Diferentes rutas para lograr una energía limpia

Hugo Morán, responsable del área de medio ambiente del PSOE, habla de una verdadera “inflación de informes” sobre el mismo asunto: cómo debe afrontar España su transición energética, es decir, cómo llegar a tener una energía limpia. Básicamente, esos informes —el último en conocerse es el elaborado por la comisión de expertos constituida por el Ministerio de Energía— abordan la forma de limpiar el sector energético, que acumula casi el 80% de los gases de efecto invernadero de España.

Mientras, en el Congreso y en los despachos de dos ministerios —el de Energía y el de Medio Ambiente— se preparan para intentar sacar adelante una ley de cambio climático y un plan nacional de energía que se debe presentar a Bruselas este año.

Casi todos los actores implicados en esta transición son conscientes de que España necesita un plan contra el cambio climático. Las proyecciones del Ministerio de Medio Ambiente para las próximas décadas indican que, lejos de reducirse, las emisiones de España para 2030 serán las mismas que ahora (unos 330 millones de toneladas de CO2 equivalente) si no se toman nuevas medidas contra el calentamiento.

El necesario consenso de los partidos

Y ese no es el camino al que se comprometió España al firmar el Acuerdo de París. Cuando lo ratificó, el Gobierno asumió el objetivo global que se ha impuesto la UE: reducir un 40% sus emisiones en 2030 respecto a los niveles de 1990. Los esfuerzos que debe hacer cada Estado de la UE aún se están discutiendo, pero si se extrapola el objetivo global europeo a España supondría que en 2030 el tope de emisiones debería ser de 172 millones de toneladas, casi la mitad de lo previsto por el ministerio en su última proyección para esa fecha. La forma de cubrir esa brecha es lo que se debe decidir con la ley de cambio climático, que requerirá de un consenso entre partidos en el Congreso. Y varias organizaciones y partidos han puesto sobre la mesa sus propuestas en forma de informes.

Así lo han hecho en los últimos días, por ejemplo, Greenpeace, la Fundación Renovables y el Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía, vinculado al PSOE. En los tres casos —al igual que en el análisis de la comisión de expertos del Ministerio de Energía— se prevé una fuerte implantación de renovables —de eólica y muy especialmente de fotovoltaica— en los próximos años debido, entre otras cuestiones, a la importante reducción de costes.

Pero el conflicto surge cuando se mencionan las tecnologías deben salir del mix eléctrico, las centrales que deben cerrar.

Las de carbón —que son las que más gases de efecto invernadero emiten— son las que parece que primero saldrán. El comité asesor vinculado a los socialistas habla del “cierre paulatino de las centrales de carbón antes de 2025”, al igual que Greenpeace y la Fundación Renovables. El informe del comité de expertos del ministerio, aunque no se decanta por ninguna ruta concreta, parte de un escenario central en el que en 2030 prácticamente no se emplearía el carbón en España.

El Ministerio de Energía, sin embargo, no asumió ayer esa perspectiva y sigue intentando sacar adelante una norma para impedir el cierre de las centrales de carbón que algunas eléctricas quieren acometer de aquí a 2020. Paralelamente, la UE ha puesto en marcha un armazón legal que hace cada vez más complicada la continuidad del carbón, que también expulsa otros contaminantes.

Pero la gran batalla que se perfila ya es con una tecnología que no emite gases de efecto invernadero (aunque tiene problemas para encontrar una solución definitiva a los residuos que genera): la nuclear. “El consenso más urgente que se debe alcanzar es sobre la nuclear”, reconocen fuentes del ministerio. La mayoría de las cinco centrales de España tienen que tramitar ya la renovación de sus licencias y el Gobierno quiere que lleguen al menos hasta los 50 años de vida. Pero los tres informes de Greenpeace, Fundación Renovables y el consejo asesor del PSOE (al igual que Podemos) sostienen que todas las nucleares deben haber cerrado en 2025. Y defienden la viabilidad técnica de esa propuesta.

El informe de la comisión constituida por el ministerio parte de un escenario central en el que en 2030 siguen operando todas las nucleares. Sus autores aseguran que esa no es su propuesta, sino el escenario de partida. Pero en el resumen ejecutivo de su informe se advierte de las consecuencias que dicen que tendría el “cierre anticipado de las centrales nucleares”: un incremento del coste de generación de entre 2.000 y 3.200 millones de euros al año y doblar las emisiones de CO2 respecto a su escenario central. Esta parte del informe sí la asumió ayer gustoso el ministerio.