El PP apoya regularizar a cientos de miles de inmigrantes si se excluye a aquellos con antecedentes penales o reincidentes

La norma para regularizar a cientos de miles de inmigrantes que llevan años trabajando en España avanza en su tramitación parlamentaria, pero los grupos deberán negociar ahora la redacción del texto definitivo. Después de que en abril la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la impulsó fuera admitida a trámite con el apoyo de todos los partidos salvo Vox, y una vez que el PSOE y Sumar se han puesto de acuerdo esta semana para cerrar el plazo de enmiendas, el PP, que llevaba meses evitando pronunciarse, ha presentado por fin sus condiciones para apoyar la ley. La propuesta de los populares, registrada in extremis el miércoles, excluye de la regularización a aquellos inmigrantes que tengan antecedentes penales, sean delincuentes reincidentes o tengan prohibida la entrada a territorio español. Fundación para la Ciudadanía Global, que como el movimiento Regularización Ya forma parte de la comisión que en su día impulsó la ILP, cree que las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios hacen “muy posible el acuerdo” en la redacción final, aunque advierte de problemas que dejarían “en papel mojado la regularización extraordinaria”, como el período de tiempo fijado —el PP pide que únicamente puedan acogerse quienes lleven al menos tres años en España— o la exigencia de Junts sobre la transferencia de competencias en materia migratoria a Cataluña.

La cifra de personas que se encuentran en situación irregular en España es muy incierta, pero sus promotores calcularon hace seis meses que su iniciativa podría beneficiar a entre 390.000 y 470.000 migrantes, la mayoría originarios de América Latina. España ha aprobado en democracia nueve regularizaciones de extranjeros: cinco bajo Gobierno del PP y cuatro con el PSOE. La última se hizo en 2005.

La enmienda del PP reclama que esta nueva regularización se haga de manera “individualizada” y defiende que afecte a aquellos inmigrantes que se encontraran en España antes del 1 de noviembre de 2021. Esa era la fecha que figuraba también en el texto original, que la plataforma ciudadana registró ante la Junta Electoral Central en esa fecha. El PSOE y Sumar pactaron después ampliar el plazo hasta antes del 31 de diciembre de 2023, aunque establecieron que para conceder la regularización se usarían criterios “laborales, socioformativos, familiares y/o humanitarios”, lo que podía acotar el número de afectados. Otros partidos, como ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, reclaman extender aún más el plazo, de forma que la ley beneficie a todas las personas que hayan llegado a España antes de “la entrada en vigor” de la norma.

La propuesta del PP recoge que el Gobierno, mediante Real Decreto, establezca, “en el plazo máximo de 6 meses, un procedimiento para la regularización individualizada de los extranjeros que se encuentren en territorio español, de manera irregular, antes del día 1 de noviembre de 2021 (...) que no sean reincidentes por delitos menos graves o leves, ni tengan antecedentes penales no cancelados”. “Tampoco podrán acogerse a ningún apartado de este artículo aquellos extranjeros que tengan prohibida la entrada en el país”, añade. Además, piden los populares, las personas que se acojan a la regularización “deben asumir el compromiso expreso con los valores constitucionales y democráticos de la sociedad española y europea”. El partido de Alberto Núñez Feijóo reclama, por último, dotar de más medios humanos, materiales y económicos a las oficinas de Extranjería “para garantizar la tramitación de cada uno de los expedientes con la debida agilidad”.

“La enmienda presentada por el PP, a pesar de ser favorable, plantea una fecha de entrada en España como condición para la regularización que es igual de exigente que el mecanismo de arraigo social, por lo que convertiría la regularización en inútil”, reza la nota de prensa de Fundación para la Ciudadanía Global. Las asociaciones llevan desde 2021 fraguando la iniciativa, que contó en su día para el registro con el apoyo de más de 600.000 firmas de ciudadanos

La organización advierte de que la postura de Junts es aún más complicada de asumir, “ya que condiciona la aprobación de la ILP a la transferencia de las competencias de migración al Gobierno de Cataluña”, y observa con preocupación que la ley dependa finalmente en el Congreso de estos dos grupos.

Muy crítico se muestra el movimiento Regularización Ya, otra de las principales plataformas impulsoras. Su portavoz, Victoria Columba, cree que algunas de las enmiendas presentadas reflejan “lo lejos” que están los partidos de la realidad de las personas inmigrantes. “Estamos preocupadas porque pensamos que los legisladores no entienden cuál es la realidad de las personas que vivien y trabajan en exclusión”, destaca.

La iniciativa popular comenzó a tomar forma a finales de 2021, y un año después el movimiento Regularización Ya anunció que había conseguido las firmas de apoyo de casi 612.000 españoles (la ley requiere el respaldo de al menos medio millón) y el apoyo de 906 organizaciones. Entre ellas, Cáritas, la Conferencia Episcopal, diversos ayuntamientos y distintas asociaciones. Todos los partidos salvo Vox apoyaron su tramitación en el Congreso.