España se despide del carbón con el cierre de todas las minas

Y el fin de la minería del carbón en España llegó. El 1 de enero las 26 explotaciones de Asturias, Aragón y Castilla y León que quedaban en España –de las que ya solo 12 estaban en producción– tendrán que cerrar o devolver los más de 500 millones de euros que han recibido de ayudas públicas. A ese cierre se comprometió el Gobierno con la Comisión Europea a principios de esta década, cuando Bruselas concedió la prórroga final a una actividad económica deficitaria que lleva más de 30 años de ocaso en España. En noviembre ya solo quedaban 2.046 trabajadores adscritos al régimen especial de la minería del carbón, frente a los 51.420 que había en 1985. Y el 90% del carbón que se quema en España para producir electricidad se importa ya de otros países como Colombia o Rusia.

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La generación de electricidad con este combustible –el principal uso que se le da ahora al mineral– está también en el punto de mira de las políticas medioambientales por ser altamente contaminante. Además, esta actividad acumula alrededor del 15% de todos los gases de efecto invernadero de la economía española.

Las normas europeas van encaminadas a hacer desaparecer las centrales de carbón. Desde hace años funciona un mercado de emisiones que ahora obliga a las plantas a pagar más de 20 euros por cada tonelada de CO₂ que expulsan a la atmósfera. La previsión es que ese precio siga aumentando. Además, Bruselas pone cada vez más trabas a los Estados a la hora de dar subsidios encubiertos a las plantas.

Todo esto hace que las centrales de carbón sean cada vez menos atractivas. De hecho, las eléctricas han emprendido una carrera en España por deshacerse de unas plantas viejas que necesitan de costosas obras si quieren seguir operando. De las 15 centrales que queman carbón que hay ahora en España –y que este 2018 han generado el 14% de la electricidad del país– nueve cerrarán en el próximo año y medio. Al menos, es lo que quieren sus propietarias. Iberdrola y Endesa ya han presentado al Gobierno la petición para clausurar cuatro de sus plantas. Naturgy –antigua Gas Natural– presentará en breve la misma petición para otras tres de sus centrales. Y sin plantas térmicas el futuro de la minería, que ya estaba trazado desde principios de esta década, es aún más negro.

Bruselas aceptó en 2010 –tras las presiones de España y Alemania– que las minas deficitarias siguieran recibiendo ayudas públicas. Pero la condición principal de este pacto –que afectaba principalmente a España, Alemania y Rumania– era que los yacimientos tenían que cerrar el 31 de diciembre de 2018 como máximo. Si, llegada esa fecha, las explotaciones querían seguir operando, tendrían que poder hacerlo sin soporte público y devolver todas las ayudas recibidas.

En el caso de España, al margen de las prejubilaciones y bajas de los mineros, el plan de cierre acordado con Bruselas ha supuesto que las 26 minas afectadas –propiedad de 15 empresas– hayan recibido desde 2011 ayudas directas para el cierre por valor de 504 millones de euros.

El cierre de las minas en Alemania –fijado por el mismo plan de Bruselas– se vivió hace una semana de forma solemne. “Terminó un capítulo de nuestra historia”, dijo el primer ministro del Land de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, durante los actos de clausura del último yacimiento de hulla del país. Mientras, en España, lejos de ese funeral de Estado que le dieron los alemanes a su minería, los presidentes de Asturias, Aragón y Castilla y León se reunieron el miércoles con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para pedirle que presione a las empresas para “alargar” la vida de las centrales y de algunos yacimientos.

Solo dos compañías mineras han mostrado interés ante el ministerio por seguir operando. Hijos de Baldomero García –empresa de El Bierzo (León), que cuenta con unos 25 empleados– y Samca –compañía turolense que tiene unos 150 trabajadores–. Al margen de estas dos privadas, la sociedad pública Hunosa (que tiene un millar de mineros aún en Asturias) sostiene que seguirá operando un pequeño pozo que no ha recibido ayudas públicas.

El problema lo tienen las dos empresas privadas. Por un lado, deben presentar un plan para devolución de las ayudas que han recibido para el cierre desde 2011. Hijos de Baldomero García debe reembolsar 8,35 millones de euros y Samca, 8,5 millones, según fuentes del Gobierno. Al margen de si son capaces o no de devolver esos fondos, el principal escollo ahora sería a quién le venderán el carbón en un futuro inmediato.

Hunosa prevé que lo que extraigan se queme directamente en una pequeña planta que posee. Pero en el caso de las dos minas de León y Teruel, las dos grandes centrales térmicas que tienen más cerca está previso que cierren en el próximo año y medio, según la solicitud que ha presentado su propietaria, Endesa.

“En algunas comarcas, como El Bierzo, el impacto será grave”, reconocen fuentes del Gobierno. Y no tanto por el cierre de las minas, que ya cuenta con un plan de clausura con otros 250 millones de fondos públicos para los próximos años, sino por el fin de las térmicas. El Ejecutivo calcula que, entre empleos directos e indirectos con las nueve centrales se perderán 3.000 puestos en unas zonas azotadas ya por la despoblación.