Bruselas advierte de que la situación fiscal de España es “muy difícil” y reclama una estrategia creíble a medio plazo

Bruselas avala el plan presupuestario del Ejecutivo español. Pero es un aprobado que podría calificarse de momentáneo porque va acompañado de una advertencia muy clara: la situación fiscal española es “desafiante” o “muy difícil”, subrayan fuentes comunitarias. Las mismas que reclaman al nuevo Gobierno un plan riguroso para reducir el déficit y la deuda pública. “Claramente, habrá necesidad de establecer una estrategia fiscal creíble a medio plazo”. Además, el examen de Bruselas tiene un alto componente de provisionalidad, porque el proyecto de Presupuestos Generales del Estado todavía no ha sido aprobado y las líneas básicas de las cuentas enviadas a la capital comunitaria en octubre pueden cambiar mucho cuando lleguen en su forma definitiva. Por eso, los técnicos de la Comisión Europea reclaman que cuanto antes “el nuevo Gobierno mande un borrador de presupuestos actualizado”.

Con un déficit público que Bruselas sitúa a cierre de 2024 dos décimas por encima del 3% que prevé el Ejecutivo español, y una deuda pública holgadamente por encima del 100%, la Comisión ve la situación fiscal española como “difícil” o “compleja”, apuntan fuentes comunitarias que miran con lupa estas cuentas. Admiten que los documentos que les envió Madrid en octubre se ajustan a las líneas que le marcaron en primavera: el aumento del gasto público se ceñiría a lo marcado y la inversión pública “respeta las recomendaciones”, según se lee en la opinión razonada del Ejecutivo comunitario.

La situación de las cuentas españolas no es la más “difícil” de la Unión Europea. Italia, Francia o Bélgica están en una situación más apurada. Ninguno de estos tres países ha recibido el aval completo a sus planes presupuestarios, sobre todo los dos últimos: las previsiones comunitarias de déficit superan con mucho el 4% del PIB y la deuda también está con claridad por encima del 100%. Italia, en concreto, llegará al final del año que viene al 140,6%. Otros Estados miembro, en cambio, tienen una situación mejor. Sería el caso de Portugal, que pese a no recibir un aval pleno de Bruselas para las cuentas de 2024 logrará superávit en 2023 y 2024 y rebajará su pasivo a cerca del 100%.

Del documento sobre España aprobado este martes por el Colegio de Comisarios puede deducirse que el Ejecutivo español no tiene mucho margen para disparar el gasto en los Presupuestos que tiene que empezar ya a elaborar. Señala ese texto que la reducción del déficit prevista para el año que viene “se debe principalmente al final de las medidas de apoyo a la crisis energética, como la reducción del IVA al gas y la electricidad, las ayudas directas para el transporte y el sector primario y los subsidios a hogares para pagar la factura del gas”. En su discurso de investidura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se comprometió a mantener estas medidas plenamente. Por ejemplo, habló de mantener la reducción del IVA en los alimentos, pero no de las rebajas energéticas.

Que España vaya a cerrar 2023 con un déficit por encima del 3% da paso a que Bruselas abra un expediente para que en Madrid se ajuste el cinturón. Ya en las recomendaciones del pasado mayo se anunció la apertura del procedimiento de déficit excesivo, nombre oficial de este mecanismo. Se pronosticaban entonces unos números rojos para este año del 3,9%, cifra igual a la prevista ahora. Si el Ejecutivo quiere sacar al país de esa situación en 2025, tendrá que presentar con el proyecto definitivo de Presupuestos de 2024 un plan de ajustes incluso más ambicioso que el remitido a Bruselas en octubre. Los economistas de la Comisión son más pesimistas que los del Gobierno, y calculan que el déficit del próximo ejercicio será del 3,2%, mientras que en Madrid piensan que será del 3%.

Cualquiera de las dos cifras está por encima de las previsiones comunitarias para el conjunto de la zona euro, que se quedarán en el 2,8%. El dato de déficit agregado es considerablemente mejor que el de deuda, que será del 89,7%. Reducir esta última cifra se ha convertido en el objetivo prioritario de las instituciones europeas y se plantean hacerlo en un contexto muy difícil, cuando sus economistas aventuran una etapa de bajo crecimiento al menos hasta 2025. Sobre esta meta se ha puesto el foco en la reforma de las reglas fiscales que avanza a duras penas durante estos meses por las diferencias de criterio entre Francia y Alemania. Y también por ella, Bruselas pidió en primavera unos Presupuestos “restrictivos” en 2024, algo que se conseguiría con la retirada de las costosas ayudas que se aprobaron para amortiguar el golpe de la crisis energética en toda Europa.

Y a tenor del resultado de la evaluación de otoño, le han hecho caso en parte. “En 2024, se prevé que la política fiscal sea restrictiva en la mayoría de los Estados miembros”, destaca uno de los documentos generales que han visto la luz este jueves. No obstante, lamenta que todavía sería “más restrictiva si hubieran previsto utilizar todo el ahorro de las medidas energéticas para reducir los déficits como se recomendó”.

Lo que pasa es que en pos de ese objetivo de reducir la deuda se persigue la cuadratura del círculo, pues al mismo tiempo se reclama que “las restricciones fiscales no se hagan a cosa de la inversión”. “Se espera que la inversión aumente ligeramente en 2024, garantizando un apoyo continuado al crecimiento sostenible e integrador y contribuyendo a las transiciones ecológica y digital”, analiza la Comisión, después de examinar los presupuestos de los Estados miembro. “Se prevé que la inversión financiada por los presupuestos nacionales se mantenga (o tenga una contribución expansiva) en todos los Estados miembros, en consonancia con las recomendaciones”, señalan, antes de destacar el papel que tendrá en esto el Fondo de Recuperación.

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