El bumerán del nuevo reglamento de extranjería: miles de trabajadores al borde de la clandestinidad

El nuevo reglamento de extranjería estaba llamado a hacer de España “un país mejor”, pero ha dejado un agujero de un tamaño incalculable. Las elogiosas palabras de la ministra Elma Saiz sobre la normativa que ella misma impulsó contrastan ahora con la cascada de críticas y estupefacción de abogados, empresarios y ONG ante el futuro de decenas de miles de solicitantes de asilo que acabarán sin papeles y tendrán que abandonar sus puestos de trabajo para sumergirse en la clandestinidad. La nueva norma está ahora sobre la mesa del Tribunal Supremo, recurrida por todo el arco de las organizaciones más importantes de defensa de los derechos de los migrantes y abogados de extranjería. “¿Qué van a hacer todas estas personas, que están cotizando, que tienen una vida en España…”?, cuestiona el abogado José Luis Rodríguez Candela. “¿Y qué van a hacer los empleadores que cuentan con ellas en sus empresas? Les estamos abocando a olvidarse de ellas o a contratarlas de manera irregular”, añade.

Actualmente, hay más de 275.000 personas que alegaron que su vida está en riesgo si volvían a sus países y que esperan una respuesta a su solicitud de asilo en España. Aunque el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura desconocer el dato, miles de estas personas trabajan y cotizan desde hace meses e incluso años. La clave es que la gran mayoría de estas resoluciones que están por venir será negativa (España reconoció el año pasado el 18,5% de las peticiones) lo que deja a los solicitantes en situación irregular. Hasta ahora, ese rechazo no era un problema tan grave, porque tras años viviendo y trabajando en el país, los solicitantes encontraban otras vías para lograr una autorización de residencia y trabajo por arraigo. Pero a partir del próximo 20 de mayo, cuando el reglamento entre en vigor, todo será más difícil y tendrán serias dificultades para reengancharse.

Los empresarios que más dependen de mano de obra extranjera no dan crédito. La responsable de recursos humanos de una empresa familiar que resiste con 127 empleados en la provincia de Soria cuenta que entre su plantilla hay al menos 20 solicitantes de asilo. “Como empresa en el medio rural nos supondrá un problema de personal porque un buen porcentaje de trabajadores son extranjeros en esta situación. Yo no puedo prescindir de esta mano de obra, porque no tengo otra. Supondrá replantearnos la producción y externalizar, pudiéndolo hacer nosotros… Lo de siempre. No sé por qué no se hace como en Portugal: autorización de trabajo desde el minuto uno asociado a un contrato”, mantiene. “Es todo un sinsentido”.

El texto trae un cambio fundamental con el que se impide que el tiempo que los solicitantes pasan en España de forma legal esperando a que se resuelva su petición pueda usarse para lograr una autorización de residencia por arraigo si su petición acaba denegada. Esto significa, por ejemplo, que un solicitante de asilo que lleva un año y medio trabajando y cotizando en España, tendrá que poner su contador a cero y pasar dos años en la irregularidad si quiere optar a un nuevo permiso. Migraciones (y el Ministerio del Interior) han alegado que una sentencia del Supremo y la normativa europea les obligaban a imponer esta restricción, una premisa que los abogados de extranjería rechazan de plano.

Como este ajuste empujaba irremediablemente a decenas de miles de personas a la irregularidad, se incluyó una disposición transitoria en el reglamento para rescatar a una parte de los perjudicados: un número indeterminado de personas a las que se les rechace su petición antes del 20 de mayo y lleven al menos seis meses en situación irregular. La fórmula es tan arbitraria que los solicitantes a los que les nieguen su solicitud el 21 de mayo ya no podrán contar con los años que llevan en España para una nueva autorización y tendrán que pagar el peaje de pasar dos años sin papeles para optar a un arraigo. En ese tiempo, les echarán de sus trabajos, les cerrarán las cuentas de banco, les costará aún más alquilar una casa y volverán a trabajar en B. “Facilitamos el acceso a una autorización a aquellas personas que solicitaron asilo, pero no reúnen los requisitos”, aseguran en el Ministerio de Migraciones, que evita referirse a todos los que se quedarán fuera.

Ángela Cañón, colombiana, 35 años, aterrizó en Madrid el 9 de marzo de 2022. Lo hizo empujada por las amenazas de un grupo armado en su país que quería quedarse con las tierras en las que ella trabajaba, en la región de Arauca, fronteriza con Venezuela. Durante un año, vivió en distintas ciudades, buscándose la vida trabajando de forma irregular y recibiendo ayudas de organizaciones que trabajan con mujeres y con migrantes. Hasta que, en marzo de 2023, consiguió formalizar su petición de asilo, obtuvo su permiso para trabajar a los seis meses y consiguió un empleo formal como cuidadora, contratada por una empresa privada. Desde que Cañón presentó su solicitud de asilo ya han pasado dos años. Cada día teme que finalmente llegue la respuesta negativa (los colombianos tienen una de las tasas más alta de reprobación) y que lo que ha conseguido hasta ahora se vaya al traste. “Me siento frustrada, impotente, desorientada, con la incertidumbre todo el tiempo de qué va a pasar con uno, de que si te quedas sin permiso de trabajo, cómo vas a hacer otra vez para sobrevivir; es vivir con zozobra”.

