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Los expertos plantean alargar la vida de las nucleares y el fin del carbón

El escenario de partida de la comisión nombrada por el Ministerio de Energía prevé un fuerte incremento de la fotovoltaica de aquí a 2030

El planteamiento de partida de los expertos nombrados por el Ministerio de Energía para asesorarle en la futura ley de cambio climático dibuja un escenario base en el que en 2030 "el carbón desaparece casi por completo" y "las centrales nucleares se mantienen", lo que supondría alargar su vida útil. Ese escenario apunta a un aumento de las renovables –"especialmente la fotovoltaica"– y del gas. Partiendo de esa base, elaboran varios escenarios para que España cumpla con sus objetivos climáticos. Pero dejan en manos de los partidos la ruta a seguir; por ejemplo, decidir si se sigue usando la nuclear.

Central nuclear de Ascó, en Tarragona.
Central nuclear de Ascó, en Tarragona.

Este grupo de expertos ha trabajado los últimos ocho meses en un informe de cerca de 500 páginas. "Sin casi recursos", lamenta alguno de ellos. El Gobierno se ha comprometido a tener lista este año una ley de cambio climático y transición energética que permita a España cumplir con sus compromisos europeos y con el Acuerdo de París contra el calentamiento global. El sector energético es clave –ya que es la principal fuente emisora de gases de efecto invernadero–. Y en julio el Ministerio de Energía eligió esa comisión de 14 expertos –cinco designados por el Gobierno y el PP, tres propuestos por sindicatos y patronal y seis por PSOE, Podemos, Ciudadanos, PNV, ERC y Foro Asturias–.

El documento final, que se entregará oficialmente este lunes al ministro Álvaro Nadal, ha sido ratificado por 11 de ellos; otros tres se han abstenido y han emitido votos particulares.

En el resumen ejecutivo del informe se señala que en el escenario base para 2030 "el peso del gas y de las tecnologías renovables, especialmente la fotovoltaica, aumentan de forma muy relevante, mientras que la demanda de petróleo se reduce en gran medida". Además, "se asume que las centrales nucleares se mantienen en el mix, si bien el carbón desaparece casi por completo".

Ese escenario base se ha elaborado a partir del modelo de ENTSO-E, la asociación europea de transportistas de electricidad. E implicaría que en 2030 la potencia eléctrica total instalada en el sistema peninsular crezca algo más de un 50%.

El carbón prácticamente desaparecería y solo quedarían –según ese escenario– 847 megavatios instalados en España. Es decir, solo permanecería abierta una central térmica mediana en el país, frente a las 15 actuales. Los ciclos combinados –que usan gas– serían los mismos que ahora, aunque funcionarían mucho más tiempo para cubrir el hueco que deja el carbón.

Sobre las renovables, el escenario de partida prevé un aumento de la energía eólica del 35%. Pero el gran salto se daría en la fotovoltaica, que se multiplicaría por diez al pasar de los 4.431 megavatios actuales a más de 47.000 en 2030. Ese escenario central también prevé una instalación considerable de baterías para almacenar la energía que las renovables generan y que no se aprovecha.

Con esa hoja de ruta sobre la mesa, el 62% de la generación eléctrica en España sería renovable en 2030. Esto supondría una tasa del 29,7% de renovables en el consumo final bruto de energía de España, por encima del 27% que propone la Comisión Europea para 2030, pero por debajo del 35% que defiende la Eurocámara.

La energía más polémica

Ese escenario de implantación de renovables y el fin del carbón entra dentro de lo previsible y de la arquitectura legal que construye la UE. El tema más conflictivo es el de la energía nuclear.

Si se recurre solo al criterio de las emisiones de gases de efecto invernadero, no habría duda: esta tecnología se debería seguir usando porque no expulsa esos contaminantes. Pero los problemas no resueltos sobre la gestión de los residuos nucleares y la posibilidad de catastróficos accidentes hacen, por ejemplo, que PSOE y Podemos defiendan su eliminación. Los socialistas quieren que el cierre total culmine en 2028, cuando la última de las cinco centrales en activo de España cumpla los 40 años. Podemos quiere adelantar ese cierre total a 2024.

En cambio, el escenario de partida de los expertos prevé que en 2030 exista la misma potencia nuclear que ahora, lo que supondría alargar la vida útil de todas más allá de los 40 años, como defiende el PP. Varios autores del informe sostienen que el escenario central no es la postura que ellos defienden ni la que recomiendan. "No queremos ser prescriptivos", apunta uno de ellos.

Pero en el resumen ejecutivo del informe se lanzan varias advertencias. Por ejemplo, "el cierre anticipado de las centrales nucleares supondría un incremento del coste de generación de entre 2.000 y 3.200 millones de euros cada año" y las emisiones de CO2 "prácticamente se doblarían frente al escenario de referencia". El comité de sabios recuerda también que el único escenario que no respetaría los límites europeos del comercio de emisiones sería "la no extensión de la vida útil de la energía nuclear".

PSOE y Podemos coinciden en rechazar la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares. "No lo compartimos", señala Hugo Morán, responsable de medio ambiente de la dirección socialista. "El informe plantea un escenario de penetración muy conservador de renovables", añade Morán. Este dirigente socialista, sin embargo, se toma este informe "como uno más" de los que están apareciendo sobre la transición energética que debe acometer el país.

En la misma línea, Juan López de Uralde, del grupo Unidos Podemos, recuerda el reciente análisis de Greenpeace en el que se señalaba la viabilidad de cerrar el carbón y la nuclear en 2025. López de Uralde sí aplaude la parte del informe donde se proponen "cambios en la política de Nadal, que ha hecho demagogia con el carbón".

Reforma fiscal y un nuevo plan de residuos radiactivos

Uno de los ejes principales del informe es una "reforma fiscal con objetivos medioambientales". Los especialistas entienden que en el sistema fiscal vigente "no se internalizan adecuadamente los costes ambientales de la energía". "El eje vertebrador de la reforma habrá de ser la internalización de los costes medioambientales asociados a cada producto energético", añaden. También resaltan la importancia de "armonizar" esta política tributaria en todas las comunidades autónomas. Como ya adelantó EL PAÍS la semana pasada, los expertos proponen la creación de un impuesto al CO2, un aumento de los tributos del diésel y la gasolina y la supresión en el recibo de la luz de los conceptos que no tienen que ver directamente con la generación de electricidad.

También analiza el informe —que tiene ocho capítulos— la movilidad limpia. Propone "vincular los apoyos a vehículos con energías alternativas a las emisiones de CO2 evitadas" y "proporcionar un entorno adecuado y prudente de apoyo al despliegue de puntos de recarga", según el resumen ejecutivo.

La generación distribuida —generar electricidad a través de muchos puntos cercanos a los de consumo— ocupa un lugar central en el informe. Así, el escenario base parte precisamente de un desarrollo importante de esta generación distribuida. Esto supondría un incremento considerable del autoconsumo, al que se le dedica un capítulo entero. Entre otras medidas se pide la supresión del denominado impuesto al sol. También se solicita una regulación específica para eliminar las trabas burocráticas a las pequeñas instalaciones de autoconsumo.

El texto cuenta con un anexo dedicado a los cambios que se deben acometer en la normativa sobre energía nuclear. Por ejemplo, se recuerda que las tasas que deben pagar las centrales para la gestión de los residuos no se renuevan desde 2010 y se solicita que se actualicen "para evitar la generación de déficits y, en consecuencia, poder disponer de los recursos necesarios para hacer frente a las responsabilidades futuras". También solicitan que se apruebe un nuevo plan general de residuos radiactivos, que lleva años desfasado.

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