Bruselas reclama a España que impulse la inversión empresarial en innovación

La economía española afronta importantes desequilibrios, pese a que en estos momentos crezca más que la mayoría de países de la UE. Entre ellos, destaca su baja productividad y una deuda pública que todavía rebasa con holgura una cantidad equivalente al 100% del PIB. Para afrontarlos, los economistas de la Comisión Europea plantean que el Gobierno busque la forma de impulsar la inversión privada en investigación y desarrollo, “que se mantiene como una de las más bajas de la Unión (0,8% del PIB, frente al 1,5% de la UE), según apuntan en un informe sobre la situación de la economía en España en 2023 divulgado este lunes. El documento también incide en uno de los mantras que se lanzan desde Bruselas a Madrid una y otra vez: la necesidad de hilvanar una “estrategia creíble” de consolidación fiscal.

España arrastra un problema de productividad desde hace tiempo. Impulsarla pasa, en opinión de los técnicos de la dirección general de Economía y Finanzas, por tocar varias teclas. Una de ellas es solucionar el desacople que hay en el mercado laboral entre las cualificaciones que demandan las empresas a los trabajadores y la formación de estos. “Hay lagunas en la cualificación de las competencias necesarias para contribuir a la transición ecológica y digital, como tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como en ingeniería y matemáticas. Estos retos son especialmente graves para las pequeñas y medianas empresas, lo que se traduce en una menor capacidad para atraer talento”, apunta el documento.

También en ese mismo apartado, que arranca diciendo que “aumentar la productividad y la competitividad sigue siendo fundamental para las pequeñas y medianas empresas”, se apunta a la necesidad de aumentar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) en el sector privado, un mal eterno del sector productivo español que ningún Gobierno consigue estimular. La foto de 2022, último año con datos disponibles en Eurostat, apunta a un gasto en este capítulo equivalente al 0,8% del PIB en España, lejos del 1,5% en la UE o en el conjunto de la zona euro y todavía más del 2,5% de Bélgica o Suecia.

La falta de esfuerzo privado en la conocida como I+D lleva a que España quede también por detrás de su entorno más próximo cuando se añade la inversión pública. Esas ocho décimas de distancia se mantienen (el equivalente a un 1,44% del PIB español frente al 2,27% de la zona euro) y décima arriba o abajo se mantiene así desde, al menos, 2011. Esa diferencia se convierte a un abismo cuando la comparación se hace con Israel, donde se invierte el 5,5% del PIB en I+D o Corea del Sur, cerca del 5%. “Sería muy beneficiosa para mejorar, el apoyo público a la I+D y [...] el fortalecimiento de los vínculos entre la ciencia y las empresas y la transferencia de conocimientos, así como para mejorar el entorno empresarial mediante la racionalización de la reglamentación dependiente del tamaño que obstaculiza el crecimiento de las empresas”, explica el informe.

Junto al impulso de la productividad y, por extensión, de la competitividad, la Comisión apunta, de nuevo, a otro gran talón de Aquiles español: la deuda pública. Destacan los técnicos de la Unión que ha habido grandes avances en los últimos años, como también destacan la mejora que ha supuesto la reforma laboral de 2021. Repasan como el año pasado bajó del 116% al 107,5%, según sus cálculos, y espera que este año baje solo un punto más. Ese frenazo se debería al enfriamiento de la economía, porque como se encargan de recordar en la capital comunitaria, la reducción del ratio de deuda sobre PIB ha llegado exclusivamente por el crecimiento económico y no por la reducción del volumen total. Otra causa estaría en el incremento de los tipos de interés.

En este escenario, la Comisión toma los análisis de sostenibilidad de la deuda española hechos en Bruselas que señalan que en el corto plazo el riesgo es muy bajo, pero que en el medio plazo los problemas podrían multiplicarse hasta llegar a un nivel de riesgo alto. De ahí que exija, como ya hiciera el pasado otoño cuando examinó las líneas básicas de las cuentas españolas para 2024 (en realidad, los de 2023 prorrogados), un plan de ajuste porque España tiene una situación fiscal “muy difícil”. Y esa situación puede complicarse, apuntan los economistas comunitarios, por el envejecimiento demográfico.

La importancia del dibujo que plantea Bruselas llega porque previsiblemente durante los próximos meses los países con una deuda superior al 60% del PIB deben negociar con la Comisión sus planes de ajuste fiscal de cuatro años de duración con la posibilidad de ampliarse hasta siete. Esas sendas son la base central de las nuevas reglas fiscales que, siempre que el Parlamento Europeo ratifique el texto final en abril, empezarán aplicarse ya en el futuro inmediato. En ellas, juntos a esos planes, hay otro asunto clave: una regla de gasto por la que el gasto recurrente (descontados el pago de intereses y buena parte de la factura de desempleo) no podrá superar a los ingresos. Si a esto se suma que España ha comprometido en su plan de recuperación una reforma tributaria que debe desplegarse en los siguientes tramos, es lógico pensar que en esa estrategia fiscal “creíble” deba incluirse un aumento de la recaudación fiscal.

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