El Gobierno traslada a Bruselas que prevé gastar 10.000 millones más en 2023 para combatir la inflación

El Gobierno contempla elevar el gasto público en unos 10.000 millones de euros el próximo año con respecto a la cifra fijada en el proyecto de Presupuestos para 2023, recién entregado al Congreso. Este importe serviría para financiar nuevas medidas contra la inflación y la prórroga de las ya vigentes. El incremento se cubriría con una mejora de los ingresos en igual medida, lograda gracias a la buena marcha de la recaudación y a las subidas fiscales anunciadas, como el nuevo impuesto a las grandes fortunas o los gravámenes a la banca y las energéticas, según detalla el plan presupuestario remitido a Bruselas, publicado este sábado. Además, Hacienda también traslada que proyecta elevar los gastos e ingresos en 10.000 millones más este año 2022. Por primera vez en un plan remitido al Ejecutivo comunitario, el Gobierno contempla dos posibles escenarios de recursos y desembolsos públicos, tanto para este año como para el que viene.

El Ejecutivo justifica la doble previsión en la “situación actual”, marcada por “un alto nivel de incertidumbre y de inflación derivados del conflicto bélico de Ucrania”. La primera hipótesis remitida a la Comisión Europea corresponde a la del proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, unas cuentas que en el documento se definen como ligeramente expansivas gracias a los fondos de recuperación. Este escenario base prevé un gasto público del 47,1% del PIB este año (unos 617.000 millones), que se situaría en el 46,2% (unos 640.000 millones) el que viene. Casi un tercio de ello, 190.000 millones, se destinará en 2023 a pagar las pensiones. Los ingresos pasarían del 42,1% del PIB de este ejercicio (551.620 millones) al 42,3% el siguiente.

En la segunda proyección, el Gobierno aspira a ingresar y gastar más de lo presupuestado tanto para este ejercicio como para el que viene. En concreto, unos 20.000 millones más en entradas en dos años y la misma cantidad en salidas. Los recursos de las Administraciones crecerían en unos 10.500 millones en 2022, hasta los 562.100 millones (el 42,9% del PIB), y los empleados aumentarían en la misma cantidad, situándose en los 628.000 millones. Este aumento irá a financiar el nuevo plan de 3.000 millones que acaba de anunciar el Ejecutivo, dirigido a sufragar el consumo de gas y electricidad de cara al invierno y a los consumidores más vulnerables, pero también otras medidas, como la subida adicional del 1,5% del sueldo de los funcionarios, que no está recogida en los Presupuestos.

Para 2023, la previsión alternativa dibuja un incremento de unos 9.500 millones tanto para los ingresos (hasta el 43% del PIB) como para los gastos (46,9%). “En este Plan Presupuestario se ha trabajado en un escenario 2 que prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime más adecuadas con el fin de proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética”, recalca el documento, que mantiene constantes el resto de variables como el crecimiento del PIB, el déficit o la deuda.

Los precios llevan más de un año atrapados en una espiral alcista, que se ha agravado y enquistado con la invasión rusa de Ucrania. El paquete para paliar el impacto económico de la guerra, que incluye medidas como la rebaja de la fiscalidad eléctrica, ha tenido hasta la fecha un coste de 30.000 millones, según Hacienda, y caduca a finales de año. El Gobierno ya ha anunciado que en noviembre revisará qué iniciativas prorrogar, pero el coste de estas medidas no está recogido en el proyecto de Presupuestos de 2023 —salvo la gratuidad de los trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia—, así como no lo está el nuevo plan de ayudas de 3.000 millones.

Parte de estas políticas se financiará con los nuevos impuestos temporales y cambios fiscales ya anunciados, que entrarán en vigor el próximo año. Entre ellos, un tributo a las grandes fortunas, la limitación para grandes grupos para compensar pérdidas —cuya previsión de recaudación no está incluida en el proyecto de Presupuestos—, o los nuevos gravámenes a banca y energéticas. Pero el grueso vendrá de la mejora de los ingresos.

El proyecto de Presupuestos que refleja el escenario 1, el más conservador, ya contemplaba una cifra récord de recaudación tributaria para 2023, que está creciendo a ritmos de doble dígito gracias a la inflación, la mejora en el empleo y la subida de los salarios, además del afloramiento de la economía sumergida. El mismo Gobierno confirmó que las cifras se habían diseñado con prudencia. Ahora reconoce a Bruselas que se ha dejado un cierto margen fiscal para el año que viene para lanzar nuevas ayudas contra la inflación ante una coyuntura que se va deteriorando.

Ralentización

El Gobierno ya ha rebajado su previsión de crecimiento para el año que viene, del 2,7% al 2,1%. Pese al recorte, está en el rango optimista comparado con las estimaciones de los principales organismos y casas de análisis. El Banco de España ha reducido, en un punto y medio, su pronóstico para 2023, hasta el 1,4%. Considera que habrá un deterioro de la economía en la recta final de este año que embarrará el arranque del próximo. La OCDE también ha empeorado sus previsiones, y calcula que el PIB crecerá tan solo un 1,5%. El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, vaticina un avance del 1,2% (antes un 2%), y no espera que la actividad alcance los niveles precovid hasta 2024. España será la única gran economía, junto con México, que tarde tanto en recuperarse.

Detrás de estas revisiones hay toda una serie de amenazas para la economía que ya se han materializado, como el corte del suministro ruso del gas a Europa, o que podrían hacerlo, por ejemplo futuros racionamientos, que dispararían aún más una inflación que se espera continúe en niveles elevados también el año próximo. El endurecimiento de las condiciones de financiación también supone un factor que presiona a la baja, así como la ralentización de la economía europea, al poder traducirse en una reducción en las tasas de crecimiento del consumo y del empleo.

Pese a este frenazo, el Gobierno considera que seguirá corrigiendo el desfase entre ingresos y gastos públicos. Prevé que el déficit baje hasta el 5% del PIB este año, frente al 6,8% de 2021. El próximo ejercicio pronostica que alcance el 3,9%, y se reduzca al 3,3% en 2024. La deuda también irá disminuyendo tras batir récords a causa de la pandemia, aunque seguirá en niveles muy abultados. El Ejecutivo ha dibujado una senda en la que el pasivo se situará por debajo del 110% del PIB solo a partir de 2025.