El Gobierno no tendrá que detallar medidas de ajuste en su plan fiscal enviado a Bruselas

El Gobierno tendrá que presentar en septiembre su plan fiscal para reconducir las cuentas públicas. Este se remitirá a Bruselas, abarcará un periodo de cuatro años y el objetivo será poner la deuda en una senda descendente con una alta probabilidad hasta diez años después de haber concluido el plazo de ajuste. Sin embargo, según fuentes conocedoras y de acuerdo con el documento de orientaciones al que ha tenido acceso EL PAÍS, el Ejecutivo español no tendrá que detallar las medidas con las que intentará cumplir con esa senda de estabilización fiscal. Solo deberá especificarlas para el primer año, el 2025. Y para cumplir en ese ejercicio bastaría con retirar las ayudas que todavía se mantienen por la crisis de precios y con hacer permanentes los impuestos extraordinarios a banca y energéticas. Pero para el resto de años del plan solo las tendrá que ir incluyendo y detallando en los presupuestos que elabore en cada ejercicio.

En esta planificación fiscal, el Gobierno simplemente tendrá que comprometerse a poner un techo al aumento del gasto. Este se limitará mediante un porcentaje de incremento máximo anual que vendrá fijado en el plan para cada ejercicio. Y se aplicará sobre el llamado gasto neto. Este concepto contempla el presupuesto nacionalmente financiado y no incluirá ni los intereses, ni el desembolso cíclico por prestaciones de paro, ni los fondos cofinanciados con Europa, ni los gastos extraordinarios o temporales. Y se le restará a ese gasto los ingresos por nuevas medidas. De esta forma, el Gobierno podrá aprobar subidas de impuestos con las que obtendría margen para gastar más. Es decir, aunque la restricción sea en principio sobre el gasto, se podría decidir que el ajuste venga por la parte de los ingresos.

Según las orientaciones que Bruselas ha remitido a las capitales, ningún país tendrá que detallar las medidas de ajuste. La Comisión ha decidido ser pragmática. En especial por la difícil situación política y fiscal de Francia e Italia. Así no empezarían de entrada incumpliendo con las nuevas reglas fiscales que comenzarán a aplicarse en 2025. Sin embargo, la propia Comisión admite en su documentación que el detalle ayudaría a dar credibilidad. Y esta decisión abre muchas incógnitas sobre si el nuevo marco servirá para imponer una cierta disciplina. “Al final serán los mercados”, dice un alto funcionario conocedor de los entresijos de estas reglas presupuestarias. En el caso de España, se prevé que el gasto en pensiones por la jubilación del ‘baby boom’ empiece a tensar las cuentas públicas hacia finales de esta década y comienzos de la siguiente.

Este límite al gasto neto supondría un indicador directamente observable y relativamente fácil de controlar, a diferencia de lo que ocurría con la medición del déficit estructural. La idea de poner un tope al gasto es que en principio se pueda hacer un ajuste tan solo elevando los desembolsos un poco menos de lo que crezca la economía. En condiciones normales, Hacienda eleva cada año su recaudación lo que crece el PIB más la inflación. Y, por lo tanto, eso es lo que razonablemente se puede subir el gasto sin provocar un desfase mayor en las cuentas. Pero si se eleva el presupuesto algo menos de lo que crece la economía, entonces con esa diferencia se estaría, en la práctica, llevando a cabo un ajuste. Bastaría con un punto de diferencia para que el ajuste anual fuera equivalente al 0,5% del PIB. Salvo en los años de medidas duras por la crisis financiera, entre 2010 y 2014, el ajuste presupuestario siempre se ha realizado mediante estos juegos, haciendo que el peso de ciertas partidas en la tarta vaya disminuyendo aunque en euros sigan creciendo.

Si no se cumple con el techo fijado al gasto, el desfase de cada año se irá apuntando en una cuenta y Bruselas exigiría medidas correctoras cuando se llegue al 0,6% del PIB o el 0,3% en un solo año.

