El Gobierno se emplaza a llevar los Presupuestos al Congreso pese a no tener los apoyos garantizados

El Gobierno tiene hasta el 30 septiembre, lunes, para presentar en el Congreso el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Una cuenta atrás de menos de cinco semanas en la que, aunque su intención es cumplir con el calendario que establece la Constitución, volverá a depender de los independentistas catalanes, con Junts a la cabeza, para aprobar el requisito previo, el techo de gasto que fija los cimientos de las cuentas públicas en cada ejercicio. La coalición progresista de PSOE y Sumar no renuncia a aprobar los Presupuestos, como ya hizo en su variante anterior con Unidas Podemos en 2021, 2022 y 2023, pero en La Moncloa ya ponen paños calientes en privado y contemplan, como adelantó EL PAÍS, una prórroga presupuestaria si la Cámara no da luz verde a sus cuentas. Sería la segunda consecutiva y la sexta en una década que coincide con la montaña rusa en que se ha convertido la política española.

“La responsabilidad y la tarea del Gobierno de España es sacar adelante y presentar los Presupuestos y estamos en tiempo y en forma”, ha aseverado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en el primer Consejo de Ministros tras el parón estival, en el que ha apelado a “la responsabilidad” de los grupos políticos para que España actualice sus cuentas para el próximo año. Fuentes de la cúpula del Gobierno remarcan no obstante que una prórroga no supondría un drama ya que los Presupuestos vigentes, de 2023, son muy expansivos gracias al empujón de los fondos europeos.

El partido de Carles Puigdemont ya tumbó por sorpresa la senda de estabilidad a finales de julio, reventando los planes de La Moncloa, que unos días antes había aprobado un techo de gasto ligeramente superior al que había diseñado para 2024. El mensaje de Junts, que el voto de sus siete diputados no se puede dar por seguro, pende desde entonces sobre el Palacio de La Moncloa y el Ministerio de Hacienda. Tampoco se pueden dar por descontado el respaldo de los siete escaños de ERC por la interpretación diferente que los socialistas hacen del acuerdo fiscal —para los republicanos es un concierto económico y para el PSOE una financiación singular— que posibilitó la investidura de Salvador Illa. Junts y ERC celebran en otoño sus congresos, lo que lo complica todo aún más. “Están además fuera de gobiernos”, subrayan en la cúpula de Ferraz en referencia al Palau de la Generalitat, “lo que aumenta las dificultades”.

Inmersos en otro inicio de curso de vértigo, en el Gobierno no se engañan y hace tiempo que asumieron su minoría parlamentaria en el Congreso, donde no ha transcurrido un año y ya no está asegurada la mayoría que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez. El presidente consiguió ahormar una alianza variopinta con los nacionalistas, con todo el abanico de la izquierda y la derecha catalana que valió el pasado noviembre la continuidad en La Moncloa. Las curvas se suceden desde entonces y son cada vez más cerradas, sobre todo desde la aprobación de la ley de amnistía, cuya aplicación no depende del Gobierno sino de la interpretación, con el Supremo muy reticente, que están haciendo los tribunales de justicia.

Junts ha demostrado desde la entrada en vigor de la medida de gracia que va más por libre y ese es el problema principal que el Gobierno tendrá que resolver. El último ejemplo se ha visto este martes en la Diputación Permanente del Congreso, donde ha apoyado las comparecencias de Sánchez para que explique la política migratoria del Ejecutivo y de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la financiación singular para Cataluña, solicitadas sin éxito por el PP. Sánchez cuenta al menos con una ventaja: un horizonte despejado de citas electorales tras los comicios en Galicia, Euskadi, Cataluña y las europeas del primer semestre del año. El adelanto de las elecciones catalanas trastocó la hoja de ruta de La Moncloa, que hasta ese momento se veía en condiciones de sacar las cuentas de 2024. Aunque fuera entrado el año. En el núcleo del Gobierno también tienen claro que no habrá Presupuestos a cualquier precio. Esto es, que los independentistas los tumban y se tienen que prorrogar no habrá adelanto electoral, como sí sucedió en 2019. El contexto era entonces muy distinto: Sánchez prácticamente acababa de llegar a La Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy en junio de 2018 y el contexto político era muy diferente. La debilidad de Sumar es otro factor determinante para que en el PSOE no se les pase por la cabeza unas nuevas generales, menos de dos años después de las que julio de 2023.

El PSOE también tiene claro que no puede contar con el PP pero ya no para los Presupuestos, sino para la senda de estabilidad. Los socialistas atacarán sin descanso por ese flanco a Alberto Núñez Feijóo. La consecuencia de otra derrota parlamentaria del Gobierno como la de julio es que las comunidades autónomas dispondrían de 6.000 millones menos y los ayuntamientos de 4.500 millones. Un golpe que sufrirían sobre todo los barones del PP, que preside 11 comunidades además de las ciudades de Ceuta y Melilla y gobierna en la mayoría de grandes ciudades tras el desastre de la izquierda en las autonómicas y municipales de mayo de 2023.