La ejecución de los fondos europeos y la coyuntura condicionan los últimos Presupuestos del Gobierno

El Gobierno presentó este jueves en el Congreso el proyecto de Presupuestos de 2023, el último de la legislatura. Es su apuesta para el año que le queda antes de las elecciones generales y ante una inflación que está dando dentelladas al poder adquisitivo de los ciudadanos. Las prioridades son claras: el gasto social, que alcanza un máximo histórico, y la inversión, esta última apoyada en unos fondos europeos que hasta ahora no se han ejecutado como se había planeado. Conseguir que se desplieguen entre finales de este año y el siguiente es fundamental para que el enfriamiento que se avecina de la economía no sea tan acusado. También sería la forma de rebatir los pronósticos más severos que empiezan a publicar organismos y casas de análisis. Para ello, el Ejecutivo contará con 25.000 millones de fondos comunitarios contabilizados para este año y todo lo que no se haya ejecutado de los dos ejercicios precedentes. El próximo curso debería ser el momento en el que el trienio presupuestado de inversiones europeas, a razón de 25.000 millones al año entre 2021 y 2023, tenga por fin su impacto y apoye con fuerza el crecimiento. Además, la inversión nacional crecerá en 2.000 millones en 2023.

El otro eje de actuación será el gasto social y, sobre todo, las pensiones. Estas absorberán dos tercios del aumento de los desembolsos. Con la revalorización del 8,5% por la inflación, el aumento del número pensionistas y la entrada de prestaciones más altas, la partida subirá un 11%: un alza de 19.000 millones hasta un total de 190.000, más de un tercio de todo el gasto público. En cambio, según las cifras que ha facilitado el Ejecutivo, el gasto en jóvenes solo se elevará en 1.600 millones hasta los 12.741 millones.

Preguntada por esta brecha, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló este jueves que no era una buena política intentar enfrentar a las generaciones. Recordó que la creación de empleo y la reforma laboral están brindando unos ingresos más estables para la Seguridad Social. Y emplazó al PP a explicar si iba o no a cumplir con la ley para garantizar el poder adquisitivo de los jubilados. “Todo esto se hace además bajando el déficit público y ralentizando el aumento de la deuda”, argumentó.

El resto del aumento del gasto se reparte en partidas como vivienda, becas, plazas universitarias para futuros médicos, cultura, igualdad o servicios sociales, como dependencia o el ingreso mínimo vital. Algunas de ellas son concesiones a Unidas Podemos y crecerán mucho en porcentaje, aunque se trate de cantidades más pequeñas sobre el conjunto. Habrá 4.000 millones extra de fondos europeos destinados, en su mayoría, a reformar las residencias y los cuidados de mayores. Se mantendrá como una política estructural la gratuidad de los trenes de cercanías, media distancia y Rodalies, por su impacto medioambiental y el ahorro energético. Se ampliará la ayuda de 100 euros por hijo de cero a tres años a mujeres que no trabajan; a partir del séptimo mes ya no caerá del 60% al 50% la base reguladora con la que se calcula la prestación por desempleo; y el IPREM, que sirve para calcular los subsidios, alcanzará los 600 euros. Con todos estos aumentos, el gasto social repuntará un 10,5%, hasta rebasar los 266.000 millones de euros. “Este Presupuesto es un antídoto contra la incertidumbre y una vacuna para combatir los populismos”, zanjó Montero.

El sueldo de los funcionarios aumentará entre un 2,5% y un 3,5%, dependiendo de la inflación y el crecimiento. A siete meses de las elecciones autonómicas y municipales, el Ejecutivo regará comunidades y ayuntamientos con un 24% y un 5% más de recursos, respectivamente. También se elevará el gasto en defensa para cumplir con los compromisos internacionales en un momento de tensiones geopolíticas. En general, subirán casi todas las rúbricas, salvo el gasto en desempleo y los servicios de carácter general por los menores desembolsos para financiar el déficit de las comunidades.

¿Y cómo se pretenden financiar estos incrementos? El Gobierno prevé unos ingresos tributarios récord para 2023. La recaudación subirá en unos 18.000 millones hasta los 262.000 millones. Y las cotizaciones se elevarán un 9,7% hasta los 184.000 millones. El resto de recursos caerá un 4,6% hasta los 56.000 millones, a pesar de incluirse ahí los nuevos gravámenes a las energéticas y la banca. En total, los recursos engordan en unos 32.000 millones.

Fuera de los presupuestos estará el nuevo plan contra la inflación que el Gobierno evaluará y renovará a final de año. “Algunas medidas seguirán y otras no”, apuntó Montero. Para costearlo se contará con el nuevo impuesto a las grandes fortunas y el elevado margen que está dando la recaudación fiscal, propulsada por la inflación, el buen comportamiento del empleo y el suave despegue de los salarios. Hasta agosto los ingresos crecían al 18%: un incremento de 27.000 millones. La ministra resaltó que la mayor estabilidad del empleo y el afloramiento de la economía sumergida tienen un efecto positivo en la mejora de los ingresos. El Ejecutivo espera que los salarios crezcan el año que viene un 4,1% y los beneficios empresariales, un 4,5%.

Además, el próximo año Hacienda tendrá un colchón adicional con los ingresos brindados por las subidas de la tributación a las rentas del capital y los gravámenes a banca y energéticas. Si bien se contrarrestará en parte con las bajadas de impuestos recién anunciadas para trabajadores de bajos ingresos, autónomos y pymes. La recaudación por haber limitado las compensaciones de pérdidas de filiales se producirá sobre todo en 2024.

Pero todo dependerá de la evolución de la economía: que se mantenga el buen curso de los ingresos, que no se disparen los gastos y que, por lo tanto, cuadren las cuentas. En cualquier caso, la ministra Montero reconoció que con estos presupuestos no habrá una rebaja del déficit estructural, si bien luego matizó que dependería de cómo se contabilizaban algunos gastos de la covid. Y enfatizó que se cumplirá con la recomendación europea de contener el gasto corriente. Sin embargo, las subidas en las pensiones y en el empleo público de todas las Administraciones, que representan las dos principales partidas del gasto, parecen dejar poco margen para lograrlo. El Gobierno juega, no obstante, con la ventaja de que Bruselas ahora está más preocupada por la crisis energética y la guerra de Ucrania.