El transporte lastra la lucha contra los gases de efecto invernadero

A falta de medidas estructurales (y de que se instalen los miles de megavatios previstos de renovables para generar electricidad) la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero de España sigue al albur del tiempo. Como no se ha instalado casi nada de renovables desde 2012, las emisiones dependen de la pluviometría. Si llueve mucho un año, las emisiones bajan porque se produce más electricidad con los embalses (y se quema menos carbón y menos gas natural); si el año es seco, las emisiones crecen al emplearse menos la energía hidroeléctrica y más los combustibles fósiles. 

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2018 fue un año húmedo. Y las emisiones cayeron un 4,3% respecto al año anterior, según los datos presentados este lunes por CC OO. Y como ha recordado en su presentación Mariano Sanz, secretario de Medio Ambiente y Movilidad de CC OO, la gran disminución de las emisiones globales en 2018 se debe al incremento de la producción hidráulica (un incremento del 84,8%) y la considerable reducción del empleo del carbón (caída del 17,8%) y del gas natural (21,5%).

Mientras, volvió a aumentar el otro gran sector emisor: el transporte (que supone un cuarto de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de España). En 2018, según CC OO, el consumo de petróleo creció en España un 3%. Y esto lleva a que el sector del transporte por carretera las emisiones aumentaran un 2,5% en 2018 y un 4,7% en el transporte aéreo interior. En 2017, el crecimiento de las emisiones del transporte por carretera aumentó lo mismo. Y es el sector en el que parece más complicado reducir los gases de efecto invernadero.

Si las previsiones se cumplen, de aquí a 2020 nueve de las 15 centrales de carbón de España cerrarán debido a la aplicación de las directivas europeas de calidad del aire. Paralelamente, está previsto de durante este año se instalen 8.000 megavatios este año. Si se mira a más largo plazo, el plan de energía y clima elaborado por el actual Gobierno, cuya aprobación estará en manos del siguiente Ejecutivo, prevé que para 2030 las emisiones del sector eléctrico caigan un 70%. Eso se deberá al incremento de la instalación de producción fotovoltaica y eólica (cuyos costes se han desplomado) y el cierre total de las centrales de carbón.

En el transporte, sin embargo, las cosas no están tan claras. El anterior Ejecutivo del PP envió en 2015 unas proyecciones de las emisiones de España en 2030 si no se tomaban medidas a las ya existentes. Y aquella previsión establecía que el transporte incrementaría en un 14,5% sus emisiones en 2030 respecto a las de 2015. El plan de energía y clima del Gobierno apunta, sin embargo, a una reducción del 31% en 2030 respecto a 2015 (un 34% si se toma 2017 como referencia).

El veto en 2040

Es una disminución de gases mucho menor que la proyectada en el sector de producción eléctrica. Pero estos planes han despertado las críticas de los fabricantes de coches de España, agrupados en Anfac. El plan del Gobierno prevé que en 2030 haya cinco millones de vehículos eléctricos, que no emiten gases de efecto invernadero. Esto supone que para ese momento el 16% de todo el parque móvil (coches, motos, furgonetas...) serán eléctricos.

Para 2040, según los planes del actual Ejecutivo, ya no se podrán vender automóviles que emitan dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Pese a despertar las críticas de los fabricantes, esa fecha es la misma que maneja la Comisión Europea y varios países de la UE, como Reino Unido o Francia.

"Ese objetivo de 2040 está perfectamente alineado con el resto de la UE", ha opinado este lunes Mariano Sanz. "Es un objetivo que se puede conseguir de manera racional", ha añadido en referencia a los 20 años de transición que se proponen. Ahora se necesita "un apoyo" a los grandes fabricantes para que se transformen, ha añadido.