Sumar buscará agilizar la regularización de inmigrantes en el Congreso e impulsar el debate de la financiación

Después de un año plagado de citas electorales, Sumar arranca el nuevo curso político con la intención de desplegar sin más demora su proyecto político para esta legislatura. Aunque consciente de la fragilidad parlamentaria del Gobierno y la dificultad para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2025 por la incierta postura de Junts, la coalición de partidos que lidera Yolanda Díaz empujará al PSOE a pactar unas cuentas que incluyan medidas para facilitar el acceso a la vivienda y la conciliación. En el Congreso, el grupo centrará inicialmente sus esfuerzos en agilizar la regularización de cientos de miles de inmigrantes. Los de Díaz también quieren que se abra de una vez el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómico. Tras el acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa en Cataluña, que ha causado enorme malestar en partidos que integran Sumar, la coalición aspira a que este movimiento permita abordar por fin la renovación de un modelo caduco desde 2014.

Precisamente este sábado, y ante el descontento de algunas federaciones del partido, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó en la Interparlamentaria socialista celebrada en Sevilla que ese pacto para una “financiación singular” —un “concierto económico”, según Esquerra— podría “extenderse” a otras comunidades.

El asunto aviva las diferencias entre los partidos de Sumar, que no tienen una postura común al respecto, y preocupa especialmente a organizaciones de ámbito autonómico, como Compromís y Chunta Aragonesista. Los primeros llevan años reclamando que se solucione la situación de “infrafinanciación” de su comunidad. “Somos una fuerza plurinacional que se toma esa plurinacionalidad en serio”, afirman fuentes de Sumar, que insisten en que esta legislatura ha de abordarse la reforma.

Tras un verano particularmente caliente en Canarias y Ceuta, con sus recursos desbordados por el repunte en la llegada de inmigrantes, y sin acuerdo con el PP para la modificación del articulo 35 de la ley de extranjería que permitiría hacer obligatoria la acogida de menores por parte de las comunidades, la coalición izquierdista se desmarca de populares y socialistas en esta materia. Fuentes del partido critican la visión “reduccionista” del PSOE que, en su opinión, se limita a hablar de migración circular, como hizo el presidente Pedro Sánchez en su gira por Mauritania, Gambia y Senegal la semana pasada. “No resuelve el problema ni es respuesta para los que residen aquí”, señalan antes de abogar por la regularización, el establecimiento de vías de entrada seguras e insistir en la reivindicación de España como “país de acogida” frente a la retórica de la derecha y la ultraderecha.

“El discurso que se ha instalado es peligroso”, advierten sobre la narrativa que ha abrazado también el Partido Popular. “Nos distinguimos y nos vamos a seguir distinguiendo”, añade el socio de gobierno del PSOE. Precisamente, la vicepresidenta Díaz salió muy dura contra Sánchez el jueves, después de que hubiese calificado de “imprescindible” el retorno a sus países de origen de los inmigrantes irregulares. Desde Sumar, reclaman que el PSOE permita cerrar en el Congreso el plazo para la presentación de enmiendas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca regularizar a cientos de miles de inmigrantes sin papeles que ya viven y trabajan en España. La ILP salió adelante en abril con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, pero desde entonces esta fase del trámite parlamentario se ha prorrogado una y otra vez en un intento, denuncia el grupo, por dilatar el proceso e impedir que avance. Precisamente Sumar, a través de Catalunya en Comú, registró el viernes pasado una batería de preguntas al Gobierno para forzar su agilización. El escrito canaliza las demandas del movimiento Regularización Ya, promotor de la iniciativa.

Cuentas complicadas

La formación no se resigna a que el PSOE renuncie a sacar adelante las cuentas públicas del próximo año sin intentarlo antes. “La obligación del Gobierno es gobernar”, afirman contundentes fuentes de la dirección del partido. El Ejecutivo ya anunció la semana pasada su intención de llevarlas al Congreso, pero la aritmética parlamentaria es compleja y Junts volvió a demostrar en la Diputación Permanente del 27 de agosto que no tiene reparos en aunar sus votos a los de PP y Vox. Los PGE son esenciales para Sumar. Es la oportunidad para mostrar su utilidad ante el electorado, más en un momento de incertidumbre, en el que la formación no ha resuelto aún el liderazgo interno tras el paso atrás de Díaz de los cargos orgánicos y tiene pendiente celebrar una nueva asamblea para definir su futuro.

En todo caso, la coalición busca dar prioridad en la negociación con el PSOE a la problemática de la vivienda. Con la mayoría de comunidades gobernadas por el PP, la ley aprobada la pasada legislatura para limitar los alquileres tiene difícil su aplicación. El socio minoritario quiere empujar a los socialistas a regular los arrendamientos turísticos y de temporada, ampliar el parque público movilizando las viviendas vacías y construir hasta 500.000 pisos para alquiler a 400 euros, entre otras medidas.

En materia de conciliación, después de que el anterior Ejecutivo diese luz verde por decreto a un permiso temporal de ocho semanas para cuidado de hijos menores de ocho años, Sumar presiona para que las primeras cuatro semanas sean remuneradas, tal y como se acordó en el pacto de Gobierno y exige la UE. El mes pasado expiró el plazo para transponer la última parte de la directiva europea de conciliación, que obliga a ello. El grupo quiere aprobar también una renta universal por crianza, en la que han insistido tanto el Ministerio de Derechos Sociales como el de Juventud e Infancia. Todo ello con unos presupuestos para 2025 a expensas de Junts y también de Podemos, que ya ha advertido que venderá caros sus cuatro votos para dar estabilidad a la legislatura.