El abogado Rodríguez Candela, de la asociación Extranjeristas en Red, una de las que ha impugnado el reglamento, rechaza el espíritu de la nueva norma: “Va contra la esencia de lo que significa el arraigo. Es una discriminación de un colectivo de miles de personas. Me están diciendo que una persona que entra en patera y que no puede trabajar legalmente, a los dos años tiene un arraigo laboral, pero una que ha entrado por [el aeropuerto de] Barajas y ha estado trabajando legalmente todo ese tiempo, no tendrá esa opción. No lo entiendo. ¿No está arraigado?”, cuestiona. Mauricio Valiente, director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), apela a la practicidad: “Cualquier complicación para la obtención de los papeles aumentará la bolsa de personas en situación irregular. Y estas personas, vistos los porcentajes de devolución, tampoco van a ser devueltas a sus países, por lo que el resultado va a ser más trabajo para la Administración, mayor ansiedad, mayor precariedad y más reacciones xenófobas”.

Luis Fernando Duque, colombiano de 38 años, publicó un vídeo en TikTok contando su situación al borde del llanto y terminó haciéndose viral. “¿Saben por qué lloro? De rabia, llevo tres años aquí en España guerreándola, trabajando duro, de domingo a domingo, porque quiero hacer las cosas bien, bregando para sacar mis papeles y ahora resulta que estos tres años son perdidos”, decía en la grabación que acumula decenas de miles de reacciones. Duque llegó en mayo de 2022 a Sevilla, trabajó recogiendo fruta, después cuidando a una señora mayor, vivió en refugios y centros de acogida, hasta que a finales de ese año consiguió formalizar su solicitud de asilo, cuenta a EL PAÍS. Ya con el permiso de trabajo ha podido emplearse como montador de muebles, después en una comercializadora de licores y bebidas y también en una empresa de reparto de neumáticos. Sigue a la espera de una respuesta a su solicitud. Paradójicamente, lo mejor que podría ocurrirle es que se la denieguen antes del 20 de mayo y así no tener que aguantar otros dos años para obtener nuevos papeles.

Tras estas normas hay una clara intención política, impulsada desde el Ministerio del Interior: la de hacer del asilo una vía mucho menos atractiva para intentar descongestionar el sistema. El asilo en España, como en Estados Unidos y en el resto de países de la Unión Europea, ha acabado convirtiéndose en la forma más segura de permanecer y trabajar en el país de destino y el departamento de Fernando Grande-Marlaska lleva años señalando abusos en las peticiones. Aunque la trampa la facilite el propio sistema. En sistemas eficientes, se deberían estudiar con rapidez los casos de migrantes que alegan que serían perseguidos si se les obliga a regresar a sus países de origen: los que tienen temores fundados recibirían protección inmediata y los que no, serían candidatos a la deportación. Ahora no ocurre ni una cosa ni la otra. España, con 167.000 peticiones el año pasado, tarda años en resolverlas y mantiene un sistema al borde del colapso.

Una de las preguntas clave es si, al menos, funcionará la estrategia. Los abogados de extranjería no lo creen. También se muestran escépticos miembros del equipo de Migraciones que consideran que los recién llegados seguirán prefiriendo garantizarse una estabilidad a su llegada, a aguantar dos años en la clandestinidad hasta poder solicitar una autorización de residencia por arraigo. Aún es pronto para saberlo, pero algunos datos ya parecen reflejar la incertidumbre que ha provocado la aprobación de la norma. La cifra de peticiones de asilo en enero de este año (con el nuevo reglamento ya aprobado por el Gobierno) en relación con enero del año pasado se ha mantenido casi intacta —algo más de 13.000—, pero hay algunas variables: las solicitudes de los colombianos y peruanos cayeron a la mitad: de 4.000 a 2.100 en el caso de los primeros, y de 1.000 a 500 en el caso de los segundos. Otro dato: desde que se aprobó el reglamento, el 20 de noviembre del año pasado, hasta el 31 de enero de este año, 4.500 solicitantes de asilo que recurrieron el rechazo de sus solicitudes han desistido de continuar con el proceso, según datos del Ministerio del Interior. Son casi tantos como los 5.099 que desistieron de sus recursos del 1 de enero al 20 de noviembre del año pasado.