Uno de cada dos euros de los Presupuestos se destinará a pensiones, funcionarios e intereses de la deuda

El margen del Estado para gastar se verá comprimido en 2023 por el dinero dedicado a tres áreas: pensiones, funcionarios y deuda pública. Juntas suman el 49,89% del desembolso previsto en los Presupuestos, fondos europeos incluidos. Concretamente, el pago de las pensiones supondrá 190.687 millones de euros (39,2% del total), la deuda pública 31.275 millones (6,4%) y los gastos de personal 20.502 millones (4,2%). Es decir, acapararán 242.464 millones de los 485.986 millones aprobados este martes por el Ejecutivo.

Sobre todas ellas destaca la partida de pensiones, la más amplia con diferencia. El escenario económico ha influido con fuerza en el reparto, aunque en pleno debate sobre equidad intergeneracional, la última palabra sobre hasta qué punto proteger a uno u otro colectivo la ha tenido el Gobierno. En un contexto de elevada inflación —el índice de precios al consumo (IPC) cerró septiembre en el 9%—, el Ejecutivo ha elegido revalorizar las pensiones al mismo ritmo al que suben los precios para que este segmento de la población no pierda poder adquisitivo.

Para 2023 calcula un 8,5% de aumentos en lo que perciben, aunque esa cantidad es todavía una estimación, puesto que la ley contempla que la revalorización se lleve a cabo de acuerdo con la inflación media que se registre entre los meses de diciembre de 2021 y noviembre de 2022. Será cuando el INE desvele el dato definitivo ese último mes, por lo tanto, cuando se cierre el incremento exacto. Por ahora, en los 10 meses de cómputo ya conocidos, la media es del 8,75%. Esa inyección extra, unida al crecimiento del número de beneficiarios, hará repuntar el gasto en pensiones un 11,4%, lo que se traducirá en una salida de 19.547 millones más de las arcas públicas, según los datos presentados por La Moncloa.

“La dignidad de un país se tiene que medir en cómo tratamos a nuestros mayores”, defendió este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa de presentación de las cuentas. Montero anunció también que el Gobierno transferirá, por primera vez en 13 años, una dotación al Fondo de Reserva de las pensiones, por un importe de 2.957 millones de euros procedentes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el instrumento para garantizar la sostenibilidad de las pensiones que implica una subida de cotizaciones de 0,6 puntos porcentuales entre 2023 y 2032. En la lista de actuaciones de protección y promoción social, como denomina el Gobierno al epígrafe en el que se incluye a las pensiones, solo cae el gasto en desempleo, un 5,3%, por la mejora de la evolución del mercado laboral, con el paro cayendo del 12% en 2023 según los números de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

Más gasto en personal

La misma lógica de protección de las rentas frente al mayor coste de la vida ha guiado el acuerdo de incremento salarial para los funcionarios alcanzado esta semana, aunque en este caso sin ligar el ascenso de las nóminas a la inflación. El Gobierno pactó con UGT y CC OO —y con el rechazo de CSIF, el otro sindicato mayoritario— subir el salario de los trabajadores públicos un 9,5% en tres años. Como resultado, los Presupuestos recogen que los gastos de personal aumentarán en 1.273 millones, al pasar de 19.229 millones a 20.502 millones, un 6,6% más.

La inflación también ha tenido su incidencia en la tercera de estas partidas, los intereses de la deuda pública. La escalada de los precios, que en España suma un año y medio por encima del 2% objetivo del Banco Central Europeo, y azota a las principales potencias continentales, con Alemania, la mayor economía del euro, sufriendo un alza de precios en dobles dígitos, y Holanda por encima del 17%, ha acabado empujando a la institución presidida por Christine Lagarde a mover ficha y subir los tipos de interés. Ese paso ha encarecido ya las subastas de deuda pública por parte del Tesoro, como sucedió en las de septiembre, y previsiblemente seguirá haciéndolo en los próximos meses. Eso no se trasladará en la misma proporción al pago de intereses, porque buena parte del pasivo se colocó en el pasado en porcentajes más bajos, pero el Gobierno ya ha optado por dedicar más recursos al servicio de la deuda en 2023: pasará de 30.175 millones a 31.275 millones, un 3,6% más.