ganar en simplificación manteniendo los objetivos y además conseguimos ir avanzando en esta agenda, ahí estaremos. Pero no contemplamos la posibilidad de dar señales que distorsionen, por ejemplo, al mundo financiero. Los inversores piden certidumbre y eso es lo que ha dado Europa con nuestra agenda de transición ecológica. Vamos a conservarla.

P. ¿Hay riesgo de que más países abandonen el Acuerdo de París como ha hecho EE UU de la mano de Trump?

R. No creo que haya un riesgo de que más países abandonen el Acuerdo de París. Y lo que tenemos que hacer es trabajar para que el liderazgo europeo sea todavía mayor, para aunar esfuerzos, para que nuestra defensa del multilateralismo en algo tan importante como el cambio climático la usemos al máximo en todos los organismos exteriores.

P. ¿Cómo puede afectar a su ministerio la falta de unos Presupuestos Generales del Estado?

R. Los presupuestos son fundamentales para dirigir las líneas maestras en una política de un gobierno. Pero es verdad que ya hemos vivido unos presupuestos prorrogados y hemos conseguido unos datos económicos que nos sitúan como líderes entre las economías desarrolladas, con un 3,2% de crecimiento económico el año pasado. Hemos vivido un año extraordinario con los presupuestos prorrogados.

P. Y, más allá de los presupuestos, ¿le quita margen de maniobra esta endiablada legislatura en la que es tan difícil desencallar cualquier pieza legislativa?

R. Soy una persona que confía en los consensos. En el contexto actual es difícil de verlos, pero se pueden conseguir. Hemos visto cómo decayó un real decreto ómnibus, que tenía todo el sentido, y luego hasta el PP ha apoyado gran parte de esas medidas. Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios, porque esta agenda es una oportunidad también en los territorios que ellos representan.

P. Una de las medidas que se cayó fue el Plan Moves, de ayudas a la compra de coches eléctricos. ¿Cuándo se aprobará?

R. Esperamos que muy próximamente podamos llevar un nuevo real decreto al Consejo de Ministros y que las medidas del Moves estén en pleno funcionamiento con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, porque es importante dar esa certidumbre a los que están apostando por esa movilidad tan importante.

P. Precisamente tras el último Consejo de Ministros usted fue testigo del choque entre los socios de Gobierno. ¿Hay riesgo de adelanto electoral por la ruptura de la coalición?

R. No veo un riesgo de ruptura de la coalición. Lo que ocurrió el martes fue una noticia estupenda: el aumento del salario mínimo y, además, dentro de una tendencia desde 2018 nunca vista. Somos socios y vamos a seguir gobernando por mucho tiempo.

P. Otra batalla que no han logrado sacar adelante es la del impuesto a las energéticas, que finalmente PNV y Junts tumbaron. Esto vino precedido de las amenazas de las petroleras Repsol y Moeve (antigua Cepsa) de retirar inversiones de España si se aprobaba el gravamen. ¿Qué lectura hace?

R. España es un país para invertir, para invertir en los proyectos que tenían encima de la mesa tanto Moeve como Repsol. Y esas inversiones iban a llegar sí o sí a este país.

P. Lobbies de todo tipo están presionando por tierra, mar y aire contra el cierre de las nucleares. ¿Está dispuesto el Gobierno a modificar el calendario que se pactó con las propietarias, con las eléctricas?

R. El calendario nosotros no lo pactamos. Con lo cual, al Gobierno no le corresponde cambiar ningún calendario, si cambia será porque las empresas lo solicitan.

