El plan fiscal enviado por el Gobierno a Bruselas confía en la incorporación de migrantes al mercado

El Gobierno ultima un cambio del reglamento de la ley de extranjería que abrirá la puerta a la potencial regularización de decenas de miles de inmigrantes. La reforma es parte de la estrategia económica del Gobierno, que fía parte del crecimiento a la incorporación de los inmigrantes al mercado laboral. Así se lo planteó a Bruselas al presentar la semana pasada su plan fiscal, un documento en el que prevé que se crearán más de 1,5 millones adicionales de puestos de trabajo hasta 2026, un nuevo récord de ocupación con un número total de ocupados que rozará los 23 millones de personas: “Las áreas de inmigración y vivienda son pilares clave para asegurar la sostenibilidad del crecimiento económico de España y la cohesión social. Su impacto en el potencial de crecimiento hace necesario incorporarlas en este Plan como pilares de la política económica en los próximos años”.

En este documento, en el que el Ejecutivo se compromete con Europa a un esfuerzo de contención del gasto para bajar la deuda, se detallan un conjunto de reformas. A cambio de estas, la Comisión Europea permite ampliar el periodo del plan de ajuste de cuatro a siete años. Entre ellas, se encuentra, precisamente, la aprobación de un nuevo reglamento de la ley de extranjería y una revisión del sistema para homologar los títulos de foráneos.

Según cálculos del Ministerio de Economía, estas dos reformas permitirán aumentar el crecimiento tendencial de la economía en tres décimas de aquí a 2031, al contar con más trabajadores y facilitar que estos estén más formados. Y como los inmigrantes reportarán más ingresos, el déficit público también se reducirá en una décima. “El reto demográfico y la inversión de la pirámide poblacional en España es uno de los retos de largo plazo que puede verse en parte compensado por el fenómeno migratorio existente. En la actualidad, cerca del 16% de la población española ha nacido en el extranjero y los flujos migratorios actuales pueden continuar elevando esa cifra, considerando adicionalmente el decrecimiento de la población nacida en España”, señala el plan fiscal.

Según datos del Banco de España, en 2022, mientras que los extranjeros añadían un 4% más de población, los nacionales restaban un 1%. Según el INE, entre 2019 y 2023 han llegado a España 2,2 millones de inmigrantes. Y estos movimientos migratorios han justificado que el Gobierno eleve el crecimiento potencial de la economía, permitiendo tener más margen para el gasto en los próximos años, tal y como se explica en el plan fiscal. El Ejecutivo afirma en ese documento que “uno de los objetivos prioritarios de los próximos años es tratar de atraer flujos de inmigrantes con mayores niveles de cualificación en aquellos sectores de mayor interés nacional”. Y añade que “esto permitirá aumentar la cualificación de la fuerza laboral y, con ello, la productividad del sistema”. Si bien esto último no es exactamente así porque la formación media de los inmigrantes que llegan es menor en promedio que la nacional y, por lo tanto, la productividad en su conjunto en realidad se resentiría.

De acuerdo con el plan fiscal, la reforma del reglamento de la ley de extranjería tendrá básicamente dos patas. Una es “mejorar las vías que permitan una mayor regularización del stock de inmigrantes existente, lo que permitiría aflorar la economía sumergida de los inmigrantes que no cumplen con los criterios de arraigo y evitando que el tránsito hacia el mercado laboral se produzca a través de vías colaterales no pensadas para dicho objetivo, como la figura de la solicitud de protección internacional”. Y la otra es “revisar las diferentes figuras que permiten la contratación en origen y poder maximizar el potencial económico de los inmigrantes”.

Además, el Gobierno pretende incrementar la productividad de la población inmigrante, reconociendo de forma más ágil y flexible sus cualificaciones y competencias, en especial las universitarias. Según se indica en el plan fiscal, se profundizará en esta vía tras detectarse trabas en el proceso de homologación: “A pesar de haber pasado de 10.100 expedientes resueltos en 2020 a 27.200 en 2023, el sistema actual no es capaz de absorber las 5.000 solicitudes que de media llegan cada mes, un 84% aproximadamente desde la región latinoamericana”.

Por otra parte, un informe del BBVA alertaba la semana pasada de que la inversión en vivienda nueva era insuficiente y que la oferta de vivienda estaba condicionada por la incertidumbre regulatoria, la falta de suelo, el escaso presupuesto público, el menor tamaño de las empresas del sector y la necesidad de crédito. Y concluía que, incluso si se solventaran todos estos problemas, en cualquier caso no habría mano de obra suficiente para construir lo que se precisa. El servicio de estudios del banco destacaba el papel determinante que está jugando la inmigración en el crecimiento: el 90% del aumento de la población activa se explica por los foráneos. Es más, la creación anual de empleo inmigrante es mayor que entre 2000 y 2008, en plena burbuja inmobiliaria.

El presidente de la patronal de la construcción, Pedro Fernández Alén, ha advertido en numerosas ocasiones de que hacen falta trabajadores tanto para poder construir vivienda al ritmo que se necesita, como para poder desarrollar las inversiones de los fondos europeos. En sus encuestas, el Banco de España ha detectado que más del 40% de las empresas tienen dificultades para disponer de mano de obra.