El Gobierno mejora la previsión de crecimiento para este año hasta el 2,4%, pero rebaja al 2% la del próximo

El Gobierno en funciones se alinea con las estimaciones de los principales organismos internacionales y casas de análisis: proyecta que este año la economía irá un poco mejor de lo previsto hace unos meses, pero calcula que se enfriará el año que viene. Así lo recoge la actualización del cuadro macroeconómico contenido en el Plan Presupuestario que el Ejecutivo acaba de enviar a Bruselas, y que mejora la previsión de crecimiento del PIB para este año, del 2,1% al 2,4%, pero empeora los pronósticos para 2024, con un recorte de cuatro décimas, hasta el 2%. En cuanto a las grandes variables presupuestarias, el Ejecutivo calcula un déficit del 3,9% del PIB este año y de un 3% el próximo, los mismos guarismos presentados en primavera, pero los vincula a la retirada de las medidas anticrisis. La deuda, en cambio, bajará hasta el 106,3% en 2024, una mejora con respecto a los anteriores pronósticos. “La buena marcha de la economía permitirá anticipar el objetivo de deuda, situándola por debajo del 110% del PIB en 2023″, señala el documento.

El Plan Presupuestario, que todos los Estados miembros deben enviar a Bruselas antes del 15 de octubre de cada año, incluye las previsiones que los gobiernos trazan sobre la evolución de las principales magnitudes macroeconómicas y de sus finanzas públicas. El documento debería mandarse tras la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, para dotarle de una perspectiva de medio plazo. Esta vez el proceso será a la inversa. España no ha elaborado las cuentas porque aún no hay nuevo Gobierno, y no está permitido que las confeccione un Ejecutivo en funciones.

El documento remitido al Ejecutivo comunitario, de un centenar de páginas, prevé la creación de 700.000 empleos a tiempo completo y una reducción de la tasa de paro por debajo del 11% entre 2023 y 2024. El deflactor del consumo privado, una variable parecida a la inflación, también irá aflojando: del 4,4% calculado para este año bajará al 3,9% el que viene. La deuda pública, beneficiada por las revisiones al alza que el INE ha hecho del PIB, lograría ya el próximo año alcanzar —y mejorar— la meta que hace unos meses se marcaba para 2026.

Debilitamiento

La pérdida de pujanza de la economía de cara al próximo año ya ha sido retratada por varios organismos. El Banco de España avisó hace un mes del debilitamiento de la economía y redujo en cuatro décimas, hasta el 1,8%, la previsión de crecimiento para 2024. Hace tan solo unos días fue el turno del Fondo Monetario Internacional (FMI): recortó en tres décimas, hasta el 1,7%, la estimación de avance del PIB español para el ejercicio que viene, aunque mantuvo un vigoroso 2,5% para este año, un porcentaje que triplica la cifra de la eurozona.

El menor avance previsto para el área de la moneda común “explica la revisión a la baja en el crecimiento del PIB para 2024″, señala el Plan Presupuestario, que añade que el consumo y la inversión acelerarán su avance el próximo año gracias a los fondos europeos, la fortaleza del empleo y la solvencia patrimonial de hogares y empresas: “En 2024, el crecimiento del PIB pasará a descansar en la demanda nacional, así como una moderación de la demanda externa, debida al debilitamiento de nuestros socios comerciales”.

En otras palabras: la economía española crece, y crecerá por encima del bloque comunitario —también debido a que el rebote tras la covid ha sido más intenso porque el mazazo fue más duro—, pero el frenazo generalizado que vive la economía mundial empieza a hacer mella. Europa se enfría, el gigante chino desacelera, las tensiones geopolíticas y los cuellos de botella logísticos no se disipan, ni tampoco la inflación, y a la guerra en Ucrania se ha añadido recientemente otro foco de conflicto en Oriente Próximo con potencial de contagio hacia otros países. Todos estos elementos entorpecen el crecimiento y hacen que la actividad global sea más volátil.

