PSOE y Sumar desbloquean en el Congreso la ley para regularizar a cientos de miles de inmigrantes tras los datos del CIS

En medio de la ofensiva de PP y Vox por la gestión migratoria del Gobierno y en contraste con una deriva xenófoba que gana posiciones en Europa, PSOE y Sumar han acordado el desbloqueo en el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a cientos de miles de inmigrantes que llevan años trabajando en España. La norma, que contó con el apoyo de más de 600.000 firmas y cuya admisión a trámite fue aprobada en el pleno de la Cámara baja el pasado abril con el consenso de todos los grupos políticos salvo la ultraderecha, llevaba meses estancada en el plazo de enmiendas, que se ampliaba una y otra vez cada semana. Los socios de Gobierno han pactado finalmente cerrar esa fase de la tramitación en la reunión de la Mesa del Congreso celebrada este martes, fijando como fecha tope para la presentación de modificaciones el miércoles a las seis de la tarde, según adelantó Público y ha podido confirmar EL PAÍS. La llave para dar luz verde a la iniciativa la tienen ahora PP y Junts, con un discurso duro en inmigración y que ya dejaron caer en julio la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores por parte de las comunidades. Por ahora, ninguno ha desvelado el sentido de su voto.

El acuerdo entre las formaciones de la coalición llega justo una semana después de que el CIS revelase que la inmigración ha escalado hasta la primera posición entre los problemas de los españoles y camina en la dirección contraria a la de otros gobiernos del entorno europeo, incluidos algunos progresistas. Mientras el canciller alemán Olaf Scholz instala controles en todas sus fronteras presionado por la extrema derecha (e incluso la izquierda de Die Linke se parte en dos con una líder que abandera unos postulados ultra en esta materia) o el primer ministro laborista, Keir Starmer, se muestra “muy interesado” en el modelo migratorio de Giorgia Meloni, el Ejecutivo de coalición, a instancias sobre todo de Sumar, avanza en la iniciativa que reclama desde hace años la plataforma Regularización Ya.

El texto pactado por PSOE y el grupo que lidera Yolanda Díaz introduce cambios en la propuesta original. Si la ILP que llegó al Congreso establecía que se abriese un procedimiento de regularización para aquellas personas que se encontrasen en territorio español antes del 1 de noviembre de 2021, los dos partidos han redactado ahora una enmienda conjunta que amplía ese plazo, pero introduce algunos criterios que podrían acotar el número de personas afectadas. El texto de la iniciativa especifica que el Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en un período de seis meses, un “procedimiento que permita que las personas extranjeras en situación administrativa irregular en España, antes del 31 de diciembre de 2023, puedan acceder a una autorización de residencia y/o trabajo por motivos laborales, socioformativos, familiares y/o humanitarios”.

Con el fin de esta fase de la tramitación parlamentaria, el siguiente paso es la convocatoria de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargada de elaborar la ponencia y el dictamen, y que preside la diputada de Sumar Aina Vidal. En esta comisión se negociarán las enmiendas con todos los grupos y aunque el socio minoritario del Gobierno quiere acelerar los plazos, ni ellos ni los socialistas se atreven a fijarlos, teniendo en cuenta además que podrían volver a dilatarse en función de los intereses de los partidos. La duda fundamental se sitúa en el PP y Junts. La formación de Alberto Núñez Feijóo apoyó en su día la admisión a trámite, pero ha endurecido sus planteamientos desde el verano y, de momento, evita pronunciarse.

Cuestionado por el asunto en rueda de prensa, el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, se ha limitado a cargar contra el Ejecutivo. “Que en este país haya que celebrar el acuerdo entre los dos partidos que conforman la coalición de gobierno es la demostración de que el Gobierno de Sánchez es un circo (…) El Gobierno se ríe de todos los españoles en su cara y nosotros no vamos a ser cómplices de esa situación”, ha afeado. “Funciona el Congreso, pero también funciona el Gobierno y saca adelante las cosas”, ha presumido inmediatamente después el portavoz socialista, Patxi López, para referirse al pacto. Aún así, fuentes de la coalición no descartan que el PP pueda sumarse a la iniciativa que tiene el respaldo de organizaciones como Cáritas y que reclaman también en el mundo empresarial porque se trata de inmigrantes que tienen trabajo en España en ocasiones desde hace años.

“Hace falta ahora negociar con los otros partidos del arco parlamentario para que esto pueda acabar siendo una realidad”, ha reconocido también en una comparecencia previa la diputada de Compromís, Àgueda Micó. “Como los temas de inmigración la derecha y la extrema derecha los están llevando al extremo, entiendo que deberemos buscar estos acuerdos dentro de los partidos que dimos apoyo a la investidura”, ha expresado en una declaración que sugiere que volcarán sus esfuerzos en atraer a Junts. “Habrá que negociar. Vamos a trabajar para lograr que se convierta en ley”, ha reivindicado por su parte el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, quien, optimista, ha enfatizado que “aspiran” a aprobar la regularización “con la misma mayoría” de la primera votación de abril.

“¿De qué sirve que PSOE y Sumar hagan hoy otro anuncio si en la Comisión Junts vota en contra?, ha reaccionado en su habitual línea crítica con el Gobierno el diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna. Por ahora, la formación del expresident Carles Puigdemont tampoco da pistas.

El socio minoritario del Ejecutivo ha presionado públicamente con este asunto en las últimas semanas y este martes los distintos portavoces del grupo celebraban el acuerdo. “Reconozcamos a nuestras vecinas, que son ciudadanas con pleno derecho”, ha pedido la catalana Vidal, presidenta de la comisión encargada de la ponencia.

“Todas las fuerzas políticas deben apoyar esta demanda, aquí no hay ninguna excusa”, ha reclamado por la tarde en la plaza de las Cortes de Madrid Victoria Columba, responsable de comunicación del movimiento impulsor de la iniciativa. De salir adelante, sería la décima regularización de extranjeros en España y la primera desde 2005, cuando el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero concedió los papeles a más de 600.000 trabajadores de fuera de la UE.