El nuevo reglamento de Extranjería provoca recelos a los promotores de la regularización de inmigrantes en el Congreso

Los promotores de la iniciativa legislativa popular (ILP) para una regularización extraordinaria de inmigrantes que beneficiaría a cientos de miles de personas ven con cautela la reforma del reglamento de la ley de Extranjería que está ultimando el Gobierno. Aunque el borrador del nuevo reglamento abre nuevas vías y facilita la regularización, las organizaciones que han promovido la ILP temen que la iniciativa gubernamental deje de lado un esfuerzo de más de tres años de la sociedad civil y no alcance a colectivos que quedarán en un limbo administrativo si no se aprueba la regularización que proponen, casi sin limitaciones. Jorge Serrano, coordinador del partido Por un Mundo más Justo y uno de los impulsores de la regularización extraordinaria, lo resume así: “Hay que ampliar un canal que estaba desbordado, y para eso sirve la reforma al reglamento, pero también hay que arreglar las consecuencias de haber tenido durante años un canal desbordado, y ahí entra la regularización”.

El borrador del nuevo reglamento de Extranjería, adelantado por EL PAÍS, contempla multitud de cambios que se traducirán en mayores facilidades para obtener autorizaciones de residencia y trabajo en España. Entre los cambios, se reduce de tres a dos años el plazo que los extranjeros deben estar en situación irregular para optar a solicitar sus papeles o introduce la figura del arraigo de segunda oportunidad, al que podrán acogerse las personas que tuvieron una autorización de residencia en el pasado y por alguna razón no pudieron renovarla. Los defensores de la ILP, que calculan que beneficiaría a unas 400.000 personas, celebran iniciativas que faciliten el día a día de los extranjeros, pero reclaman que la reforma del reglamento, aunque necesaria, es insuficiente. “La reforma del reglamento complementaría a una regularización extraordinaria”, defienden.

Para la plataforma Regularización Ya, la única manera de ponerse al día con la situación es ubicar “el marcador en cero”. Esto es, regularizar a todas las personas que están en situación irregular en España y ahí sí ajustar las normas para quienes vengan en adelante. Por eso tienen reservas con esta reforma, porque sienten que en todo el proceso de la ILP no se le ha prestado la atención que debería y que la iniciativa del Gobierno, que arrancó con el nombramiento de la ministra Elma Saiz en noviembre del año pasado, desluzca otra con enorme apoyo popular. “Esto es algo que no se ha trabajado con nosotras, es un acuerdo entre ministerios, siendo que este es un movimiento social de base que ha estado un año en la calle recogiendo más de 700.000 firmas; hay partidos que ni siquiera llegan a esos votos”, defiende Victoria Columba, portavoz de la plataforma.

La inquietud de los promotores de la iniciativa no es infundada. Aunque la ILP logró colarse en la agenda del Congreso y sigue su trámite parlamentario, ni el PP ni el PSOE eran partidarios de respaldarla y acabaron apoyándola in extremis presionados por distintos sectores sociales, entre ellos la Iglesia. Entre los socialistas, de hecho, es común escuchar que el cambio de las reglas que rigen el día a día de los extranjeros sería más efectivo que una regularización extraordinaria. “Independientemente de que salga la ILP, ya vamos a regularizar por decreto [a través del nuevo reglamento]”, mantienen fuentes socialistas. La previsión es que el nuevo texto se apruebe por Real Decreto en el Consejo de Ministros el próximo 12 de noviembre, según fuentes gubernamentales, antes de que la ILP, que aún está en proceso de negociación de las enmiendas, llegue a un pleno del Congreso. El temor es que una vez aprobado el reglamento, decaiga el interés de los socialistas por apoyarla.

Columba, de la plataforma Regularización Ya, discrepa. Para su plataforma, el nuevo reglamento debe entenderse como “una reforma más”, que, además, “es insuficiente para un sistema ya colapsado”. Para ella, la prueba es que esta es la segunda reforma en menos de dos años, pues la de 2022, que introdujo el arraigo por formación, “no ha conseguido el éxito que se esperaba”. La portavoz de la plataforma insiste en que por más flexibles que sean los requisitos no se va a corregir una situación de irregularidad como a la que se ha llegado y que estos intentos terminan dejando por fuera a los de siempre: “las personas más precarizadas”. Para Columba, al final, los que más enfrentan problemas para obtener sus papeles y lograr simples trámites como empadronarse no son los estudiantes ni los profesionales, colectivos especialmente beneficiados en el nuevo reglamento, sino otros muchos más precarios como las empleadas del hogar o los manteros.

“La reforma no puede sustituir a la regularización”, advierte Gonzalo Fanjul, director de investigación de la fundación Porcausa, una de las defensoras más activas de la regularización extraordinaria. Fanjul explica, por un lado, que un cambio en los requisitos no va a corregir el “pecado original” de un sistema que describe como “un modelo de puerta estrecha”. Lo ilustra así: “Tú puedes facilitar las posibilidades de arraigo y las posibilidades de entrar en el mercado laboral [como hará el nuevo reglamento], pero el sistema seguirá forzando a la gente a llegar de forma irregular porque las vías que se ofrecen no responden a las necesidades del mercado laboral”. Por otro, defiende la necesidad de sacar adelante una regularización extraordinaria por tratarse de “una medida de política pública para aliviar la tensión del sistema”.