PSOE y Unidas Podemos alcanzan un acuerdo sobre los Presupuestos de 2023 tras pactar nuevas medidas sociales

El Gobierno ha cerrado en la madrugada de este martes el acuerdo para aprobar en las próximas horas en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de Presupuestos para 2023. Las principales novedades incluyen una ampliación de los supuestos para beneficiarse de la ayuda de 100 euros por hijo para madres con hijos de cero a tres años —hasta ahora esa ayuda solo era para madres trabajadoras— y una mejora sustancial en las prestaciones por desempleo, que detallarán este martes los socios del Ejecutivo. Es el tercer presupuesto que logra acordar el Gobierno de coalición, algo que se veía como muy improbable hace solo unos meses. Los dos anteriores fueron aprobados en el Congreso con 190 y 188 votos a favor gracias al apoyo de los aliados parlamentarios que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, lo que muestra una estabilidad del Ejecutivo de coalición muy superior a la esperada.

Sánchez comparecerá a petición propia en el Congreso el 13 de octubre y el 18 lo hará en el Senado, de modo que podrá tener un debate económico sobre las Cuentas y las últimas medidas fiscales con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que es senador, informa Javier Casqueiro. Tanto el PSOE como el PP han decidido dar la batalla ideológica en la fiscalidad, y Sánchez, después de este acuerdo, parece especialmente interesado en enfrentarse de nuevo al líder de la oposición, al que ya ofreció un debate sobre energía en septiembre.

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos alcanzado en las últimas horas incorporará, según La Moncloa, el mayor gasto social de la historia para reforzar el Estado de bienestar, garantizará el poder adquisitivo de los pensionistas y mejorará las condiciones de los trabajadores públicos, y reforzará las partidas de sanidad, especialmente en atención primaria, educación, dependencia y becas. “Por tercera vez consecutiva, aprobamos unos Presupuestos Generales del Estado para proteger a la clase media y trabajadora, avanzar en justicia social y garantizar la prosperidad económica de España”, ha escrito esta mañana el presidente del Gobierno en redes sociales.

El pacto se ha formalizado, antes del Consejo de Ministros, en una reunión entre Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Los dos integrantes de la coalición de gobierno confían en aprobar las nuevas cuentas con los respaldos habituales —PNV, ERC, Más País, Compromís, EH Bildu—. El anteproyecto tiene un claro contenido social y un tinte progresista que servirá como prueba de estabilidad y una especie de presentación para el año electoral de 2023, cuando entren en vigor.

Tras el cierre del paquete fiscal, que se presentó el jueves —y en el que se incluía una subida de impuestos a las rentas altas, un nuevo impuesto a las grandes fortunas, una reducción de las bonificaciones en el impuesto de sociedades y una bajada en el IRPF a las rentas por debajo de 21.000 euros anuales—, la negociación entre los dos socios del Gobierno se aceleró, si bien en los últimos días afloraron escollos relativos al gasto social. Unidas Podemos quería ir un poco más lejos en asuntos especialmente sensibles para los ministerios que controla, como la ampliación de la prestación por desempleo, que la última reforma de Rajoy limitó hasta dejar fuera a muchos trabajadores, y la ayuda de 100 euros mensuales por hijo de cero a tres años, que ahora está limitada a madres trabajadoras y el grupo de Yolanda Díaz quería hacer universal. Finalmente, los socios han acordado que esta renta se extienda a aquellas personas que estén o hayan estado en la Seguridad Social o mutualidad durante 30 días o hayan recibido una prestación (contributiva o asistencial) del sistema de protección del desempleo.

El acuerdo contempla también el compromiso de tramitar urgentemente la ley de familias y que esta se apruebe en el Consejo de Ministros antes de final de octubre. La norma es uno de los hitos comprometidos con la UE en los fondos Next Generation y está incluida en el acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE. Entre otros avances, el texto considerará a las familias monoparentales con dos hijos como familias numerosas e incluirá nuevos permisos de conciliación. En primer lugar, uno de siete días al año (retribuido) para cada trabajador para el cuidado de familiares o convivientes. Según explican fuentes de Derechos Sociales, este servirá, por ejemplo, para que la persona pueda quedarse en casa para cuidar de un hijo, de una persona mayor o acompañar al médico a su pareja. En segundo lugar, un permiso de ocho semanas no retribuido para los trabajadores hasta que el niño cumpla ocho años.

