Bruselas pide al Gobierno que busque apoyos para aprobar una reforma fiscal

La Comisión Europea reclama a España que apruebe medidas para cumplir con la reforma fiscal comprometida con la UE. A mediados de marzo, el Ejecutivo europeo organizó un acto en Madrid para vender las bondades de los fondos Next Generation, un mecanismo que brindará a España más de 160.000 millones entre subvenciones y créditos a cambio del cumplimiento de reformas e inversiones. Allí se dieron cita varias autoridades europeas que hicieron alusiones a la reforma fiscal. La directora de los planes de recuperación de la Comisión Europea, Céline Gauer, tras valorar como excelente la marcha del plan español, recordó que faltaba la reforma tributaria. Y el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovksis, señaló que era necesario reformar la fiscalidad para rebajar el endeudamiento público. En su nota de prensa, decía que España “debe recabar apoyo en ámbitos de reforma como la fiscalidad”. Es decir, con lo que se ha hecho no basta y la Comisión quiere que se apruebe algo más con un cierto peso.

El informe sobre vulnerabilidades macroeconómicas que publicó la semana pasada la Comisión ya recomienda a España quitar tipos reducidos del IVA, subir impuestos verdes y retirar beneficios fiscales. Esta reforma cobra particular importancia ahora que vuelven las reglas que imponen la disciplina fiscal y que obligarán a poner en marcha una senda gradual de ajuste de las cuentas públicas al tiempo que se tendrá que hacer frente al mayor gasto en pensiones, la reforma de la financiación autonómica y las inversiones en defensa, transición ecológica y tecnología.

El compromiso era que España tenía que aprobar una reforma fiscal para aumentar los ingresos y acercarlos a la media europea en porcentaje del PIB, basándose en el informe de recomendaciones de los expertos. Este básicamente pedía subir impuestos verdes por valor de hasta 15.000 millones y elevar los tipos reducidos del IVA. Según los expertos, el informe consistía en un menú del cual el Gobierno podía escoger. Pero estas recomendaciones se publicaron en marzo de 2022, justo cuando estalló la guerra de Ucrania y se dispararon los precios energéticos. En ese contexto, con una inflación rampante, habría sido muy contraproducente aprobar subidas de impuestos. Así que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, respondió entonces que no era el momento y que no habría una reforma fiscal “completa”.

La argumentación era que para cumplir con esta exigencia bastaría con algunos “ajustes”: el tipo mínimo del 15% en sociedades y los impuestos extraordinarios a eléctricas, banca y grandes fortunas. Además, el Ejecutivo alegaba que la recaudación estaba yendo muy bien, en parte gracias al afloramiento de la economía sumergida. Esta regularización se vio favorecida por las ayudas de la pandemia como los ERTE o las prestaciones para autónomos. Gracias a este afloramiento, el Gobierno calculó que el déficit estructural podría haber bajado hasta en 9.000 millones.

También ha brindado mayores recursos el hecho de no haber actualizado la tarifa del IRPF en medio de la espiral inflacionaria. Si bien temporalmente una parte importante de estos ingresos extra se han compensado con las bajadas de impuestos que el Ejecutivo de Sánchez aprobó por la crisis de precios y que ha empezado a desactivar como pedía Europa. Ya se han aplicado el impuesto al plástico, los límites a las desgravaciones en sociedades, y las subidas de tipos en el ahorro y a rentas altas. Además, los gravámenes sobre entidades financieras y energéticas se revisarán para hacerlos permanentes y el pago de peajes en las carreteras se incluirá en 2027 para el transporte pesado. La postura de Hacienda es que ya se ha hecho mucho. Sin embargo, de las palabras de Dombrovskis se desprende claramente que la Comisión quiere que el Gobierno busque apoyos para aprobar algo más. Será complicado en el actual entorno parlamentario, muy fragmentado y reacio a medidas impopulares.

El Gobierno espera hacer algo de pedagogía en Bruselas para explicar que poco a poco se están tomando medidas y que España se está aproximando a la media europea en ingresos sobre PIB. Según la Comisión, desde 2019 se han corregido más de 2 de los 5 puntos de PIB que había de brecha con Europa. Pero, en todo caso, se abre un proceso de negociación que debería empezar una vez se concluya el examen del cuarto pago. En principio, dentro de un par de meses tras el aplazamiento concedido.

La reforma fiscal forma parte de los objetivos que hay que tener listos para el quinto pago de fondos europeos, dotado con casi 7.000 millones, y que tenían que haber sido completados hace un año: para el primer trimestre de 2023. Ahora mismo se está examinando el cuarto desembolso, por valor de 10.000 millones, que acumula ya un retraso de más de un año al estar valorando hitos que debían haberse cumplido a finales de 2022. Los retrasos en el cumplimiento de objetivos y la sucesión de elecciones que hubo el año pasado han demorado mucho un proceso en el que se suponía que habría peticiones de fondos cada seis meses. La evaluación del quinto pago probablemente ocurra en otoño. Y coincidiría, por tanto, con el momento en el que hay que enviar a Bruselas el plan de consolidación fiscal a largo plazo.

El examinador será ya muy probablemente la nueva Comisión que se forme en otoño, en la que se corre el riesgo de que haya más halcones tras las elecciones europeas. Si bien es probable que la influencia de personajes como Le Pen o Meloni no empuje a favor de ajustes fiscales. Después de todo, la situación fiscal de Francia e Italia es peor que la de España y eso podría favorecer al Gobierno de Sánchez en las negociaciones que se abran para la reforma fiscal y el plan de consolidación.

Los nuevos planes fiscales se formularán a cuatro años y tienen que asegurar con una probabilidad elevada que el endeudamiento público toma una senda descendente durante al menos una década después de que se haya completado el plan. No obstante, este programa de consolidación fiscal se puede extender a siete años si se presentan reformas e inversiones que contribuyan a la sostenibilidad de las cuentas públicas. La Comisión ya ha avanzado que los planes de recuperación que se están implementando a cambio de fondos europeos podrán usarse para lograr ese alargamiento del plazo hasta los siete años. De esta forma, según cálculos de la Autoridad Fiscal usando las nuevas reglas fiscales, el ajuste de España sería del 0,36% del PIB al año, unos 5.400 millones, al hacerlo a siete años. Se trata de un ajuste mucho menor que el que habría que abordar repartido en cuatro años: un 0,64% del PIB, unos 9.600 millones de euros al año.

En definitiva, la reforma fiscal y el envío del plan de consolidación fiscal pueden coincidir en el tiempo y estarán con mucha probabilidad ligados. Fuentes conocedoras apuntan que Bruselas pretende que la reforma fiscal establezca un marco de ingresos para el plan de ajuste que hay que poner en marcha. Aunque en la actualidad no haya mucho apoyo político en Europa para acometer medidas exigentes, sí que se busca que España adopte algo significativo y que ayude a reconducir el agujero de las cuentas públicas.

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