P. Bueno, se pactó con una empresa pública, Enresa, que gestiona los residuos radiactivos.

R. Yo diría que Enresa lo pactó porque fue mediador en un contexto extraordinariamente complejo, donde en 2019 había visiones muy distintas entre las propias empresas y había una que entregaba las llaves de la central para cerrarla. Lo que ocurría en 2019 es que se estaba apostando por cerrar centrales nucleares prácticamente en ese momento, incluso antes de que cumplieran sus 40 años de vida útil, solo hay que tirar de hemeroteca, el desacuerdo era entre ellas. Si las empresas tienen intención de hacer un cambio de calendario, son ellas las que lo tienen que solicitar. Pero insisto en lo que decimos siempre: ninguna empresa nos ha solicitado ampliar el calendario. Las empresas están apostando por las energías renovables, por el hidrógeno renovable, por el biogás y el biometano, pero no por las centrales nucleares.

P. El tiempo corre para el cierre del primer reactor de Almaraz, que debe desconectarse en 2027. ¿Se puede revertir?

R. Según van pasando los meses resulta más complicado, sobre todo, por el combustible. Los pedidos de uranio se hacen con mucho tiempo de antelación. Por cierto, hay que recordar que el uranio no procede de España, y no se produce en Europa, viene de fuera. Esto es otra dependencia también, no es un recurso autóctono.

P. La dana de Valencia ha puesto el foco sobre las construcciones en zonas inundables. Están ahora revisando la cartografía y la normativa, ¿qué plantean?

R. Estamos trabajando en un marco normativo extraordinariamente complejo, pero queremos conseguir que la cartografía de zonas inundables de forma automática se incluya en el planeamiento tanto de los ayuntamientos como de las comunidades autónomas. Que sea automático porque hasta ahora no lo es. La segunda novedad es que hasta ahora cuando hablábamos de cartografía la planificación era fluvial, de los ríos. Pero queremos que también sea pluvial, teniendo en cuenta las lluvias, y marítima. Es decir, que se tenga en cuenta en la cartografía de las zonas inundables, por ejemplo, que el nivel del mar está creciendo en toda España, especialmente la cuenca mediterránea.

P. España va muy retrasada en la electrificación, ¿no tendría sentido, por ejemplo, que el IVA de la electricidad fuera permanentemente reducido?

R. La fiscalidad es siempre importantísima para emitir señales y la fiscalidad ambiental es fundamental. Pero yo iría primero a los productos petrolíferos antes de hablar de electricidad. Como con el impuesto al diésel, es decir, igualar las cargas del diésel y la gasolina. Tiene todo el sentido porque estamos muy alejados de los niveles de nuestros colegas europeos y porque necesitamos realmente que la carga fiscal se dirija a aquellos vectores energéticos por los que no se apuesta en este país, porque ni son competitivos ni son fuentes autóctonas. Y nos hacen vulnerables a grandes dependencias como hemos visto en el pasado.

P. ¿Y encontrarán ayuda en el Parlamento?

R. Creo que sí. Básicamente, porque es una medida ambiental, y también de justicia social. No es una medida que afecta a los más vulnerables y tenemos muchísimos datos que lo avalan. Hay razones de calidad del aire en las ciudades, la contaminación que se produce, la emisión de partículas, las muertes prematuras… Tiene todo el sentido y esperamos conseguir un consenso.

P. Hay, aparentemente, una burbuja con tintes especulativos con los centros de procesamiento de datos (CPD). ¿Piensan pincharla? ¿Qué valor añadido dejan estos centros en los territorios, además de consumir recursos?

R. Hace tres años, cuando estábamos con la planificación de la red, nadie hablaba de CPD en España. Ahora oímos hablar de CPD, de proyectos de hidrógeno, de electrificación de puertos, de nuevas industrias… Eso tiene que ver con una apuesta país por la transición energética y ecológica que ha logrado que seamos muy atractivos para las inversiones. Porque se esperan precios muy competitivos de la energía. En ese contexto aflora una demanda nunca vista en la historia del país. En la última planificación, había una demanda pequeña, de entre uno y dos gigavatios. Y en la última planificación que estamos analizando la petición de demanda está por encima de los 100 gigavatios. La demanda pico de España es de unos 45 gigavatios, es decir, que estamos viendo el equivalente a dos España para el horizonte temporal de 2030. Son centros de datos, son industrias, es electrificación de puertos, es hidrógeno renovable... Es una buena noticia que la demanda quiera venir y debemos ser estratégicos para ver qué país queremos. La tarta es finita y tenemos que definir qué cabe y qué no. Y, evidentemente, todos los CPD que se han solicitado en España, que suponen una demanda por encima de los 14 gigavátios, no caben.

