España dispara sus emisiones de gases de efecto invernadero

Las emisiones de gases de efecto invernadero de las más de mil empresas españolas sujetas al sistema europeo de comercio de derechos de CO₂ –uno de los principales instrumentos de la UE en la lucha contra el cambio climático– se dispararon más de un 10% en 2017 respecto al ejercicio anterior. Este millar de compañías –del sector eléctrico e industrial– acumulan alrededor del 40% de todos los gases de este tipo del país y suelen marcar cada año el balance total de emisiones, que España debe comunicar a la UE y a la ONU para cumplir con sus compromisos contra el calentamiento global.

España, además, se sitúa como uno de los Estados europeos en los que más crecieron estos gases el pasado ejercicio, según los datos extraídos por EL PAÍS del registro de emisiones anual de la Comisión Europea. Mientras que en países como Alemania y Reino Unido estos gases cayeron en 2017, Portugal y España encabezan el ranking de los que más las aumentaron.

La noticia del incremento llega en un momento en el que los partidos discuten en el Congreso una ley de cambio climático y transición energética que, precisamente, debe ayudar a España a reducir estos gases. Entre las propuestas que se han puesto sobre la mesa está la de aumentar el precio de la tonelada de CO₂que las empresas sujetas a este mercado de derechos deben pagar. Este martes el precio de la tonelada rondaba los 13 euros y los expertos sostienen que debe crecer todavía más para tener efectos disuasorios que impidan que se empleen las tecnologías más contaminantes. Reino Unido, por ejemplo, decidió imponer un suelo fijo (de cerca de 20 euros por tonelada) que ha hecho que su economía abandone prácticamente el contaminante carbón en un tiempo récord.

136 millones de toneladas

El millar de empresas españolas que están obligadas a participar en el mercado europeo de derechos expulsaron en total 136 millones de toneladas de CO₂ equivalente (la unidad que se utiliza para los gases de efecto invernadero) en 2017. Si se añade el sector de la aviación –que también está dentro de este mercado de derechos–, esa cantidad sube hasta los 141 millones.

"El factor que más influye en el incremento es el energético", explica Marc Falguera, director de la empresa Vertis Environmental, dedicada al comercio de derechos de emisiones. "El año pasado se generó muy poca electricidad a través de los embalses por la sequía y se usó mucho el carbón", añade.

De hecho, ocho de las diez instalaciones de España que más CO₂ expulsaron en 2017 son centrales que usan carbón para generar electricidad. Las 15 térmicas de este tipo que existen en el país expulsaron el año pasado más de 46 millones de toneladas, es decir, acumulan el 34% de todos los gases de efecto invernadero del millar de instalaciones sujetas al sistema de comercio de emisiones.

Las centrales de Aboño –ubicada en Asturias y de la empresa EDP–, la de As Pontes –propiedad de Endesa y localizada en A Coruña– y la de Litoral –también de Endesa y situada en Almería– son las tres instalaciones que más gases de efecto invernadero emitieron el pasado ejercicio, según los datos del registro difundidos este martes por la Comisión Europea.

Partidos como PSOE y Podemos proponen que a mediados de la próxima década todas las centrales de carbón cierren. El Ministerio de Energía, sin embargo, se resiste alegando una hipotética subida del precio de la energía.

La sequía influyó en el incremento del CO₂ en 2017, pero también la paralización en la instalación de renovables que España vive desde 2012, que ha impedido que se reduzcan de forma continuada desde entonces estas emisiones contaminantes.