España debe reducir un tercio sus gases de efecto invernadero en poco más de una década

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España es incapaz de atajar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero

Los esfuerzos de España contra el cambio climático no han sido suficientes hasta ahora. El objetivo final del país –al igual que el de la Unión Europea– es llegar a mediados de siglo con un sistema económico en el que prácticamente no se emitan gases de efecto invernadero, que, según el consenso científico, están vinculados al cambio climático. Para lograrlo hacen falta metas intermedias que, con las herramientas actuales, España no parece que esté en disposición de cumplir.

El anterior Gobierno del Partido Popular ya reconoció –en un documento enviado a la Comisión Europea en marzo del pasado año con las proyecciones hasta mediados de siglo– que lo esperado era que entre 2017 y 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero de España no bajaran si no se tomaban medidas extraordinarias. Es decir, que en esa fecha rondarían los 330 millones de toneladas de CO₂ equivalente (la unidad de medida que se emplea para este tipo de gases). Para evitar esa situación se debía aprobar una ley de cambio climático que incluyera medidas extraordinarias. Pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy fue desalojado de La Moncloa sin ni siquiera presentar el borrador de esa norma, entre otras cuestiones, por los desencuentros entre los ministerios de Medio Ambiente y Energía.

La nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene ahora esas dos competencias y se ha comprometido a que el proyecto de ley de cambio climático entre en el Congreso para su tramitación entre noviembre y diciembre. Y, en una entrevista con EL PAÍS, adelantó que fijará un objetivo de reducción de emisiones para 2030 de un 20% respecto a 1990. Esto supondría que dentro de menos de 12 años toda la economía de España debería emitir alrededor de 230 millones de toneladas de CO₂ equivalente. Es decir, unas cien toneladas menos que ahora.

El pasado año se cerró con un total de 338,8 millones de toneladas de emisiones. La sequía redujo la electricidad generada a través de las centrales hidroeléctricas y el hueco que dejaron fue cubierto por las centrales de carbón mayoritariamente, lo que disparó las emisiones.

El sindicato CC OO ya adelantó ese incremento en mayo de este año. Y el Ministerio para la Transición Ecológica lo ha confirmado este lunes al facilitar los datos del avance del inventario de gases de efecto invernadero que el Gobierno debe enviar a la Comisión Europea cada año. "Es un balance negativo y revela que es necesaria una mayor penetración de las fuentes renovables en el mix energético", ha sostenido a través de un comunicado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. El ministerio resalta que "la razón principal" del incremento global de las emisiones en 2017 fue "el aumento de un 18,8% de las emisiones procedentes de la generación de electricidad, debido a la mayor producción en centrales de carbón y ciclos combinados, unido a una caída de un 49% en la producción hidráulica en un año marcado por la sequía".

"España no puede seguir fiando los buenos o malos resultados de la trayectoria de emisiones a las condiciones climatológicas. Es preciso definir una hoja de ruta para mantener unos resultados óptimos, aun cuando las condiciones climatológicas sean adversas, y desacoplar cuanto antes el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero", ha añadido Morán.