Un avance más débil, además, hará que sea más arduo el camino para reequilibrar unas finanzas públicas que se han quedado muy maltrechas tras la crisis sanitaria y que se enfrentan a la vuelta de las reglas fiscales europeas. Estas estarán nuevamente en vigor el próximo ejercicio, tras quedar congeladas a raíz de la pandemia, y añadirán más leña al fuego.

Escenario inercial

Las previsiones de ingresos se han diseñado a políticas constantes, suponiendo que no habrá cambios en el ámbito tributario al estar el Gobierno en funciones y que el 31 de diciembre decaerán las medidas antiinflación. Con ese “escenario fiscal inercial”, España se compromete a rebajar ya el próximo año el déficit hasta el 3% del PIB, el máximo que permiten las reglas comunitarias. “En dicho enfoque inercial, en 2024 los ingresos tributarios se proyectan sin tener en cuenta las medidas de carácter temporal que afectan a los impuestos sobre la producción con fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2023″, señala el documento. Y añade: “Esta reducción del déficit vendría explicada por la retirada de medidas energéticas en un contexto de mayor estabilidad de precios”.

Con estos mimbres, en 2024 los ingresos del conjunto de las administraciones públicas alcanzarían los 648.660 millones de euros (un 42% del PIB), un resultado que supone una décima más que este año y que ayudaría a cerrar algo “el diferencial [en presión fiscal] con la media europea”. La recaudación tributaria se situaría en los 382.755 millones de euros, un récord y un incremento del 7,5% en comparación con este año. Los impuestos sobre la renta y el patrimonio experimentarán el mayor dinamismo, con un alza del 8,8%, impulsada por el aumento de las remuneraciones y de las pensiones, además de las medidas implementadas como la subida de tipos del IRPF a los tramos más altos. También el impuesto sobre sociedades evolucionará de manera positiva; el IVA se recuperará después de la ralentización prevista para este ejercicio, causada por las políticas adoptadas para frenar la escalada de precios y a la menor inflación.

En el Plan Presupuestario del año pasado, el Gobierno contempló por primera vez dos distintos escenarios presupuestarios. El primero coincidía con las cifras recogidas en el proyecto de Presupuestos —entonces sí se cumplió con el calendario—, mientras que la segunda opción —la que se concretó— planteaba elevar ingresos y gastos en unos 20.000 millones en 2022 y 2023 en función de la evolución de la guerra en Ucrania y su impacto sobre la economía. “En este Plan Presupuestario se ha trabajado en un escenario 2 que prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime más adecuadas con el fin de proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética”, recalcaba el documento.

Para los próximos ejercicios, el Gobierno en funciones señala dos grandes riesgos que podrían complicar sus previsiones de crecimiento. El primero está relacionado con la subida de los tipos de interés. “La política monetaria está empezando a tener un impacto de bajada de inflación, pero también de ralentización de la demanda a nivel europeo”, señala el documento. La segunda va vinculada a los precios de la energía en un entorno geopolítico complejo. “El reciente incremento en los precios del petróleo y del gas vuelve a evidenciar que los costes energéticos se mantienen en una situación de volatilidad que puede afectar a la actividad y retrasar la vuelta de la inflación al objetivo a medio plazo”. La pescadilla que se muerde la cola.

La Autoridad Fiscal (Airef) ha avalado este lunes el escenario macroeconómico para el próximo año, pero ha subrayado que “predominan riesgos a la baja”. Ha argumentado que el deterioro de la confianza de los consumidores y el endurecimiento de las condiciones financieras, en un escenario de desaceleración de la actividad, pueden limitar el tirón del consumo privado y de la inversión. A ello se añade el delicado contexto geopolítico, marcado por la debilidad de China y los conflictos. “La persistencia de la guerra de Ucrania y el estallido de la guerra en Israel pueden provocar un mayor incremento y una elevada volatilidad del precio de las materias primas energéticas en los próximos meses”, ha alertado el organismo.

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