Energía desafía a Competencia y mantiene su proyecto de regular el cierre de centrales

El Ministerio de Energía continuará con su intención de regular el cierre de centrales eléctricas e introducir nuevos criterios, pese a las discrepancias mostradas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las medidas recogidas en un proyecto de Real-Decreto. A entender del departamento que dirige Álvaro Nadal existe "un problema económico de fondo" que requiere una solución y teme que pueda haber cierres que suban los precios de la electricidad. El departamento, no obstante, analizará algunos aspectos del citado Real Decreto, como las referidas a la subastas, la hibernación y al impacto sobre la competencia.

A juicio de la CNMC, la citada norma que prepara Energía, que fue remitida al organismo para que emitiera su informe preceptivo (aunque no vinculante), los criterios que quiere incorporar el ministerio no están incluidos en la Ley Eléctrica por lo que considera que no puede modificarla al ser una norma de rango inferior. La ley establece que el cierre debe estar condicionado a que se mantenga la seguridad del suministro eléctrico. Sin embargo, el Real Decreto añade criterios adicionales al de seguridad del suministro, como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación.

Lo que es seguro, según fuentes ministeriales, es que el Gobierno va a seguir trabajando “con celeridad” en sus objetivos de regular el cierre, aunque tenga que retocar algunos aspectos de su propuesta inicial. “El problema es que en la actualidad cuando se pide el cierre de una planta ni la CNMC ni el ministerio pueden valorarlo a priori y si a posteriori”, por lo que defienden a marchamartillo el cambio de la ley, “con un fundamento legal razonable”.

El ministerio, además, defiende la retroactividad de la normativa y la urgencia para aprobarla porque representa "una ventana de oportunidad" para que los operadores de las centrales tomen decisiones de cierre aprovechando la ausencia de una regulación que establezca estas normas.

Además de las plantas de carbón que se han planteado cerrar (como las de Iberdrola en Asturias y Palencia), el Ministerio de Energía muestra especial preocupación por las centrales nucleares, cuya renovación de la licencia de vida útil para el parque español hay que afrontar sucesivamente: Almaraz (2020) y posteriormente con Ascó I (2022), Ascó II (2025), Cofrentes (2024), Trillo (2027) y Vandellós II (2027). Las fuentes advierten de que la posibilidad de no solicitar la renovación de estas licencias, representan una preocupación "desde el punto de vista económico y medioambiental por el impacto que tienen sobre el precio".

Así, defienden que después de 40 años invirtiendo en tecnología nuclear la decisión de su posible cierre "no puede ser solo el resultado de que mañana una operadora decida cerrar" y subrayan que la explotación de estas centrales puede tener interés para posibles operadores internacionales.

Además de recordar que no están incluidos en la Ley no están suficientemente desarrollados ni previstos en la normativa vigente, la CNMC considera que los nuevos criterios que plantea Energía y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la Propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al mercado interior planteado en el Paquete de Invierno (Winter Package). En ese sentido, Energía no descarta actuar en un rango legal más alto y obtener respaldo jurídico para seguir adelante, pero sostiene que cumplen con la normativa europea, según han reconocido fuentes del departamento a un grupo de periodistas.

El informe de la CNMC también afirma que el Real Decreto confiere un excesivo margen de discrecionalidad y estima que crean inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducentes para la competencia en el sector eléctrico como es el procedimiento de subasta, para evitar el cierre definitivo de centrales de generación eléctrica (ciclos combinados, centrales de carbón, nucleares...).

Subasta e hibernación

Plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, este podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado. Esta solución podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación, que, según la CNMC, que sería una ayuda de Estado conforme a la normativa de la UE. Ante eso, Energía abre la puerta a simplificar el mecanismo de subasta en caso de que el titular no quiera continuar con su operación o a abordar la hibernación y los mecanismos de pagos por capacidad, aunque siempre desde el principio de “asegurar la seguridad de suministro y al mejor precio”.

A este respecto, abre la puerta a simplificar el mecanismo de subasta para ceder la central a terceros en caso de que el titular no quiera continuar con su operación o a abordar la hibernación y los mecanismos de pagos por capacidad, aunque siempre desde el principio de "asegurar la seguridad de suministro y al mejor precio".

La CNMC recuerda que el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo sino todo lo contario. En el peor escenario (punta de demanda de 46.000 MW y baja generación), se podría prescindir sin riesgo de una parte significativa del parque de carbón existente. En este sentido, la Comisión considera que el exceso de capacidad debería analizarse sin precipitación y teniendo en cuenta que los consumidores españoles, desde la liberación del sector eléctrico, han sufragado importantes pagos por la disponibilidad de centrales y otros conceptos.

La CNMC concluye que para evaluar el impacto del cierre de centrales en el sistema eléctrico es necesario revisar el marco normativo de forma global: metodología de seguridad de suministro, hibernación de centrales, mecanismo de pagos por capacidad, y el procedimiento de autorización de nuevas instalaciones.