El gasto social de los Presupuestos, último escollo entre los socios de Gobierno para cerrarlos

Hace un año, cuando se presentaron los segundos Presupuestos de la coalición, los que más costaron —tanto que se retrasó varias semanas su tramitación y hubo que recurrir a un proceso exprés— en el mundo político se instaló la idea de que serían los últimos. Ya había pasado con los primeros, en 2020. Acostumbrados como estaban a años de prórrogas en la época de Mariano Rajoy, los políticos españoles de los dos lados del Hemiciclo asumieron que a medida que se acercaran las elecciones, la coalición se distanciaría y sus socios de mayoría, especialmente ERC, el más inestable, se alejarían. Pero la coalición se dispone este martes a presentar tras el Consejo de Ministros los terceros Presupuestos de Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa, que confía en aprobar con los respaldos habituales —PNV, ERC, Más País, Compromís, EH Bildu— con un claro contenido social y un tinte progresista que servirá como prueba de estabilidad y una especie de presentación del proyecto en el año electoral de 2023, cuando entren en vigor.

La negociación entre el PSOE y Unidas Podemos lleva semanas en marcha, desde agosto, y se ha acelerado una vez cerrado el paquete fiscal que se presentó el jueves. Los últimos escollos se sitúan alrededor del gasto social, que Unidas Podemos quiere llevar un poco más lejos en asuntos especialmente sensibles para los ministerios que controla como la ampliación de la prestación por desempleo, que la última reforma de Rajoy limitó hasta dejar fuera a muchos trabajadores —además se está tramitando la ley que incorpora a las trabajadoras del hogar, un gran hito del Ejecutivo— y también de los 100 euros mensuales por hijo de cero a tres años, que ahora está limitada a madres trabajadoras y el grupo de Yolanda Díaz quiere hacer universal, también para los que no tengan empleo fijo (aunque posiblemente con algún límite máximo de renta para evitar que se beneficien también las clases más acomodadas).

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado, optimista, que espera llegar a un acuerdo “en las próximas horas”. “Hasta el final de un pacto, no se puede dar nada por seguro”, ha matizado también en declaraciones a Efe. “A estas horas no hay acuerdo. Quedará una noche larga e intensa y me dejaré la piel”, ha asegurado por su parte Díaz en una entrevista en Cadena SER a las diez y media de la noche de este lunes, en la que ha afeado que se lleve al límite el acuerdo y ha reconocido diferencias profundas entre los socios. En un contexto de incertidumbre económica, marcado por la elevada inflación (9% en septiembre), está previsto que la presentación de las cuentas coincida también con la comparecencia en la sala de prensa de La Moncloa de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. El Gobierno ha adelantado que elevará una décima su previsión de crecimiento para este año, al 4,4%, y bajará en seis décimas la de 2023, al 2,1%.

Durante algunas semanas, especialmente antes del verano, alrededor de la cumbre de la OTAN, pareció que el asunto del aumento de gastos en Defensa que Pedro Sánchez ha comprometido con los miembros de la alianza atlántica, muy especialmente con EE UU, podía hacer caer estos Presupuestos. De hecho, esta cuestión estuvo detrás del Consejo de Ministros más tenso que se recuerda en la coalición, a principios de julio. Sin embargo, después de varias conversaciones discretas entre los socios y alguna directa entre Sánchez y Díaz, esta cuestión ha quedado aparentemente resuelta con una fórmula que implica que los aumentos más significativos no irán a través de un aumento directo del Presupuesto de defensa, sino a través de créditos extraordinarios y del llamado Fondo de Contingencia, que está pensado para hacer frente a imprevistos. Se trata así de diluir el aumento para evitar el choque con Unidas Podemos a la vez que se cumple con los compromisos. “El PSOE y en este caso el presidente de Gobierno cumplimos los compromisos, siempre los vamos a cumplir”, señaló el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Sin embargo, la manera de plantear técnicamente ese aumento es clave para evitar el choque no solo con Unidas Podemos, sino con otros miembros de la mayoría. El grupo de Díaz quiere que quede claro que el posible aumento no compite de ninguna manera con la subida del gasto social para hacer frente al frenazo económico y a la crisis energética.

Unidas Podemos también quería aprovechar la negociación presupuestaria para lograr más avances en la ley de vivienda, que está atascada en el Congreso, pero los socialistas insisten en que esa norma ya estaba cerrada y presentada por el Ejecutivo —de hecho fue clave hace un año en la negociación de las Cuentas anteriores— y acusa a sus socios de querer reabrir la negociación con 60 enmiendas nuevas. Este asunto no parecía encima de la mesa en las últimas horas de la negociación de Presupuestos previa a que este martes por la mañana, como es habitual en los últimos años, la cierren Sánchez y Díaz poco antes del Consejo de Ministros con alguna fotografía que pueda marcar el momento del acuerdo. Tampoco la ley trans, que genera problemas entre los socios, con un sector del PSOE muy claramente opuesto, parece esta vez vinculada a los Presupuestos.

El corazón de la negociación en las últimas horas es, pues, puramente económico y social, con una discusión entre Unidas Podemos y Hacienda sobre las dimensiones de algunos avances en los que ambos coinciden, como la mejora de la prestación por desempleo, del Iprem (el salario de integración), de las ayudas por hijo o de otras propuestas contempladas en la ley de familias, del Ministerio de Derechos Sociales, en manos de Ione Belarra, como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, la creación de otro para cuidados o el que las familias monoparentales al menos con dos hijos tengan el mismo trato administrativo que las familias numerosas. Este lunes, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, reconoció que los socios han acercado posiciones para revertir los recortes el PP en las prestaciones por desempleo, pero evitó desvelar más detalles. Fernández sí apostó por vincular la ley de vivienda y los Presupuestos, aunque esto no parece encima de la mesa. “Creemos que es importante que el PSOE entienda que la ley de vivienda es estratégica, que hay que rebajar el precio de los alquileres, ampliar el parque público de vivienda y acabar con los desahucios sin alternativa habitacional”, reiteró el portavoz. En plena recta final de las negociaciones, Fernández cargó contra el PSOE por la enmienda a la ley de enjuiciamiento criminal para desalojar a los okupas en 48 horas. “Es un error estratégico que en esta materia el PSOE compre la agenda de la derecha y la extrema derecha”, señaló. En su opinión, los socialistas “tienen que entender que el acceso a la vivienda es un derecho esencial y para que se ponga en práctica es imprescindible aprobar la ley de vivienda”, reivindicó.

Sin embargo, pese a este beligerante tono público, todo indica que este martes habrá finalmente acuerdo y los terceros Presupuestos de la coalición iniciarán su trámite para lograr la aprobación definitiva antes de que acabe el año, mostrando una vez más que pese a ser el presidente con menos escaños propios de la democracia —los 120 del PSOE— Sánchez y la coalición que ha formado con el grupo de Díaz tiene más estabilidad en el Parlamento que muchos otros gobiernos.