Las cuentas introducen también una mejora de la prestación por desempleo, que volverá a ser del 60% (sobre la base reguladora del salario) a partir del séptimo mes. El Gobierno de Mariano Rajoy lo rebajó en 2012 al 50%. Esta medida beneficiará a unas 300.000 personas, según la vicepresidenta Díaz. Se incrementarán, asimismo, las pensiones (contributivas y no contributivas) y el Ingreso Mínimo Vital, y el IPREM, el indicador que sirve para calcular diferentes ayudas y prestaciones, se situará en 600 euros mensuales a partir del 1 de enero del próximo año. Las cuentas también refuerzan con 600 millones el plan de choque en dependencia y el sistema nacional de salud en tres áreas: atención primaria, salud mental (aumenta el 67% del presupuesto) y salud bucodental.

“Son unos Presupuestos Generales del Estado que les hablan a las personas trabajadoras, a quienes peor lo pasan. Con medidas audaces y garantías. Con responsabilidad”, ha afirmado este martes la vicepresidenta segunda. Ya anoche, en la Cadena SER, Díaz auguraba que se dejaría la piel para lograr el acuerdo, afeando que se apuren tanto las negociaciones entre los socios. Los socialistas, por el contrario, trasladaban que todo estaba ya prácticamente cerrado hace tiempo.

En un contexto de incertidumbre económica, marcado por la elevada inflación (9% en septiembre), la presentación de los Presupuestos, que ha llevado a cabo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va acompañada de otra del cuadro macroeconómico que hace la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. El Gobierno ha adelantado que elevará una décima su previsión de crecimiento para este año, al 4,4%, y bajará en seis décimas la de 2023, al 2,1%.

El gasto en Defensa

Durante algunas semanas, especialmente antes del verano, alrededor de la cumbre de la OTAN en Madrid, pareció que el asunto del aumento del gasto en Defensa que Pedro Sánchez ha comprometido con los miembros de la alianza atlántica, muy especialmente con Estados Unidos, podía hacer caer estos Presupuestos. De hecho, esta cuestión estuvo detrás del Consejo de Ministros más tenso que se recuerda en la coalición, a principios de julio. Sin embargo, después de varias conversaciones discretas entre los socios y alguna directa entre Sánchez y Díaz, esta cuestión ha quedado aparentemente resuelta con una fórmula que implica que los incrementos más significativos no irán a través de un aumento directo del presupuesto de Defensa, sino a través de créditos extraordinarios y del llamado Fondo de Contingencia, que está pensado para hacer frente a imprevistos.

Unidas Podemos también quería aprovechar la negociación presupuestaria para lograr más avances en la ley de vivienda, que está atascada en el Congreso, pero los socialistas han insistido en que esa norma ya estaba cerrada y presentada por el Ejecutivo —de hecho fue clave hace un año en la negociación de las cuentas anteriores—. “El PSOE ha mostrado una resistencia total a desbloquear la ley de vivienda”, ha denunciado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Apenas unas horas después de anunciarse el acuerdo, la también ministra de Derechos Sociales ha sido muy dura con el socio al afirmar que esta “resistencia” solo se explica porque los socialistas están “excesivamente alineados con los intereses de la patronal inmobiliaria”, y ha llamado a la ciudadanía a “empujar” y “movilizarse” para lograr sacar la norma adelante. La realidad es que el rechazo del PSOE a reabrir el debate es una de las principales renuncias de UP en la negociación. “Si [la ley de vivienda] no está, no es por nosotros, es por la otra parte”, ha culpado este martes el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, durante una entrevista en RNE. “Sería inadmisible desde el punto de vista social que se paralice esta ley durante más tiempo. Entiendo que al PSOE le cuesta tener mano dura frente a los especuladores del mercado inmobiliario. Ellos tienen unas ataduras que nosotros no. Pero la factura de la vivienda es la principal de cualquier familia trabajadora y está subiendo, especialmente en las zonas de mercado tensionado. Hay que intervenir ese mercado”, ha reivindicado. En una rueda de prensa posterior, el diputado ha insistido en que seguirán trabajando “de la mano de los socios de izquierda en el Congreso, pero también de la mano de la sociedad civil organizada” para conseguir desbloquear la ley.

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Los terceros Presupuestos de la coalición iniciarán así su trámite para lograr la aprobación definitiva antes de que acabe el año, mostrando una vez más que, pese a ser Pedro Sánchez el presidente con menos escaños propios de la democracia —los 120 del PSOE—, él y la coalición que ha formado con el grupo de Díaz tienen más estabilidad en el Parlamento que muchos gobiernos anteriores, especialmente desde que empezó a romperse en 2015 la política bipartidista que había dominado España tras la recuperación de la democracia.