P. ¿El Gobierno se plantea una moratoria en la concesión de licencias a los centros de datos?

R. Moratoria, no. Lo que hemos hecho es poner orden al desorden. A partir de ahora, cuando las empresas soliciten un acceso para la demanda, tendrán que ir a un concurso. No es un concurso al más bello, sino al que aporte más a nuestra economía en distintos criterios. Se elegirá al que aporta más beneficios, a los mejores proyectos.

P. O sea, que no todas estas inversiones de miles de millones que se anuncian cada semana van a tener cabida.

R. Esa burbuja ya la vimos con los parques renovables. Se acaparaba la capacidad para generación y luego nos dábamos cuenta de que no todos esos proyectos eran reales. Y ahora no todos esos proyectos son reales, no todos son solventes y, por supuesto, no todos generan el mismo beneficio para el territorio.

P. ¿Cuándo se implantará el sistema de depósito, devolución y retorno de envases en España?

R. En noviembre de 2026. Esa es la obligación que tienen los productores. En noviembre del año pasado quedó evidente que no estamos cumpliendo con el objetivo de recogida del 70% que se tenía que alcanzar y, por lo tanto, desde ese momento hay dos años para implantarlo, y eso supone noviembre de 2026. Es inaplazable.

P. ¿Se ha conseguido ya el consenso para que se pueda declarar el primer parque nacional marino de España en el Mar de las Calmas de El Hierro?

R. Sí, queremos tener el proyecto de ley de declaración de parque nacional antes de final de año. Hemos conseguido consenso y estamos trabajando en ello, no porque no haya consenso, sino porque toda la tramitación para el parque nacional lleva su tiempo.

P. Su predecesora se manifestó completamente en contra del proyecto de escisión de Naturgy, ¿mantiene esa postura?

R. Totalmente. Yo estaba en ese momento en la cartera de Energía y creo que es una posición que tiene todo el sentido. Es una empresa estratégica, no podemos desagregar algo tan importante como el aspecto regulado de lo que está en el mercado libre y seguimos teniendo esa posición.

P. ¿Y qué solución tiene este conflicto? ¿Qué socio sería el deseable?

R. No puedo ponerle nombre y apellidos al socio, lo que sí puedo decir es lo que creo que es mejor para una empresa estratégica como esta: que sean socios que quieran invertir a largo plazo.

P. ¿Podría la SEPI entrar en Naturgy?

R. No está desde luego en los planes ni en esta mesa.

P. La Junta de Andalucía ya ha manifestado que no ve oportuno ejercer el derecho de retracto y quedarse con la parte que le corresponde de la parcela de El Algarrobico, como le ha pedido el Gobierno. ¿Qué van a hacer ahora?

P. Lo que nos planteamos en línea con el protocolo que se firmó en 2011 es convocar al grupo de trabajo para que trabajemos con la Junta, y si no ve oportuno el retracto que nos diga qué es lo que ve y actúe lo antes posible. Hemos tenido proyectos de trabajo en común que están funcionando, como en Doñana. Creo que el consenso es lo único que consigue grandes transformaciones.

P. ¿Por qué se han decidido a aplicar ahora esta expropiación?

R. Llevamos mucho tiempo esperando a que se actúe, hay sentencias claras y contundentes diciendo que se emitió una licencia urbanística que no debería nunca haberse emitido. Pero la nulidad no acaba de llegar, con lo cual nosotros como Gobierno responsable entendemos que tenemos que dar un paso al frente.