El ajuste requerido se podrá hacer en siete años en lugar de cuatro a cambio de prometer reformas e inversiones. Esto suavizará el ritmo del ajuste al dividirlo entre más ejercicios. La Comisión ya ha señalado que valdrán para ello las del Plan de Recuperación financiado con fondos europeos. Aun así, aunque se van a conceder los siete años para repartir el ajuste diluyéndolo, el plan se seguirá presentando a cuatro y, cuando este se termine, se tendrá que elaborar otro.

Sube la deuda a partir de 2027

La Comisión ya ha entregado al Gobierno sus proyecciones sobre cómo se va a comportar la deuda. Según la información a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en las previsiones iniciales de Bruselas la deuda empezaría a escalar de nuevo a partir de 2027 si no se toman medidas. Y en la década de 2030 empezará a subir con más fuerza. En 2034, el endeudamiento ya estaría subiendo dos puntos al año y se encontraría cerca de los niveles inmediatamente posteriores a la pandemia, en torno al 113%. Con las nuevas reglas, el plan fiscal presentado a Bruselas debe incluir un ajuste suficiente como para corregir esta deriva y poner la deuda en un camino descendente con una elevada probabilidad, del 70%, hasta el año 2042. La Autoridad Fiscal calcula que en siete años haría falta un ajuste anual del 0,43% del PIB, unos 6.000 millones con el PIB actual, para conseguir que la deuda se sitúe en una trayectoria descendente. Y el Banco de España tiene hechos números similares. En el fondo, se trataría de corregir el actual déficit estructural de las Administraciones, situado en torno al 3,5% del PIB, unos 52.000 millones con el producto interior bruto de este año, el 40% de la recaudación por IRPF.

Expertos consultados consideran que el ajuste sería asequible si no fuera por las presiones que impondrá el sistema de pensiones, que aumentará el gasto anual en unos 4 puntos de PIB, desde el 13% hasta el entorno del 17% en 2050, según previsiones de la Comisión. Por eso, Bruselas sostiene en su análisis de la deuda española que la cláusula de cierre contribuirá, si se aplica por completo, a la sostenibilidad fiscal. Esta cláusula de cierre es el examen que tendrá que hacerse cada tres años sobre la evolución del gasto en pensiones. Si este se desvía sobre las previsiones que ha pintado el Gobierno en su reforma, entonces habría que activar un ajuste. Si no se acuerdan medidas alternativas, habría una subida de cotizaciones automática por valor del desajuste estimado a razón de una quinta parte por año.

Una senda de ajuste distinta de la de Bruselas

La Comisión ya ha trasladado a España cuánto estima que debería limitarse el gasto neto cada año para lograr ese ajuste que deje la deuda en una trayectoria a la baja. Pero Bruselas permitirá que el Gobierno use una senda distinta siempre que la justifique muy bien con argumentos económicos sólidos. Y tendrá que descontar en esos cálculos todo el gasto por envejecimiento que calcula la Comisión y que será el principal problema para abordar el ajuste y estabilizar la deuda. También le permitirá usar unas proyecciones de crecimiento diferentes de las que maneja la Comisión. Este margen será muy importante en la medida en que un PIB más alto ayuda mucho a rebajar el endeudamiento en proporción a la economía.

La Autoridad Fiscal ha reclamado que esta trayectoria enviada por Bruselas se publique igual que se ha hecho en Holanda o Austria. En todo caso, el reto del ajuste ha llevado a la Comisión a volver a empujar para que se apruebe una reforma fiscal, comprometida con Bruselas para el quinto pago de fondos europeos y sobre la que el Gobierno dice que ya ha hecho suficiente con los impuestos extraordinarios a banca y energéticas, el afloramiento de economía sumergida y la subida en frío del IRPF, al no actualizar la tarifa con la inflación. Sin embargo, en las recomendaciones europeas es clara la insistencia en tocar los impuestos medioambientales y sobre el consumo.

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