El Gobierno contempla prorrogar los Presupuestos ante las dudas sobre el apoyo de ERC y Junts

El Gobierno se encamina a una nueva prórroga por segundo año consecutivo de los Presupuestos Generales del Estado. La dilación de las cuentas de 2025, al menos por unos meses, ha dejado de ser un tabú y se ha convertido en el escenario más probable según transmiten fuentes gubernamentales y socialistas a EL PAÍS. Sería la sexta vez en los últimos diez años, marcados por la incertidumbre política. La intención de María Jesús Montero es lograr su aprobación en tiempo y forma, pero los planes de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda chocan con la falta de garantías tanto de ERC como de Junts, cuyo respaldo es imprescindible en el Congreso y a la greña en su pulso perpetuo por la hegemonía en el independentismo. Republicanos y postconvergentes se encuentran además en una situación de interinidad a la espera de los congresos que celebrarán en otoño para resolver sus liderazgos internos.

Con un tablero político endiablado en el que ni está amarrado el apoyo de Podemos tras desgajarse de Sumar, la impresión cada vez más extendida en el organigrama del PSOE es que habrá un aplazamiento de los Presupuestos. Una sensación que se ha acentuado aún más tras la reacción furibunda de ERC a la rebaja de la número dos del Ejecutivo del acuerdo sobre la financiación singular para Cataluña y su rechazo a asemejarlo al concierto vasco. Un relato que Esquerra ha repetido hasta la saciedad durante el último mes con el silencio de los socialistas. En el Gobierno reconocen que la demora de los Presupuestos no sería lo idóneo pero subrayan que la economía española es la que más crece de los principales países de la UE y que además las cuentas vigentes son expansivas y aportan el margen suficiente para encajar cualquier gasto al estar impulsadas por el maná millonario de los fondos europeos. “La economía va muy bien y ojalá que eso se pudiera plasmar en unos nuevos Presupuestos. Yo me voy a emplear a fondo para conseguirlo con mano tendida y diálogo permanente con todos los grupos que quieran aportar”, se conjuró el miércoles la ministra de Hacienda en Rota (Cádiz).

Montero afirmó que tiene “muy avanzado el esqueleto de los Presupuestos” debido a las negociaciones que avanzó en su momento con los grupos parlamentarios para los de 2024. En septiembre retomará los contactos con todos los grupos salvo el PP y Vox, pero las bases de las cuentas ya están puestas. El Gobierno ya aprobó a finales del pasado diciembre un techo de gasto récord de 199.120 millones de euros para 2024, incluidos los fondos europeos, que no prosperó y suponía un 0,5% más respecto al año anterior. Las turbulencias políticas, de nuevo con epicentro en Cataluña, trastocaron en marzo los planes de La Moncloa: la decisión de Pere Aragonès de convocar elecciones anticipadas dos meses después provocó que Sánchez optara por la prórroga de los Presupuestos. La ministra de Hacienda mantuvo las conversaciones con los grupos políticos confiada en que las negociaciones ya avanzadas servirían de cimientos para las cuentas del año siguiente. Con esa hoja de ruta en mente, el Consejo de Ministros aprobó el 16 de julio un límite de gasto no financiero para el ejercicio de 2025 ligeramente mejor (199.171 millones), contando con la inyección vitamínica de los fondos europeos.

Pero una semana después el calendario previsto se fue al traste. La aprobación del techo de gasto, paso previo imprescindible para los Presupuestos, sigue siendo el primer nudo gordiano que el Gobierno tiene que solucionar. Y dependerá, una vez más, de su habilidad para contentar al mismo tiempo a ERC y Junts. El partido de Carles Puigdemont tumbó su aprobación el 23 de julio, en el último pleno del Congreso antes del parón estival pese a que su apoyo se daba por seguro. El mensaje de Junts, en la víspera de que Pedro Sánchez se reuniera en Barcelona con el presidente saliente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC) en plenas conversaciones para investir a Illa, fue rotundo: su voto no es previsible y no se le puede incluir entre los socios fiables del Ejecutivo, como los nacionalistas vascos. Junts ha convocado su congreso a finales de octubre —el anterior fue en 2022— para redefinir su estrategia tras la pérdida de poder en Cataluña y aclarar el rol de Puigdemont.

La Moncloa y Ferraz también aguardan expectantes el congreso de ERC, convocado para el 30 de noviembre aunque su expresidente, Oriol Junqueras, quiere adelantarlo a septiembre para evitar que tome cuerpo una candidatura del sector crítico. Los republicanos fían entretanto su destino inmediato al acuerdo que ha permitido la investidura de Salvador Illa como president a cambio de una financiación singular para Cataluña e impedido al mismo tiempo una repetición electoral a la que habrían llegado abiertos en canal. “El PSOE necesita el apoyo de ERC en el Congreso de los Diputados para sacar adelante diferentes medidas, como pueden ser los Presupuestos Generales del Estado. Si los socialistas incumplen su palabra con la financiación singular u otras medidas incluidas en el acuerdo, ERC retirará su apoyo y los socialistas tendrán que buscar otras alternativas o convocar elecciones”, advirtió el miércoles ERC en un comunicado tras escuchar decir a Montero que “miente” quien diga que el pacto con los republicanos es un concierto económico.

La volatilidad de los apoyos de Junts y ERC y la certeza de que presionarán a Sánchez con tumbar las cuentas y provocar un adelanto electoral si no acepta sus exigencias es el otro gran motivo que esgrimen dentro del Gobierno los defensores de una prórroga presupuestaria. En el PSOE nadie contempla unas elecciones generales el año que viene. La situación, explican, no tiene nada que ver con la de febrero de 2019, cuando el presidente convocó comicios en abril, después de que los independentistas catalanes rechazaran los Presupuestos Generales. “El Presupuesto que hay vigente es muy expansivo por los fondos europeos y hay precedentes de gobiernos que han aprobado las cuentas a primeros del año siguiente”, desdramatizan dirigentes socialistas.

En cualquier caso, el retraso de los Presupuestos no eximirá a España de cumplir las nuevas reglas fiscales europeas. La principal novedad para estas cuentas es que en 2025 entrarán en vigor el próximo ejercicio tras su relajación primero por la pandemia y luego por la crisis energética y la crisis inflacionaria por la guerra de Ucrania. El Gobierno prevé que este año cumplirá con el objetivo de déficit del 3% que Bruselas pone como listón. Sus estimaciones es que en 2025 lo bajará al 2,5%. El gran problema es la deuda pública, que en 2023 bajó hasta el 107,7% del PIB, mejorando las previsiones del Gobierno pero todavía muy lejos del máximo que fijan las reglas europeas, del 60%.