Las incertidumbres de los Presupuestos ante la desaceleración

En condiciones normales, la recaudación crece al ritmo del PIB sumándole la inflación. El Ejecutivo calcula que esta cifra para el año que viene es del 6%. Y plantea una subida de los ingresos totales en torno a ese porcentaje. Si además se tiene en cuenta que hay subidas de cotizaciones y de impuestos, la estimación parece razonable. El problema reside en que estas cuentas se elaboran en un contexto de incertidumbre y ralentización económica, con el riesgo claro de una recesión en Europa, al tiempo que la inflación y las subidas de tipos restan poder de compra y, por tanto, pueden restringir la actividad.

Mientras que el Ejecutivo pronostica un avance del PIB del 2,1% para el año que viene, el Banco de la España y la Autoridad Fiscal vaticinan un 1,4% y un 1,5%, respectivamente. El BBVA ya prevé que la economía española entre en una recesión técnica entre el cuarto trimestre de este año y el primero del que viene, con un crecimiento en el conjunto de 2023 del 1%, la mitad de lo que estima el Gobierno.

Frente a esta ralentización, el Ejecutivo esgrime sobre todo tres bazas. Una son los fondos europeos. Su licitación empieza a coger ritmo. Pero, ¿podrá su ejecución concentrarse en 2023 y dar un empujón a la actividad? De esto dependerá en gran medida la resistencia de la economía española. El Gobierno tendrá que luchar contra su historial de ejecución. Juegan en contra los tiempos que necesita una inversión para desarrollarse y el artículo 22 del reglamento comunitario de los fondos, que impone unos controles férreos que frenan aún más los procesos.

La segunda es la resistencia mostrada hasta ahora en el mercado laboral, en parte apoyada en la recuperación que ha vivido el turismo y la hostelería una vez desaparecidas las restricciones de la pandemia. En sus últimas proyecciones, el Banco de España apuesta por que los ajustes se harán más en horas trabajadas y menos en puestos de trabajo. No obstante, el Gobierno ya vislumbra en sus previsiones una sustancial y lógica ralentización del empleo, desde los 500.000 creados este año equivalentes a tiempo completo hasta los 110.000 que prevé para 2023.

Otra baza importante es el magnífico comportamiento de la recaudación. Este se explica en gran medida por la fuerte inflación, el afloramiento de la economía sumergida tras la pandemia, el robusto aumento del empleo y un suave despegue de los salarios. Con los números de la primera mitad de año ya hay más de 10.000 millones de margen sobre lo presupuestado a pesar de la rebaja de impuestos en la factura de la luz. Y esta cantidad podría ser bastante superior al cierre del año.

Hasta el punto de que el Gobierno ha ido aumentando el gasto no financiero consolidado un año tras otro desde la pandemia. Sin contar los fondos de la UE: en unos 95.000 millones entre 2020 y 2021. En otros 11.000 millones en 2022. Y en 25.000 millones en los Presupuestos de 2023. Es decir, se ha estado consolidando parte del gasto que se generó por la covid. Podría parecer una locura. Sin embargo, los ingresos obtenidos, partiendo de una base menor por la fuerte caída que experimentaron en 2020 con la pandemia, han crecido a ritmos incluso superiores, permitiendo que el desfase de las cuentas públicas vaya poco a poco bajando. En estos momentos la recaudación está yendo muy por encima de lo que crece la producción medida por el INE.

Sin embargo, también sucedió una cosa parecida entre 2003 y 2008. Años después es evidente que entonces se conseguían muchos ingresos por la exuberancia de la construcción. Cada vez que un español compraba una casa hacía el mayor desembolso en impuestos de su vida. Solo por el de transmisiones patrimoniales la recaudación pasó de 5.000 millones a 25.000. Y todos esos ingresos extraordinarios se fueron consolidando como gastos. Apenas quedó un leve superávit presupuestario que enseguida desapareció con la interrupción del mercado inmobiliario.

Cabe preguntarse si en esta ocasión podría trazarse un paralelismo basándose en la inflación y en que se desconoce por qué crecen tanto los ingresos. Una parte puede achacarse a los precios: mientras que la producción crece a un ritmo, la recaudación del Estado es mayor porque captura una porción del fuerte incremento de precios venido del exterior a través del IVA.

Pero hay otra parte de la que se desconoce cuál es el origen y en qué medida es estructural. La pregunta que se hacen muchos economistas es cuánta recaudación aguantará en un contexto de menor crecimiento y en el que una inflación prolongada termine ahogando la actividad.

Por eso, aunque las reglas fiscales europeas están suspendidas, la Comisión ha establecido para 2023 una recomendación de limitar el gasto en los países muy endeudados como España. Pide que el gasto corriente quitando inversión, intereses y ayudas por la crisis energética solo crezca igual que el PIB potencial. Y lo sitúa para España incluyendo la inflación en el 3,3%. De haber hecho eso durante la burbuja inmobiliaria, el Estado habría tenido un superávit del 8% del PIB, según un estudio del Banco de España.

El Gobierno dice que cumplirá con esta recomendación europea. Sin embargo, se antoja difícil que sea posible en la medida en que las pensiones, que suponen un tercio del gasto de las administraciones, crecen más de un 10%. La nómina de funcionarios representa otro tercio y avanzará al menos un 3%, incluyendo la subida salarial y el aumento de plantillas. El otro tercio, sin contar intereses e inversión, debería hundirse más del 2% para acercarse a ese 3,3% de crecimiento que permite la recomendación europea. El Gobierno juega con que la Comisión está ahora más preocupada con la crisis energética y la guerra de Ucrania.

En todo caso, los economistas recuerdan que hablar de margen es un concepto relativo cuando la deuda pública está aumentando este año en más de 60.000 millones por el desfase presupuestario, el endeudamiento ronda el 115% del PIB y se aproxima una subida de los costes de financiación, ya sea ordenada o desordenada.