El informe de la transición eléctrica puede esperar

La Comisión de Expertos sobre la Transición Energética que creó el Gobierno para analizar los escenarios que garanticen la competitividad de la economía ha ampliado el plazo inicialmente acordado para la entrega de sus conclusiones. Una vez superado el primer plazo de finales de enero (seis meses después de su creación) y el posterior de finales de febrero, ahora se ha puesto el plazo definitivo el 19 de marzo.

La comisión se formó con 14 miembros, de los cuatro fueron designados por el Gobierno; uno por cada grupo parlamentario y tres por los agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE). Su principal tarea ha sido (y sigue siendo) llegar a una posición del mayor consenso posible para presentar el informe al Ministerio de Energía, del que pasará al Consejo de Ministros, para que el Gobierno lo remita al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie.

Los trabajos se encuentran en la fase de conclusión y búsqueda de consenso. Es la hora de verdad; pero, aunque se da por seguro que a la tercera será la vencida, el retraso lo ha puesto en duda. Fuentes consultadas del entorno de la comisión, han asegurado que el ritmo ha sido constante y el espíritu constructivo. Los debates, a su entender, han llegado a un nivel de convergencia bastante elevado.

Fuentes del entorno de la comisión aseguran que ha primado el espítitu constructivo

Los expertos, que se han reunido todos los lunes desde la constitución de la comisión que preside Jorge Sanz, han trasladado a las organizaciones políticas, sociales y empresariales que les han propuesto los avances. A partir de ahí, se han producido las lógicas interferencias desde fuera, motivo por el que se ha retrasado el informe final y por el que se ha ngenerado dudas.

En todo caso, aunque se cumpla este último plazo y se alcance ese mínimo grado de consenso, en algunos círculos de las empresas eléctricas (bien conectados con la comisión) cunde cierto pesimismo sobre la viabilidad del informe una vez que se entregue a Energía. A juicio de una fuente sectorial, la “proliferación de consultas externas y de recomendaciones que se han recibido el último mes y medio de sesiones reducen de manera inquietante la confianza en la auténtica aportación de muchas de las conclusiones”.

El informe pasará al Gobierno para que este busque, a su vez el consenso con los grupos parlamentarios, a los que se supone informados por sus representantes en la comisión. Las fuentes empresariales subrayan que la actitud del ministro de Energía, Álvaro Nadal, no ha sido precisamente de consenso con las enmiendas que introdujo en el decreto-ley de la sequía que recortaba la retribución de las eléctricas y la intención de que sean las empresas las que costeen el desmantelamiento d elas nucleares. Asimismo, surge otro debate adicional por si se va a poner de acuerdo en las propuestas con la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

En las empresas cunde cierto pesimismo sobre la viabilidad del estudio una vez que se entregue

También ha calado la controversia por el cierre de las centrales de carbón, al que también se suman algunos gobiernos autonómicos, por la pretensión de Iberdrola de cerrar las centrales de carbón de Lada (Asturias ) y Velilla (Palencia), que se suma al citado de las nucleares. En ese sentido, la comisión ha tenido que analizar la dependencia que acarrearía la orden de cierre y su ausencia como energía de respaldo a las renovables cuando tienen poco rendimiento (poca agua, poco sol y poco viento). En el sector se presume que el informe final va a dar poca luz sobre este asunto.

La comisión, que se ha venido reuniendo todos los lunes desde su constitución, ha analizado los distintos escenarios que se pueden presentar en el futuro en la generación eléctrica y varios documentos sobre áreas delimitadas. En los escenarios se han contemplado las diferentes alternativas dependiendo de las fuentes de energía y, por tanto, de la pervivencia que tendrán las centrales de carbón, las nucleares y los ciclos combinados junto al progresivo aumento de las energías renovables dentro un marco eficiente, sostenible y bajo en carbono.

En cuanto a los documentos, se han valorado cuestiones muy relevantes como la movilidad en el transporte (coche eléctrico y híbrido), la eficiencia energética, la edificabilidad, el autoconsumo, la capacidad… Es decir, temas de vital trascendencia para el futuro energético del país. Algunas deficiencias se han puesto de manifiesto, precisamente, al perfilar los escenarios de los vehículos eléctricos y la incidencia del transporte en los índices de contaminación. En los debates salió a la luz la dificultad de atender los distintos aspectos económicos y energéticos que se acumulan en este punto.